Los empleados de Servicios Sociales de Barcelona estallan contra la falta de apoyos

Los cuatro sindicatos que representan a los trabajadores de los servicios sociales de Barcelona apoyan una movilización prevista contra el gobierno de Ada Colau. UGT, CCOO, CGT y la Intersindical-CSC han convocado una marcha en la plaza de Sant Miquel, enfrente del ayuntamiento, prevista para este martes a mediodía. Denuncian "menosprecio" por parte del gobierno local y lamentan una situación de "estrés" especialmente tras la debacle social provocada por la pandemia.

No suelen hacer ruido, pese a vivir constantemente en situaciones altamente complejas y con un importante nivel de estrés. Pero los hechos ocurridos a lo largo del último mes han colmado el vaso de su paciencia, que lleva meses llenándose de indignación y malestar. Los trabajadores de los servicios sociales de la capital catalana, es decir, aquellos que son la primera puerta para atender las personas desesperadas por la pobreza, salen a la calle a protestar.

Hace menos de un mes que los centros de servicios sociales reciben ataques constantes, y violentos, que en un caso obligaron a cerrar el centro de Casc Antic. Lanzamiento de piedras, ocupaciones de las sedes durante algunas horas, o pintadas contra los trabajadores, son algunas de las reivindicaciones de afectados por desahucios o colectivos de barrio que les defienden que han sufrido los empleados de los servicios sociales.

"Nosotros somos los primeros afectados con los desahucios. Nos negamos a tener que ir a proteger la comitiva judicial, somos los que estamos hartos de la falta de vivienda pública para las familias afectadas y los que hacemos los documentos de emergencia habitacional que acreditan la pobreza de los hogares", cuenta Miquel Rubio, delegado sindical de la UGT. Tras los ataques, los trabajadores se reunieron con el consistorio. "No nos merecemos trabajar así", se queja Rubio. En un comunicado, los cuatro sindicatos lamentan el "menosprecio" con el que, dicen, les ha respondido el consistorio.

Pero los ataques a los centros de trabajo, a los que la plantilla acude presencialmente cada 15 días, han rebasado todos los límites. "Llevamos un año sosteniendo la gravísima situación tras la pandemia. Sí tenemos medios pero no son los más adecuados, y la gente está muy desesperada", sostiene Rubio. Lamentan, por ejemplo, que tras un desahucio tengan que reubicar a una familia en una pensión, debido a la falta de parque público de vivienda.

Hace meses que varias entidades y movimientos vecinales alertan de la situación de colapso que viven los servicios sociales. No solo por el aumento de las personas necesitadas tras esta crisis social, sino porque al ser la primera administración que pone la cara, deben asumir tareas que no les corresponde. Entre ellas, tramitar el ingreso mínimo vital de las personas que atienden. Hace pocas semanas el mismo consistorio alertaba de una situación de saturación límite.