El geriátrico Aragó seguía sumido en caos y suciedad meses después del brote mortal de salmonela

La residencia Geriàtric Aragó seguía acumulando suciedad y tenía falta de higiene meses después del brote mortal de salmonela que mató a ocho residentes y llevó al hospital a 15 más. Por esta razón, la Fiscalía de Barcelona ha solicitado este mes de julio el cierre del geriátrico, ubicado en el centro de Barcelona, como medida cautelar. En su opinión, el riesgo para los ancianos perdura, como demostraba la información recogida, incluso, mientras investigaban (de octubre de 2022 hasta principios del mes de julio, cuando presentaron la denuncia). Sin embargo, el Juzgado de Instrucción número 17, que instruye la causa, rechazó la propuesta, por "prematura", según las fuentes jurídicas consultadas por EL PERIÓDICO. El magistrado ha acordado la declaración de los investigados (el gerente y administrador de la empresa que gestiona el centro, la directora, la gobernanta y el médico), así como de testigos, aunque todavía no se ha señalado fecha para la práctica de esta prueba.

El Servei d'Epidemiología de la Agència de Salut Pública de Barcelona, organismo que gestiona los servicios de salud por encargo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, hizo hasta tres inspecciones a la residencia entre agosto y septiembre de 2022, en pleno brote de salmonelosis y cuando ya se habían detectado algunos contagios. El panorama que se encontraron estos funcionarios fue demoledor, según relata la denuncia presentada por la fiscalía y que fue avanzada el martes por este diario. Había lavabos "muy sucios", sillas de ruedas tiradas por el suelo, otras adaptadas a la ducha manchadas, pomos de puertas pegajosos, suelo sucio, escobas y estropajos en la superficie, piezas de ropa mugrientas sobre radiadores y "restos similares a vómito" en uno de los baños que estaba siendo utilizado por una de las personas que viven en el centro.

Falta de higiene e inspecciones

La falta de medidas higiénicas era palpable. Los técnicos reflejaron en sus informes la inexistencia de lejía o de productos de desinfección en los lavabos, "pese a tener un cartel que decía desinfectar después de cada uso", según la fiscalía. Y no solo eso, sino que en una de las grúas había un pañal sucio en la zona de los pies; la mayoría de las mesas, sobre todo las del comedor y las zonas comunes, estaban "pegajosas"; y los reposabrazos de los sofás, "muy sucios", de tal manera que los escobillones que se usaron para recoger muestras quedaban teñidos de marrón por la suciedad acumulada.

Fue a principios de agosto de 2022 cuando la responsable de una unidad de geriatría del equipo de atención psicosocial de seguimiento de los residentes comunicó al equipo de epidemiología de la Agència de Salud Pública la existencia del brote, cuyos primeros infectados, todos ellos ancianos de 78 a 95 años, datan de finales de julio. Los técnicos de este organismo se desplazaron a la residencia el 11 de agosto.

No se comunicaban los casos

En ese mismo momento, se informó a la dirección del centro de las medidas higiénicas que debían adoptar para permitir el control del brote e interrumpir la transmisión de la bacteria. A partir de esas fechas, entre el 16 y el 23 de agosto, la enfermera del equipo de epidemiología de Salut Pública estableció contacto diario con el geriátrico, obteniendo siempre la misma respuesta: no se habían detectado más casos.

Ante la inconsistencia de estos datos y la "persistente sospecha de falta de colaboración" por parte del equipo directivo de la residencia, los técnicos se presentaron en el centro el 24 de agosto de 2022. Era la segunda visita. Los responsables del geriátrico volvieron a negar la existencia de posibles nuevos contagios, cuando la fiscalía ha constatado, posteriormente, que sí se produjeron. Los empleados de la residencia, en cambio, si recogían en los registros de auxiliares las anotaciones de ancianos que presentaban cuadros de diarrea, información que tampoco había sido comunicada a Salut Pública.

Supuestas trampas

Una tercera inspección se llevó a cabo en septiembre de 2022 y, a partir de entonces, afirma la fiscalía, el centro dejó de inscribir en los registros los incidentes relevantes, limitándose a anotar las visitas programadas o los cambios de pañales. Los técnicos llegaron a la conclusión de que en el recinto no se estaban aplicando las recomendaciones fijadas para detener la transmisión del brote y "se objetivó una falta de higiene generalizada". Meses después, en octubre de 2022, la Agència de Salut Pública denunció los hechos ante la fiscalía, que hizo lo propio ante el juzgado a principios de este mes de julio.

Para la fiscalía, las causas del brote de gastroenteritis aguda por salmonela vinieron determinadas por "las malas prácticas" relacionadas con procedimientos de trabajo en la residencia y actuaciones sanitarias asistenciales en atención a los residentes. "La deliberada ausencia de colaboración de los denunciados a facilitar información acerca de los contagios y la aplicación de las medidas de higiene de forma estrica" alargó el brote y supuso "la pérdida de un tiempo valioso" para evitar la expansión de la bacteria a los residentes y el fallecimiento de algunos de ellos, precisa la acusación. "Su conducta irresponsable" colocó a "todos los residentes en una situación de grave riesgo sanitario, minimizando el impacto e importancia del brote" y negando la existencia de contagiados. De ahí que se atribuya a los investigados ocho presuntos delitos de imprudencia grave con resultado de muerte.

Interrogantes de la Generalitat

Esta residencia gestiona una cincuentena de plazas públicas y un centro de día, pagados con fondos públicos por la Conselleria de Drets Socials. La otra mitad de las camas son privadas. ¿Qué papel ha jugado la Conselleria de Drets Socials en esta gestión? ¿Se ha tramitado algún expediente o sanción? ¿Desde cuándo empezaron a tomar medidas? El Govern, preguntado por este diario, mantiene que pidieron un relevo en la dirección del centro y que han prohibido hacer nuevos ingresos en el geriátrico. A la vez, cursaron un requerimiento para implementar cambios y hacer un nuevo protocolo "ante las deficiencias" detectadas. También explican que la empresa ha presentado un plan de actuaciones que aún no ha sido supervisado ni por Drets Socials ni por Salut. No concretan, sin embargo, ninguna fecha. Por su parte, la residencia ha declinado hacer declaraciones a EL PERIÓDICO.

Los familiares lo desconocían

"No tenía ni idea", se quejaba este miércoles, ante las puertas de la residencia y tras conocer la noticia, una mujer que cada mañana acude al centro de día para llevar a su madre. Varios familiares consultados por este diario reconocen que nadie les había informado de la situación. Sí explican que hace unas pocas semanas la directora del geriátrico ha sido cesada y sustituida por otra persona, pero que gran parte del equipo directivo se mantiene. "Debe de ser por eso, claro", razonan. Algunos de ellos aseguran que la relación con la empresa que gestiona el centro no es buena desde hace mucho tiempo. "Hace años que pido la hoja de reclamaciones y no hay manera", afirma un familiar.