¿Han cambiado los geriátricos tras el covid?: "Seguimos como antes"

Entre marzo y abril de 2020 cada día morían entre 100 y 200 personas en las residencias catalanas por la pandemia del coronavirus, especialmente en las residencias más grandes. A día de hoy, la mortalidad ya supera a los 10.000 fallecimientos. La falta de material de protección en los centros, pero también las evidentes faltas de personal y de atención sanitaria evidenciaron que el modelo de atención a los más vulnerables hacía aguas por todas partes.

Desde entonces, y con el objetivo de revertir la situación, a nivel político, por ejemplo, se ha celebrado un pleno del Parlament de Catalunya dedicado únicamente a este asunto, se ha constituido una comisión parlamentaria a puerta cerrada que debe esclarecer lo ocurrido y proponer mejoras o ha habido un acuerdo del consejo interterritorial impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales repleto de recomendaciones. Todo buenas intenciones.

Sin embargo, en el día a día, nada parece que haya cambiado. Los anuncios y los acuerdos parecen más bien papel mojado o estrategias a largo plazo, mientras que directores y trabajadores de residencias no entienden como esas buenas intenciones no se traducen en acciones reales dos años después de la pandemia. Sólo las residencias que pueden, y quieren, hacen esfuerzos para mejorar la calidad de la atención. "Estamos haciendo esfuerzos para paliar el abandono institucional", se queja Andrés Rueda, director de la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia (ASCAD).

Unidades de convivencia: a cuentagotas

Uno de los mantras que expertos, el sector y las propias administraciones han repetido hasta la saciedad es la necesidad de acabar con las macroresidencias donde el funcionamiento se asemeja a una cadena de producción. En su lugar, han propuesto crear unidades de convivencia. Espacios de máximo 15 personas, con cocina y salas propias, con habitaciones y baños individuales y donde el funcionamiento se adapte a lo que quieran y necesiten los residentes. Según la Generalitat, en estos momentos hay tres residencias en Terrassa, Sabadell y Barcelona que se están construyendo bajo estos criterios.

En el resto de centros, más de mil geriátricos en Catalunya, nada parece haber cambiado. "¿Como hacemos esta reconversión? ¿Quién nos ayuda? No nos dan dinero, ni líneas de crédito. Es imposible plantear obras así", lamenta Rueda, que advierte de que si hay que reducir el número de residentes, aumentarán las listas de espera.

Ratios, la clave que sigue estancada

Hay total unanimidad entre sindicatos, patronales y expertos que el decreto de la Generalitat de 2014 fija mínimos de personal que resultan totalmente insuficientes: hacen falta más manos. Los residentes cada vez son menos autónomos, tienen más dependencia, más problemas de movilidad, enfermedades crónicas y demencias.

ASCAD calcula que la atención de las funciones básicas en la residencia se cubre con más de 16 horas de trabajo, aunque los turnos solo son de 11. La patronal Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) defiende ratios globales, donde cada centro, en función del estado en el que estén sus pacientes, determine cuántos profesionales necesita. La Sociedad Española de Gerontología, igual que ASCAD, pide duplicar las ratios actuales para garantizar una atención de calidad.

Por su parte, los sindicatos afirman que los empresarios pueden aumentar las ratios que marca la ley, que son de mínimos, pero no quieren porque prefieren "ganar dinero". Las patronales responden escudándose en los problemas de financiación pública.

A día de hoy, el mínimo de personal de atención directa es de uno por cada cuatro pacientes. Esto se traduce en una hora y media al día de gerocultora (se dedican a las limpiezas, aseo o dar la comida), 11 minutos al día de enfermera, tres minutos al día de terapeuta ocupacional, psicólogo y educador social, seis minutos al día de fisioterapeuta y un minuto y medio al día de médico. De noche la proporción fluctúa. En los centros con más usuarios se cuenta con un trabajador por cada 50 personas. En los más pequeños, uno por cada 35 o 40. Además, muchas de estas ratios no se cumplen porque cuando hay personal de baja es "prácticamente imposible encontrar sustitutos", en palabras de directores de geriátricos.

Derechos laborales: miseria y compañía

La falta de personal en los geriátricos, que se viene arrastrando desde antes de la pandemia, es especialmente grave con las enfermeras. Las profesionales prefieren trabajar en la atención primaria o los hospitales donde pueden cobrar casi el doble de lo que ganarían en un geriátrico. "Nos hemos visto obligados a contratar personas que estudiaron enfermería en otro país pero aún no tienen el título homologado", reconocen algunos directores de residencias. Jaume Androver, de la UGT, explica que hay auxiliares gerocultoras obligadas a hacer algunas de sus funciones (como curar llagas) aunque no estén formadas para ello.

El drama de la falta de enfermeras es solo una trinchera de la lucha por los derechos de los trabajadoras de los geriátricos. Las bajas laborales son frecuentes. Rueda y Botella las cifran en alrededor de un 30%. "Hay cuidadores que están peor que los abuelos que cuidan. Dime como una cuidadora limpia a 20 ancianos en diez minutos.... o se dejan de hacer cosas o acaban destrozados: física y mentalmente. Los trabajadores están muy quemados. Y cobrando poco más que el salario mínimo", sigue Androver.

El anterior 'conseller', Chakir el Homrani, intentó a la desesperada una subida de sueldos. Presionó a las patronales para que crearan un nuevo convenio catalán mejor que el estatal. "El nuevo convenio solo afecta a los centros concertados, un 30%", lamenta Androver. En éstos, el sueldo de los trabajadores ha subido un 9% entre 2021 y 2022. "Para una gerocultora, el aumento es de 58 euros al año...", apunta el sindicalista. El 70% de centros restantes también deberían subir los sueldos un 6% este año, aplicando el convenio estatal. "Pero hay patronales que se niegan a ello", critica Androver.

Financiación: el eterno estira y afloja

La Generalitat financia el 65% de las camas geriátricas. Un 2% son centros públicos. El resto son fundaciones o empresas privadas que reciben los fondos del Govern vía conciertos para atender a personas dependientes que tienen reconocido el derecho a ir a una residencia. La Generalitat calcula que atender a un dependiente cuesta entre 1.500 y 1.800 euros al mes, en función del grado de dependencia. El sector lleva años denunciando que estos precios son muy bajos. "Desde 2010 los costes han subido una barbaridad pero ellos nos pagan lo mismo... las cuentas no salen", lamenta Vicente Botella, de la patronal Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR). Un lamento al que se suman ACRA y el resto de asociaciones.

Antes del covid, el 'conseller' El Homrani subió el precio de la plaza pública un 1,2%. En 2021 la volvió a subir un 4% y la hasta ahora 'consellera' Violant Cervera repitió esta misma subida para 2022. Pero el sector cree que son aumentos "humillantes". Según ASCAD, para igualarlo a la inflación, y los cambios necesarios a aplicar, la subida debería ser de un 20% y llegar a los 2.400 euros.

Por su parte, el Govern lleva años señalando al Ejecutivo español. La ley de la dependencia dice que las aportaciones públicas deben financiarse al 50% entre Estado y Autonomías. Según el Departament de Drets Socials, la Generalitat paga el 82% de los gastos y el Gobierno central no llega al 20%.

Atención sanitaria: buena voluntad y nada más

"Depende". Es lo que responden las patronales y los trabajadores a la pregunta de si, al menos, ahora la sanidad pública está más presente en los centros residenciales que antes de la pandemia. El covid destapó lo que era un secreto a voces: no había ningún tipo de coordinación. Los médicos de la atención primaria entraron por primera vez en estos centros por el covid. ¿Esto se ha mantenido?

"Cada vez hay mas centros que tienen acceso al historial compartido, pero depende de lo sensibilizado que esté cada ambulatorio", cuenta Rueda. "No tenemos acceso a la receta electrónica, se hacen más llamadas con el CAP... pero no tienen intención de entrar ni de asumir la asistencia diaria del centro. Ellos también van saturados", añade Botella. La patronal ACRA añade una crítica: "Es su obligación atender a los usuarios de las residencias para evitar derivaciones hospitalarias o visitas al CAP".

Los 'exconsellers' de Salut y Drets Socials impulsaron la creación de la Agencia de Atención Integral Social y Sanitaria (AAISS) que debía poner orden en todo este engranaje. Es la cuarta vez que el Govern intenta algo similar.

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