ONG, Comuns y CUP critican que el grupo de trabajo sobre covid y geriátricos "ha blanqueado" la gestión de la crisis

El Parlament de Catalunya ha sido la primera institución en España que ha decidido investigar lo ocurrido en las residencias durante la primera y la segunda ola del coronavirus. En Catalunya, más de 8.000 residentes catalanes murieron en el marco de la pandemia, algunos de ellos sin asistencia médica y la práctica mayoría lo hicieron en soledad y sin sus seres queridos. Este viernes, el grupo de trabajo que investigaba esta gestión ha votado las conclusiones del trabajo a puerta cerrada. Una asociación de familiares de residencias, Amnistía Internacional, Comuns y CUP consideran que los textos finales son "vergonzosos" y "blanquean las medidas tomadas". El PSC, por su parte, defiende el trabajo realizado.

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Después de la debacle y las muertes en los geriátricos, llegaron los reproches políticos y las propuestas. En 2020, el pleno del Parlament acordó, entre otras medidas, abrir una comisión de investigación sobre lo ocurrido en los geriátricos catalanes. Con la nueva legislatura, la comisión mutó en un grupo de trabajo ante el que han declarado multitud de expertos, trabajadores, afectados y testigos. Cada grupo político ha presentado, este viernes, sus conclusiones de lo que pasó, para elaborar un documento conjunto y unánime. La votación ha sido puerta cerrada y no el texto final no se hará público hasta el 14 de febrero.

La Coordinadora de Familiares de Residencias 5+1 de Catalunya considera "vergonzosas" las conclusiones aprobadas. Lo ha dicho su portavoz, María José Carcelén, en una rueda de prensa conjunta con el grupo de En Comú Podem (ECP), que también ha lamentado el contenido del informe, aprobado con los votos de PSC, ERC y JxCat. Tanto los familiares como los comunes consideran que el informe es superficial y que solo recoge "obviedades".

Otra "bofetada" a los familiares

"Las conclusiones de este grupo de trabajo son una absoluta vergüenza y los partidos que las han apoyado deberían haberlo hecho a cara descubierta y no a puerta cerrada", ha añadido Carcelén. "No se corresponden con lo que ocurrió durante la pandemia, son una bofetada más a las familias de las personas que murieron sin que fuesen respetados los más mínimos derechos humanos".

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Esta coordinadora exige "cambios" en el funcionamiento y la propiedad de las residencias, la mayoría gestionadas por empresas privadas. Su portavoz ha calificado de "mentira" que primaran los criterios médicos para decidir las personas ingresadas en residencias que se trasladaban o no a los centros hospitalarios.

"Había un protocolo tan vergonzoso como el de la Comunidad de Madrid, y se produjo una discriminación por edad", ha afirmado Carcelén, quien asegura que, por ejemplo, "no había suficientes bombonas de oxígeno en las residencias de Catalunya". Para los familiares agrupados en esta coordinadora, los principales partidos "han querido blanquear en el Parlament lo que ocurrió". "Hemos vuelto a ser moneda de cambio ahora que el Gobierno del Estado necesita los votos de ERC y de JxCat", ha añadido Carcelén.

Críticas de Amnistía

También Amnistía Internacional se ha mostrado crítica. "Las autoridades no pueden pasar página sin tener en cuenta que la verdad, la justicia y la reparación son imprescindibles para garantizar los derechos humanos de las personas residentes y sus familias", han mantenido en un comunidado difundido en las redes sociales, donde atribuyen al grupo de trabajo parlamentario "falta de transparencia". "No han estado a la altura", añade la entidad.

La diputada de En Comú Podem (ECP) Jessica González también ha considerado "una vergüenza" las conclusiones del grupo, después de que los mismos partidos que las han aprobado impidieran previamente que se creara una comisión de investigación en el Parlament. "En el grupo de trabajo se han diluido las responsabilidades de lo ocurrido en las residencias" y PSC, ERC y JxCat han optado por "no molestar a los lobis que utilizan las residencias como elemento para enriquecerse". Para los comunes, la "opacidad" con la que se analiza lo ocurrido en los geriátricos catalanes es perfectamente comparable "con la que ha tratado el asunto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso".

Cuestionar el modelo 'low cost'

Unas conclusiones muy similares compare la CUP. "Otra vez, El Parlament no ha estado a la altura", ha criticado la diputada Laura Estrada. Para la formación, era prioritario señalar las mejoras, revisar el modelo geriátrico e impulsar una reparación para las familias. "Han quedado fuera esas medidas que pretenden cuestionar el modelo de sociosanitario 'low cost' que son los geriátricos, el modelo público-privado es esencial para entender lo que ha pasado, ya que hay fondos de inversión que usan los mayores para ganar dinero –insiste Estrada–. Además, tampoco se ha aceptado la necesidad de depurar responsabilidades".

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Por su parte, el PSC recuerda que los grupos parlamentarios de este grupo de trabajo acordaron ceñirse a unas normas a las que los comuns no se han "ajustado", por lo que sus conclusiones no han sido aceptadas. "Lamentamos la instrumentalización política que están haciendo de este tema", afirman los socialistas, a la vez que se congratulan del "buen funcionamiento" del grupo de trabajo, así como de las aportaciones de los comparecientes.