El fiscal denuncia al geriátrico Aragó, de Barcelona, por la muerte de ocho ancianos por salmonela

La Fiscalía de Barcelona ha presentado una denuncia contra la directora de la residencia Aragó Barcelona y otras tres personas -entre ellas la gobernanta y el médico del centro- por un brote de salmonela que provocó la muerte de algunos ancianos, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Un juzgado de la capital catalana ha admitido la denuncia, que también se dirige contra la empresa que gestiona el geríátrico. Se les atribuye de entrada ocho presuntos delitos de imprudencia grave con resultado de muerte. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la fiscalía por la Agencia de Salud Pública de Barcelona.

La denuncia fiscalia expone que desde finales de julio hasta septiembre de 2022, en la residencia, con capacidad para 100 personas -57 plazas son públicas-, se produjo un brote de salmonela que afectó a 39 residentes, de los cuales 15 fueron hospitalizados y ocho murieron.

No se notificó el brote

Según la fiscalía, pese a tener la obligación de hacerlo, los denunciados del geriátrico no notificaron ninguno de los casos a la Agència de Salut Pública de Barcelona, negando el contagio de los 33 residentes y sin comunicar siete de los ocho fallecidos. La acusación pública sostiene que la dirección del centro solo falicitó información a este organismo una vez que hubo alcanzado el conocimiednto de los hechos a través de otras fuentres. El proceso de investigación de la agencia "fue obstaculizado y las consecuencias de brote notablemente agravadas a causa de la deliberada voluntad" del centro de "ocultar cualquier dato o cualquier nuevo caso a Salud Pública.

La denuncia expone que, en agosto de 2022, la unidad de geriatría del Equipo de Asesoramiento (EAP) notificó a dicha agencia la existencia del brote. Se personó en el centro un equipo de sanitarios y pudieron constatar "una importante deficiendia en la higiene y la limpieza de las salas". En ese mismo momento, se informó a la dirección del geriátrico de las medidas higiénicas necesarias para evitar el contagio. Esas precauciones fueron reiteradamente repetidas por los organismos oficiales, así como la obligación de comunicar los casos que se detectaran (residentes con cuadro de diarrea).

Falta de material de desinfección y de protección

A través de las sucesivas visitas realizadas por los técnicos epidemiológicos se constó "la falta de aplicación", según la acusación, de las medidas de higiene establecidas para contener la propagación de la enfermedad. De hecho, añade la denuncia, a lo largo del proceso de investigación, la falta de higiene, la falta de material de desinfección y la falta de equipamientos de protección para llevar a cabo esta tarea "fue una constante", y ello "pese a las directrices facilitadas por el personal sanitario desde el primer momento".

Además, ante la constancia por parte de la agencia de salud pública de que la residencia estaba presuntamente ocultando información y nuevos contagios, fue preciso recabar informes médicos del sistema público de salud, entre los que se encuentran el historial de los ingresos hospitalarios. De estos expedientes, incide la fiscalía, se pudieron extraer datos relevantes que ratificaron las sospechas que "se albergaban y que permitieron confirmar" información que no se reflejaba en los registros del centro. Así, a través de la documentación hospitalaria se pudo comprobar si constaba el diagnóstico de un residente y de los coprocultivos realizados en el hospital. Fue entonces cuando se descubrió que el geriátrico ocultaba información.

Suministro inadecuado de antibiótico

La fiscalía sostiene que el grado de ocultación y "falta de colaboración" con los técnicos epidemiológicos "llegó a tal extremo" que, informados aquellos de que su única fuente de conocimiento eran los registros auxiliares y de enfermería, se dejaron de anotar en los mismos datos relevantes, recogiéndo únicamente hechos "intrascendentes, como visitas programadas o cambios de pañal. También se advirtió que se estaba suministrando un atibiótico a diversos residentes por parte de la doctora denunciada "sin que conste motivo o diagnóstico" alguno que "justificara el consumo" de este fármaco. El objetivo, segun la denuncia, era la "ocultación y obstacularización" en la deteción de los casos de salmonela "de cara a las autoridades sanitarias".

En suma, recalca la fiscalía, "el comportamiento comisivo de los denunciados, al no haber adoptado las más elementales medidas de atención, diligencia y colaboración con los técnicos epidemiológicos ante la grave crisis sanitaria que se produjo" en la residencia, contribuyó en agosto de 2022 a la "agravación del brote y generó directamente un elevado riesgo de transmisión de la infección y otros problemas de salud a los residentes.