El Parlament da carpetazo a la comisión de investigación sobre el covid en los geriátricos

El próximo pleno del Parlament dará carpetazo a la comisión de investigación que debía de esclarecer por qué han muerto 9.241 ancianos que viven en residencias a raíz de la pandemia del coronavirus. Igual que ocurrió en la Comunidad de Madrid con los votos del PP y VOX, en Catalunya PSC, ERC y Junts per Catalunya han decidido que no quieren ceder sus votos para que exista esta comisión parlamentaria, unas intenciones que ya avanzó este diario en el mes de agosto. Sin embargo, estos mismos grupos han optado por crear un grupo de expertos, también en sede parlamentaria, para que investigue y saque sus propias conclusiones sobre qué falló y qué debe cambiar en el sistema. Los familiares no dan crédito y amenazan con una protesta en las puertas de la Cámara catalana. "Fue una masacre de la que no podemos cerrar página como si nada hubiera pasado", dice María José Carcelén, de la coordinadora de residencias 5+1.

En lo que llevamos de pandemia, ya han fallecido 9.241 personas en los geriátricos de Catalunya. Las primeras dos muertes por coronavirus dentro de un centro residencial se registraron el 8 de marzo de 2020. En la comarca de Anoia, el primer foco de infección, los trabajadores fueron obligados a trabajar con fiebre y la palabra coronavirus estaba prohibida. Veinte días después ya morían cien personas al día, y el nueve de abril se superaron las 200 defunciones en 24 horas. Durante los primeros meses de pandemia no había mascarillas, ni equipos de protección, ni test PCR y el virus campó a sus anchas entre los más débiles sin frenos. Los cuidadores infectados, ya con ratios raquíticas, tuvieron que dejar el trabajo. Las ambulancias no llegaban y a veces tampoco lo podían hacer los equipos de paliativos. Los cadáveres se acumulaban porque los servicios funerarios no daban abasto. Y los familiares apenas recibían información. Las llamadas eran de horror. La muerte fue en soledad absoluta, y los familiares, desesperados, señalaron que muchos ancianos fallecieron por desatención.

Dar la cara

La respuesta política tardó en llegar. Primero fue la polémica por las desinfecciones de la Unidad Militar de Emergencias. El silencio sobre el número de fallecidos costó de romper. El Govern pagó a clínicas privadas para atender a los enfermos con covid de los geriátricos, el material de protección llegó un mes después, y finalmente el 'president' Torra despojó al 'conseller' El Homrani sus competencias sobre los geriátricos para entregárselas a la 'consellera' de Salud. Fue entonces cuando los sanitarios de los CAP entraron en los geriátricos y la 'conselleria' creó un plan para trasladar pacientes covid a otros geriátricos más grandes. Ya en verano de 2020 el Parlament celebró un debate monográfico sobre la mortalidad, el caos y el desgobierno en las residencias de ancianos dónde los geriátricos y las entidades que atienden a personas mayores pidieron la palabra sin éxito. Después, se creó por unanimidad  una comisión de investigación en la Cámara catalana, pese a que ERC lo hizo a regañadientes. Pero llegaron las elecciones, la comisión quedó suspendida. El pleno del Parlament, a instancias de los comuns y la CUP, debía votar de nuevo la creación de esta comisión. Lo harán de nuevo la semana que viene, pero para darle carpetazo.

Los 'comuns' querían crear esta comisión de investigación para que altos cargos políticos, trabajadores y gestores de geriátricos dieran la cara y contaran lo sucedido. "Las familias necesitan justicia, tienen derecho a la transparencia a la reparación y es necesario que se rindan cuentas. Esta comisión era un gesto para constatar las vulneraciones a los derechos de las personas mayores, hubo muchas residencias que fueron negligentes, muchas residencias tienen una lógica mercantilista y sospechamos que las puertas giratorias con grupos políticos e intereses económicos han acabado con esta comisión", señala Jéssica González, diputada de Catalunya En Comú Podem.

Pero esta opción sólo tiene el visto bueno de la CUP y Ciutadans. "No queremos hacer politiqueo de esta cuestión tan grave, y creemos que un grupo de expertos en ámbito sanitario, que pueda investigar con libertad, acceder a toda la información y elaborar un informe con conclusiones es más útil", sugieren fuentes del PSC. Junts per Catalunya, los socialistas y ERC propusieron la creación de este grupo de expertos el pasado pleno de política general del mes de septiembre. La propuesta fue votada por todos los grupos parlamentarios, excepto los 'comuns'. Dicho grupo de trabajo, que dependerá de la comisión de Derechos Sociales del Parlament, estará formado por expertos en ámbitos sociosanitario que designarán los partidos.

Familias contrariadas

A todo esto, los familiares no dan crédito. "¿Cómo podemos pasar página de esta masacre, de esta crisis humanitaria?", se pregunta Maria José Carcelén, portavoz de la coordinadora residencias 5+1. Asegura que hubo ancianos en los geriátricos que murieron en "condiciones indignas, deshidratados". Y culpa de ello "el abandono sanitario y la falta de personal". "Si no lo investigamos, si no entendemos qué falló y quién es el responsable de ello, se volverá a repetir. Y nuestro estado democrático no se lo puede permitir", asegura. La entidad, además, quiere estar presente en este pleno del Parlament que ellos nombran de "vergonzoso", y asegura que protestarán frente a las puertas de la cámara. En Catalunya, la comisión parlamentaria era, con mucha probabilidad, la única oportunidad de los familiares para rendir cuentas de lo ocurrido ya que la mayoría de denuncias a la justicia han acabado en archivo.

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