La Generalitat ha seguido detectando irregularidades en el Geriátrico Aragó hasta hace dos meses

La Conselleria de Drets Socials continuó detectando irregularidades en el Geriàtric Aragó el 24 julio de este año, una semana después de que la fiscalía denunciara a sus responsables por un brote de salmonelosis que acabó con la vida de ocho ancianos durante el verano de 2022. En esa inspección, la Generalitat volvió a instar al centro a que revirtiera "de forma inmediata las irregularidades detectadas". Así lo afirma el propio 'conseller' de Drets Socials, Carles Campuzano, en un escrito en el que responde a una pregunta parlamentaria del PSC y en el que también detalla que el Govern ha iniciado dos procedimientos sancionadores contra los gestores de la residencia situada en el centro de Barcelona. Fuentes de la 'conselleria' detallan que estas irregularidades de julio tienen que ver con la poca información facilitada sobre el brote mortal.

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El Geriàtric Aragó se enfrenta a una investigación judicial abierta a raíz de una denuncia de la fiscalía, por ocho presuntos delitos de imprudencia grave con resultado de muerte por un brote de salmonelosis descontrolado entre julio y septiembre de 2022. La falta de higiene y personal, así como el incumplimiento de la normativa o la falta de información, no solo se detectaron mientras el brote estuvo activo.

En activo

Los inspectores de Drets Socials han constatado incumplientos hasta finales de julio de este año, según el escrito del 'conseller' Campuzano. La última inspección ocurrió después de que la fiscalía denunciara al geriátrico ante los juzgados. A día de hoy el centro sigue abierto, a pesar de que no puede aceptar nuevos ingresos. El juzgado que se encarga de la investigación rechazó, a su vez, la petición de la fiscalía de que se clausuraran las instalaciones. A pesar del requerimiento de EL PERIÓDICO, los asesores legales del geriátrico han eludido ofrecer su versión sobre estos hechos.

Desde que la Agència de Salut Pública de Barcelona alertó de las graves carencias del brote de salmonela, la Generalitat ha visitado el centro en seis ocasiones. Cuatro veces lo han hecho los inspectores de Drets Socials y una los inspectores de Salut. La última, el 24 de julio de 2023, fue conjunta. Fue precisamente en esa visita cuando saltó la enésima alarma. "Se envió un escrito de advertimiento a la entidad para que enmiende de manera inmediata las irregularidades detectadas", asegura Campuzano en su respuesta al PSC.

Primer expediente sancionador

El reguero de visitas de la Conselleria muestra cómo, a medida que han ido pasando los meses, las anomalías no se subsanaban. Drets Socials supo del brote mortal de salmonela gracias al primer informe de la Agència de Salut Pública de Barcelona, el 20 de septiembre de 2022, que destapó las graves carencias de higiene y de comunicación durante el brote mortal. Al día siguiente, Drets Socials prohibió realizar nuevos ingresos en el centro, una medida hoy vigente.

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Los inspectores de Drets Socials visitaron la residencia el 4 de octubre de 2022. Allí constataron "errores en la administración de medicación", falta de información sobre el brote y "deficiencias en las condiciones materiales" debido al estado de envejecimiento del edificio. También anotaron que la residencia contrató una tercera persona de limpieza para cumplir con las peticiones de la Agència de Salut Pública. El 17 de noviembre volvieron a revisar el geriátrico y siguieron constatando deficiencias. En concreto, detectaron "carencias relativas a las condiciones de higiene, salubridad y confort de los residentes", indica el 'conseller'. Por ello, Drets Socials abrió entonces un primer expediente sancionador.

Sin responsable de higiene

En febrero y abril de 2022 se realizaron más inspecciones. En la segunda, los inspectores volvieron a constatar "irregularidades relacionadas con el registro de caídas" y demostraron que no había responsable higienico-sanitario en el centro. Decidieron abrir otro expediente sancionador. Al día siguiente, el 5 de abril, fue personal de la Conselleria de Salut quien visitó las instalaciones. Y repitió esta inspección el 21 de abril. El geriátrico demostró que había contratado a una responsable de higiene y empezó a cumplir con las demandas de los inspectores. Pero, de nuevo, se vuelven a detectar carencias e irregularidades.

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El 7 de julio el secretario general de la 'consellería', Oriol Amorós, envió un escrito al centro "exigiendo la implementación inmediata de las actuaciones que se han indicado" con el fin de "revetir las carencias y malas praxis detectadas". El Govern ordenó un cambio en la dirección del geriátrico, según el 'conseller'. La anterior directora no se marchó, ya que siguió actuando de subdirectora. El 19 de julio la Fiscalía de Barcelona presentó su denuncia. Y a finales de julio, el día 24, Salut y Drets Socials hicieron una nueva inspección y volvieron a detectar una supuesta mala praxis, relacionada con la falta de información sobre el brote de salmonelosis. La inspección terminó con otro escrito de "advertimiento" para "enmendar de forma inmediata las irregularidades detectadas", según Campuzano.

Sin embargo, des de la 'consellería' añaden que, con el cambio de dirección, han notado "mejoras sustanciales". "Se está haciendo en seguimiento exhaustivo del centro", añaden fuentes del 'departament', que añaden que, si estas medidas apuntadas se consolidan, se evaluará la posibilidad de permitirles hacer nuevos ingresos de residentes.

Quejas previas

El documento firmado por el 'conseller' también demuestra que antes del brote hubo quejas de familiares de residentes. En febrero de 2022, un familiar denunció el centro ante inspección por falta de cuidados, ya que, según ellos, había deficiencias en la comida, la higiene y la hidratación, al tiempo que no se seguían las pautas médicas. En mayo de ese año, otro familiar denunció falta de cuidados en la dentadura de un residente, además de que el geriátrico no asumió el coste de un traslado en ambulancia. Estas quejas motivaron dos inspecciones más, pero no se detectó ninguna irregularidad.

Este miércoles, ERC y JuntsxCat han tumbado la comparecencia de la responsable de la Inspección de la 'consellería' en la comisión parlamentaria de Drets Socials para tratar este caso. Era una petición tramitada por el grupo socialista y que ha contado con el apoyo de Comuns y Vox. "Nos parece sorprendente que haya grupos políticos que no quieren que nos den explicaciones para aclrarar lo que ha sucedido en este centro. Nosotros continuaremos insistiendo", ha asegurado el diputado del PSC Raúl Moreno.