Salut Pública acusa al geriátrico Aragó de haber puesto en "riesgo muy alto" a los ancianos en el brote de salmonela

La Agència de Salut Pública de Barcelona, un organismo que gestiona servicios por encargo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, sostiene en un informe al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO que las “malas prácticas” detectadas en el Geriàtric Aragò de julio a septiembre de 2022 produjeron “un riesgo muy alto para la salud para todos los residentes” del centro, lo que se “materializó” en la infección de 37 personas por salmonela, de los que ocho falleciero. Un juez investiga, a raíz de una denuncia de la fiscalía, si los responsables de la residencia podrían haber cometido ocho delitos de imprudencia graves con resultado de muerte. El geriátrico asegura que el informe de l'agència no refleja la realidad del centro y asegura que todo se esclarecerá en los juzgados. La Conselleria de Drets Socials, por su parte, mantiene que a día de hoy el centro ha rectificado y está aplicando mejoras.

El geriátrico Aragó seguía sumido en caos y suciedad meses después del brote mortal de salmonela

El informe final de evaluación de la Agència de Salud, fechado el pasado 23 de marzo, es demoledor respecto a supuesta la falta de higiene en el centro y a las condiciones en la que vivían los ancianos. “En cualquier caso, el riesgo para la salud pública de los residentes en este establecimiento no se podrá considerar controlado mientras las prácticas de trabajo no se adapten de forma fehaciente a los mínimos de calidad”, tanto asistenciales como de atención médica, recalca el documento. Y no solo califica la actuación de los responsables del geriátrico de “malas prácticas”, sino que también señala una “falta de atención sanitaria y/o negligencia” en la asistencia a las personas que residían en la residencia.  

De ahí que trasladara una serie de recomendaciones a la Conselleria de Drets Socials, como que no se autorizaran nuevos ingresos, "ni temporales, ni indefinidos; ni públicos, ni privados", ya que las “malas prácticas existentes” son, a su entender, "un indicio racional de la existencia de peligro para la salud de las personas residentes y está supuesto un riesgo para la salud pública”.

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Expediente sancionador

La Agència de Salut, además, propuso remitir el informe al departamento de Drets Social para que incoara un expediente sancionador “por las infracciones administrativas” que podría haber cometido la residencia. Al entender de este organismo, los responsables del geriátrico (administrativos y sanitarios, precisa), “por acción u omisión, han vulnerado las disposiciones legales”. Las fuentes de la Administración catalana confirmaron a este diario en su día que la Generalitat sancionó a la residencia, aunque evitaron precisar en qué consistió esa medida y la cantidad que implicó. También pidieron que no se ingresara a nuevos ancianos, algo que se aplicó en septiembre de 2022.

La Agència de Salut Pública también recomendó a la Conselleria de Drets Socials que se replanteara si quería seguir ofreciendo plazas públicas en este geriátrico, ante "los distintos aspectos objetivados de malas prácticas". Fuentes de la 'consellería' explican que optaron por realizar inspecciones periódicas y comprobaron que se iban aplicando las recomendaciones propuestas, por lo que decidieron seguir colaborando y hacer un seguimiento exhausitivo. "Si se hubiera tenido que cerrar, tenemos espacios donde ubicar a los residentes, este factor nunca ha sido un motivo para no cerrar el centro", insisten desde la 'consellería', que recuerdan que el juez también declinó la petición de la fiscalía de cerrar el geriátrico como medida cautelar.

Jeringuillas usadas en las estanterías

El informe de la Agència de Salut remarca que el vehículo de transmisión de la salmonela en un primer momento (entre el 28 y el 30 de julio del 2022) fue de persona a persona y, posteriormente, por la contaminación de una fuente común de comida, por los utensilios utilizados o por la superficie del mobiliario.

Después de esas fechas, el contagio se extendió de persona a persona, aunque, incide, debe tenerse en cuenta la falta de autonomía de los residentes, “la situación de suciedad observada durante las diferentes visitas” tras descubrirse en brote (cuatro en agosto y septiembre del 2022) y la “no aplicación de las medidas de limpieza y desinfección”. En definitiva, argumenta, se produjeron como “consecuencia de una incorrecta e insuficiente aplicación de los procedimientos de higiene de las personas” y de limpieza de espacios y superficies comunes. Un ejemplo: en una de esas inspecciones se hallaron jeringuillas abiertas y usadas en unas estanterías.

Lavabos sucios y falta de guantes

De hecho, la Agència de Salut habla de lavabos “muy sucios”, sillas de ruedas tiradas en el suelo, "suciedad marrón" en las adaptadas para la ducha, pomos de las puertas pegajosos o mesas sucias, con resto de bebida o comida. En los baños de diversas plantas del centro, los técnicos comprobaron que no había guantes, batas de un solo uso, ni productos de limpieza y desinfección, ni tampoco depósitos para eliminarlos. Los recursos humanos existentes, en su opinión y tras revisar la documentación entregada por el centro, no permiten la ejecución de las labores descritas en condiciones descritas.

El informe, precisamente, dedica un apartado al número de guantes que se necesitaban en 2022 para atender a los pacientes y los que supuestamente se adquirían. En este sentido, los técnicos concretan que la necesidad estimada de guantes, teniendo en cuenta que había 45 personas con alta dependencia y 68 que necesitaban pañales, sería de un mínimo de 287 cajas de 100 unidades al mes sin brote infeccioso y 358 cajas si lo hubiera. Si el gasto real, indicen los expertos, correspondiera a un albarán de 21 de septiembre de 2022, en los nueve meses de ese año se habrían comprado 333 cajas entre todas las tallas, cuando deberían haberse usado 2.654 cajas. Y apunta: "En el mes de agosto, con el brote activo, no se produjo ningún aumento del gasto".

Encuestas de satisfacción positivas

Por su parte, los abogados del geriátrico mantienen que este informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona "no refleja la realidad del centro". "La dirección del centro y todos sus trabajadores hacen todo lo posible para garantizar un buen trato a los residentes en todas sus esferas, y tenemos la certeza de que esta situación se esclarecerá en sede judicial", argumentan. Aseguran que las familias que hay actualmente en el centro, así como los residentes "están muy contentos". Prueba de ello, dicen, es que siguen en el centro a pesar de la información publicada. Añaden, además, que obtienen "muy buena puntuación" en las encuestas de satisfacción internas y anónimas que hacen los residentes y sus familias sobre distintos aspectos de la residencia.

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