El caso del Geriàtric Aragó fuerza un cambio en la inspección de las residencias ante situaciones de urgencia

"Debemos comunicarnos de forma más rápida y efectiva cuando hay situaciones de riesgo tan graves y urgentes". Este ha sido el mea culpa que ha entonado este miércoles el secretario general de la Conselleria de Drets Socials, Lluís Torrents, en una comparecencia en el Parlament sobre el Geriàtric Aragó, investigado por imprudencia grave con resultado de muerte por presuntamente haber ocultado un brote de salmonelosis en el que fallecieron ocho ancianos y una treintena más resultaron intoxicados. En la residencia, además, se detectaron graves carencias higiénicas. El PSC, Junts y la CUP han lamentado que no se clausurara el centro, ya que las deficiencias se alargaron hasta un año después del brote. Torrents ha dicho que se les amenazó con ello en junio porque no se resolvían las deficiencias, pero la medida no llegó a aplicarse. Hoy el Govern ha autorizado que vuelvan a ingresar más pacientes.

La Generalitat ha seguido detectando irregularidades en el Geriátrico Aragó hasta hace dos meses

La Generalitat tardó dos meses en conocer qué estaba ocurriendo en el Geriàtric Aragó, aunque la Agència de Salut Pública de Barcelona, el Hospital Sant Pau y el CAP del Eixample tenían constancia de que el brote de salmonelsis no se había comunicado, que se prescribía medicación inadecuada y que las instalaciones tenían deficiencias higiénicas lamentables.

Dos meses de retraso

El brote empezó en julio de 2022. El 9 de agosto de ese mismo año, la Agència de Salut Pública detectó el problema, pero la Conselleria de Drets Socials, responsable de la gestión de los geriátricos en Catalunya, no fue advertida hasta el 20 de septiembre, dos meses más tarde, según el relato de Torrents. Fue entonces cuando prohibieron realizar nuevos traslados al geriátrico. Unos meses antes, Drets Socials había realizado dos inspecciones, por denuncias de los familiares, pero no detectaron nada grave. "¿Cómo pueden tardar dos meses para darse cuenta y tomar alguna medida?", se ha preguntado el diputado del PSC Raúl Moreno.

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Más allá de la autocrítica, Torrents ha anunciado que en las próximas semanas publicarán una nueva instrucción para cambiar los protocolos de comunicación entre las inspecciones de Salut, Salut Pública y Drets Socials. "No puede ser que una inspección diga una cosa y otra diga otra distinta: nos tenemos que poner de acuerdo y consensuar la visión de la situación porque quien toma medidas somos nosotros", ha dicho Torrents. "Este nuevo protocolo permitirá que, en caso de que se detecte una situación anómala o urgente, se comunique de forma immediata", ha manifestado el secretario general.

Peticiones de cierre "indispensable"

Pero la pregunta que planeaba sobre toda la comparecencia, y que resuena entre los familiares afectados, es por qué la residencia no fue clausurada, aún más sabiendo que las carencias e irregularidades se prolongaron hasta un año. "A los residentes que no estaban afectados se les privó de la atención médica indispensable", ha afeado Moreno. El diputado socalista ha relatado las graves carencias que descubrieron los inspectores de Salut Pública durante los meses de agosto y septiembre. "¿Qué más tiene que ocurrir para que se cierre una residencia en Catalunya?", ha cuestionado el parlamentario. La misma duda que ha planteado la diputada de la CUP, Basha Changue: "La situación es demasiado desastrosa y grave como para que quede resuelta con una sanción. Nos parece indispensable el cierre del centro de forma cautelar". "Un año después aún parecía que hacían de las suyas y no cumplían... ¿nuestros ancianos están bien atendidos?", se ha preguntado Anna Felip, de Junts.

El geriátrico Aragó seguía sumido en caos y suciedad meses después del brote mortal de salmonela

Torrents ha explicado las estrategias que activó el Govern para hacer cumplir la normativa. "En mayo nos dimos cuenta de que no había forma", ha dicho. También ha afirmado que el 21 de junio de 2023 amenazaron con el cierre del centro para que los responsables actuaran de una vez, aunque no llegaron a hacerlo. "Estudiamos un posible traslado de los residentes pero los responsables del CAP lo descartaron por su estado de fragilidad, hay que tener en cuenta que en aquel momento ya no había brote: ni muertes ni infecciones de salmonela", ha justificado Torrents.

Nuevos ingresos este octubre

En aquella reunión también se pidió el cese de la directora, que siguió trabajando en el centro como subdirectora. Los partidos de la oposición le han afeado que lo permitieran, auque Torrents ha esgrimido la explicación que entonces les brindó el centro: que ello permitía "el traspaso de información". "Lo cierto es que hay una directora muy experimentada que ahora está haciendo bien las cosas", ha señalado el secretario general. Después de la última inspección del 29 de septiembre, Drets Socials ha dado luz verde al ingreso de ocho pacientes nuevos. "El centro tiene capacidad para 37 plazas más, que se irán autorizando a medida que la ratio de personal lo pueda asumir", ha dicho Torrents.

Un sistema "gripado"

De fondo también ha planeado la situación de precariedad en el que viven las residencias en Catalunya. El último incidente: la denuncia de recortes de pañales. Torrents ha negado esta cuestión, pero sí ha asumido que el sistema necesita mejoras. "Está gripado", ha dicho. Ha prometido mejoras salariales del personal y una mayor transparencia. Ha anunciado que el Govern creará una pàgina web donde aparecerán el millar de geriátricos en Catalunya y figurará la lista de espera de cada uno. "Estamos trabajando con el sector para informar de las inspecciones, como ya hacen en Alemania o Suecia", ha dicho Torrents. A día de hoy, el Govern no comunica públicamente las inspecciones realizadas.

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"El servicio de inspección no funciona porque faltan profesionales, los criterios son aleatorios, hay una falta de comunicación y la legislación está obsoleta. Usted ha venido aquí y nos ha dado muchos titulares, no se quede en los anuncios porque ya estamos acostumbrados", ha zanjado el diputado Moreno en la comisión. También Ciutadans ha agradecido los anuncios pero ha pedido actuaciones rápidas. "Desde 2017 que esperamos estos cambios, ustedes dicen que lo harán pero seguimos igual", ha criticado la diputada Noemí de la Calle.