Colectivos vulnerables

"No podemos más": Los servicios sociales naufragan en plena crisis postpandémica

La pandemia triplicó la demanda de hogares necesitados, pero la plantilla sigue estancada y sin medios contra la pobreza

Los trabajadores sociales se reconocen "frustrados", "desbordados" e "incapaces" ante la falta de inversión pública

María Rosa Monreal, Sonia Baceiredo Baz, Encarna Roldán Combo trabajadoras servicios sociales

María Rosa Monreal, Sonia Baceiredo Baz, Encarna Roldán Combo trabajadoras servicios sociales

Elisenda Colell

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"Es como su tuvieras una herida muy profunda y solo una tirita para curarla... Parecemos un hospital de guerra". Así es como una trabajadora de los Servicios Sociales del Raval, en Barcelona, describe su trabajo. El centro fue ocupado hace una semanas por activistas que protestaban tras el enésimo desahucio en el barrio. En la capital catalana, y en toda Catalunya, los profesionales de la atención social más básica se confiesan "colapsados", "saturados", "angustiados" y "defraudados". Faltan manos, horas y medios para ayudar a los más vulnerables a salir del pozo de la miseria que, día a día, engulle a más familias. Las administraciones sabían que el sistema hacía aguas. Un año después de la que se avecina como la peor crisis social en años, los trabajadores denuncian que ya están en el naufragio. "Definitivamente el sistema ha reventado", asumen los colegios profesionales.

Antes de la pandemia del coronavirus casi un millón de personas (952.000) iban a los Servicios Sociales en Catalunya, 68.000 de media al mes. Pero en 2020 crecieron un 352% y solo en septiembre de 2020 se contabilizaron 239.501 usuarios. También se triplicaron el número de familias que necesitaron una ayuda de extrema urgencia. En enero de 2020 7.350 hogares lo demandaron frente a los 20.700 de julio. Y para hacer frente a toda esta desesperación tan solo hay 3.100 empleados públicos: 1.000 educadores sociales, 1.700 trabajadores sociales y 400 administrativos que se confiesan destrozados emocional y anímicamente. Además, Catalunya está por debajo de la media estatal en la inversión de los servicios sociales y cada año tiene menos empleados, según constata la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Los datos están encima de la mesa de la Conselleria de Drets Socials y constan en la Estrategia de Servicios Sociales del Govern para 2024. Un documento que, de hecho, implora una urgente revisión y más recursos para la única puerta del estado de bienestar que nunca cierra.

Empleados quemados

Hoy, lo que dice el papel sigue en el papel. La realidad en la trinchera es muy distinta. Tanto, que cada vez son más los profesionales que no pueden soportar la presión a la que están sometidos. "Llevo varios meses con antidepresivos y pastillas para dormir. Pensé en cogerme la baja en verano, no podía más... pero luego desistí. Mis compañeros aún estarían más sobrepasados y las familias necesitadas tardarían más en ser atendidas. Somos su última esperanza", se sincera Sonia Baceiredo, trabajadora social de Montgat y miembro de la comisión de Servicios Sociales del Col·legi de Treballadores Socials de Catalunya. Como ella, las asociaciones profesionales constatan que los empleados de este servicio están agotados. "La sensación es que no paramos nunca. Ni en el pico de la pandemia, ni después. Y lo más frustrante es no poder mejorar la vida de las personas que atendemos, nos quedamos en soluciones temporales y precarias", insisten desde la Asamblea de Trabajadores Sociales del Raval.

Diferencias entre ciudades

Las causas de este hundimiento son múltiples. En primer lugar está la falta evidente de personal. La ley catalana de Servicios Sociales estipula que cada ciudad de más de 15.000 habitantes debe tener tres trabajadores sociales y dos educadores sociales. "Esta ratio ya se demostró insuficiente con la crisis financiera", se queja Mercè Civit, vicedecana del Col·legi de Treball Social de Catalunya. La Generalitat y los ayuntamientos financian estos centros a través de un contrato programa. Hay municipios que incumplen esas ratios, según denuncian los trabajadores, y otros que debido al aumento de la demanda han ampliado la plantilla sin que el Govern se haga cargo. "Hay una inequidad territorial brutal que además no está cuantificada: no sabemos dónde se necesitan más medios porque ni siquiera tenemos un sistema que datos unificado. Cada ayuntamiento hace lo que quiere, o lo que puede", lamenta Rosa Maria Monreal, presidenta del Col·legi d'Educadors Socials de Catalunya.

Huelga en Barcelona

La falta de personal implica, entre otras cosas, una abultada lista de espera que puede llegar hasta los dos meses en algunas zonas. "Estamos hablando de familias que están al límite, al borde de un desahucio o que no tienen nada para comer... no pueden esperar un mes a que les atendamos", se queja Encarna Roldán, trabajadora social en Barcelona. El consistorio, que ha contratado a 100 profesionales más a raíz de la pandemia, asume una lista de espera para la primera visita de dos semanas. "Pero la realidad es que no tenemos tiempo para ellos, como mucho podemos estar media hora y con jornadas de 12 horas diarias, el estrés es brutal", agrega Roldán. De hecho, en Barcelona la situación de hartazgo es tal que los trabajadores de los servicios sociales han convocado una huelga para este lunes 7 de junio.

Protesta de trabajadores sociales.

Trabajadores de los servicios sociales de Barcelona se manifestaron el pasado 20 de mayo frente a l'Institut Municipal de Serveis Socials, dónde acordaron presentar una convocatoria de huelga para el 7 de junio. / MARIA D'OULTREMONT

Otro gran problema es la falta de recursos. "No podemos hacer nuestro trabajo", insisten los trabajadores. En realidad, la ley catalana establece que los Servicios Sociales son universales, y que deben abordar temas como la salud mental, el maltrato infantil o la violencia en el hogar de cualquier persona, esté o no bajo el umbral de la pobreza. A la práctica, sólo acuden a ellos los que están al límite y su trabajo acaba consistiendo en un trámite burocrático. Según el Col·legi de Treball Social, se pasan más de la mitad de su jornada haciendo informes que acrediten la miseria que ven. "Lo que tenemos que hacer es ayudar a las familias a salir del pozo, a resolver los problemas que les han hecho llegar hasta allí. Las ayudas puntuales no arreglan nada", insisten los empleados. De hecho, los servicios sociales no pueden ofrecer vivienda social, ni tampoco rentas mensuales. "Por ley las ayudas que podemos dar son para dos o tres meses. El resto de ayudas dependen de otros servicios públicos que se desentienden", señala Roldán.

Ni vivienda ni rentas

Un ejemplo son los pisos de alquiler social: insuficientes y con eternas listas de espera que hacen cristalizar los constantes desahucios. Otro, el drama de las rentas sociales que ofrece la Generalitat o el Gobierno Central. Los trabajadores denuncian tardanza de hasta seis meses para tramitar la Renta Garantizada de Ciudadanía, o las constantes denegaciones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del que sólo se han aceptado el 25% de solicitudes, según los últimos datos del Ministerio de Inclusión. "Lo que está pasando con el IMV es como si tuviéramos miles de vacunas cerradas a cal y canto y sólo pudiéramos dar paracetamoles", señala el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Jose Manuel Ramírez.

"Todos los servicios que cierran la puerta les dicen que vayan a servicios sociales. Nosotros somos el último eslabón y no podemos decirles que se vayan a otra parte... pero no tenemos soluciones dignas que ofrecer", resume Israel Ureña, representante sindical de CGT de los servicios sociales en Barcelona. Esa es la enorme frustración que está colapsando a los trabajadores. Tampoco ayuda que la administración, lejos de reconocer su labor, aún no les haya vacunado como colectivo esencial.

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