Situación delicada

El colapso del Ingreso Mínimo Vital pone al límite los Servicios Sociales de Barcelona

  • Un informe sobre la aplicación de la nueva prestación en Barcelona subraya el "riesgo de saturación" en los servicios sociales

  • El instituto municipal ha detectado un 30% de nuevos hogares vulnerables en la ciudad

  • Pese a no ser los encargados de tramitar la prestación, los trabajadores sociales reciben la "presión y frustración" de las personas necesitadas que no lo cobran

Una mujer recoge la comida que le dispensa el Banco de Alimentos en la calle de Bolívia, en Barcelona.os.

Una mujer recoge la comida que le dispensa el Banco de Alimentos en la calle de Bolívia, en Barcelona.os. / FERRAN NADEU

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Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobreza, migraciones, dependencia, infancia vulnerable, feminismos y LGTBI

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En un distrito de Barcelona de 60.000 habitantes, solo una persona cobra el Ingreso Mínimo Vital. Esta es una de las cifras que revela el informe sobre la implementación del Ingreso Mínimo en Catalunya hecho por la federación d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) en el que ha participado el consistorio. El documento da voz a varios trabajadores de los servicios sociales que avisan que hay miles de personas que necesitan la prestación pero no la perciben, algo que está generando una fortísima presión en los servicios que atienden a los más vulnerables.

En estos momentos, cada profesional de los servicios sociales hace el seguimiento de 250 hogares. Antes de la pandemia, un grupo de asistentes se dedicaba a la acogida, es decir, a las familias que nunca antes habían requerido de estos servicios, y les tramitaban ayudas básicas para pagar la comida o los suministros. Ahora, todos los profesionales se han volcado a esta primera acogida, puesto que la pandemia del coronavirus ha aumentado en el 30% las personas usuarias.

Peticiones a la espera

Una forma de detener la altísima presión en la que trabajan estos servicios sería que las personas usuarias recibieran prestaciones sociales, como son la Renta Garantizada de Ciudadanía que depende de la Generalitat, y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que otorga el Ministerio de Inclusión Social. La primera ya funciona con relativa rapidez, pero solo se puede pedir si se ha tramitado la segunda. Y el drama es que el IMV solo ha llegado al 6% de la población vulnerable. Casi la mitad de los expedientes han sido denegados, y un gran grueso de peticiones aún siguen esperando para ser valoradas.

Ante esta situación, son los servicios sociales los que deben atender las familias más necesitadas. "Deben dedicar un gran esfuerzo a la tramitación de esta prestación sin dejar de ofertar el resto de servicios", explican en este informe. Además, alertan de un "gran riesgo de saturación y bloqueo administrativo", que en parte está motivado por la "lentitud" en la tramitación de las solicitudes.

Perfiles de todo tipo

Además, los servicios sociales deben atender todas aquellas personas que no tienen acceso a cobrar el Ingreso Mínimo Vital. Aquí se cuentan perfiles de todo tipo. Personas inmigrantes que no tienen permiso de residencia (en algunos casos a pesar de haber sido víctimas de violencia machista), los trabajadores que aún no han cobrado el paro a raíz de un erte o un ere, las personas que viven en habitaciones de alquiler con otras que no son su familia ni les pueden ayudar económicamente, o aquellos cuya situación económica en 2020 fue radicalmente distinta a la de 2019. Esto último ocurre porque entre los criterios para acceder al IMV se cuentan los ingresos declarados en la renta del año pasado, y no tienen en cuenta los ingresos de los últimos dos o tres meses, como sí ocurre con la Renta Garantizada de Ciudadanía.

De hecho, una directora de un centro de servicios sociales de Barcelona constata que la inmensa mayoría de personas que atienden viven en habitaciones realquiladas. "No suelen tener un padrón fijo o estable, cosa de dificulta considerablemente tramitar la solicitud", expone el documento. Otro trabajador alerta que hay madres solas que trabajan en servicios, como el de atención domiciliaria de la ciudad, y que no pueden llegar a final de mes. Creen que deberían acceder a alguna prestación económica, aunque el IMV les deja fuera.

El problema de la brecha digital

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Otra de las críticas que ha recibido el IMV es en la "complejidad" de los trámites, que además deben ser telemáticos. Acaban siendo los servicios sociales quienes tramitan las ayudas, porque hay muchas personas que no tienen internet ni ordenador en casa para poder tramitarlo. Además, el proceso para pedirlo y acceder a la documentación es muy "farragoso", según lamenta el informe. Teniendo en cuenta el aumento de la presión que ha supuesto en los servicios sociales la pandemia, el tiempo para tramitar estas rentas es un lujo que no se pueden permitir.

Al fin, el informe reconoce la sensación de "frustración" que transmiten no solo los trabajadores encuestados para hacer el estudio, si no que también es una frase que corre en los grupos de WhatsApp de los empleados. "Deben ocupar la mayor parte de su tiempo en actividades asistencialistas", como la ayuda para hacer prestaciones o necesidades básicas. Lamentan no poder "realizar tareas más transformadoras que ayuden a las personas y familias a desarrollar su autonomía y resolver problemas de larga duración". Para ello se crearon, de hecho, los servicios sociales. Para ser un trampolín que ayudase a escalar de la pobreza. Sin embargo, hace demasiado tiempo que se han convertido en un balón de aire que busca, al menos, que los pobres no se ahoguen en el agua.