El Parlament abre una 'comisión de la verdad' a puerta cerrada por las muertes en las residencias de Catalunya

El Parlament de Catalunya es, de momento, la única institución en España que va a investigar qué sucedió en las residencias de ancianos durante la pandemia del coronavirus. Allí han muerto el tercio de los fallecidos por coronavirus, más de 9.000 residentes. Los grupos parlamentarios de ERC, JuntsxCat y PSC han aprobado este miércoles la creación de un grupo de trabajo, compuesto por expertos designados por los partidos, que deberá esclarecer que falló en los centros, quién tiene responsabilidades directas y qué hay que hacer para que jamás vuelva a ocurrir. Las asociaciones de familiares tienen pocas esperanzas en que este trabajo dé frutos y prefieren una comisión de investigación dentro de la cámara y con comparecencias públicas. "Nos han colado un gol", afirma una entidad.

El reguero de muertos no deja de crecer día tras día, aunque hoy, tras la exitosa campaña de vacunación, la realidad es bien distinta. Hace apenas dos años los muertos en los geriátricos se contaban a centenares. Muchos ancianos fallecieron esperando un traslado hospitalario que jamás llegó, y en los centros más afectados, los cadáveres reposaron horas en las camas mientras esperaban la llegada de la funeraria. En aquellos primeros meses de pandemia, pocos familiares pudieron dar el último adiós a sus allegados y muchos cargarán con un peso enorme por haberlos internado en los geriátricos. Los trabajadores no daban más de sí, y tenían que usar bolsas de basura para imitar mascarillas, guantes o equipos de protección individual. Faltaba material, faltaban manos, y la debacle fue espantosa.

Este es el relato de lo que, hasta hoy, se sabe que ocurrió durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus en los geriátricos catalanes. Pero los familiares llevan meses pidiendo explicaciones. "Queremos saber quién tomó las decisiones, quien impidió que llegaran las ambulancias, si hubo negligencias, maltrato y abandono. Y quien es el responsable de ello", insiste Maria José Carcelén, portavoz de la coordinadora de familiares de residencias 5+1. "Esto ha sido una masacre y hay que hacer una investigación a fondo para saber la verdad de todo lo que ha ocurrido, hay muchos que están haciendo negocio en este sector", insiste también Robert Martínez, miembro del Moviment Residències Catalunya.

Con 'flashes' o a puerta cerrada

La polémica por la comisión de investigación de residencias en Catalunya viene de lejos. En el primer pleno monográfico que hizo el Parlament tras el parón de la primera ola del coronavirus los grupos políticos aceptaron, por unanimidad, crear una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido. La idea era programar comparecencias públicas de un largo listado de invitados, entre ellos el 'conseller' Chakir el Homrani, el presidente Pedro Sánchez o el ministro Salvador Illa. Con la convocatoria de elecciones catalanas en febrero de 2021, esta comisión decayó. Y tras la composición del nuevo Parlament los apoyos para reprenderla cambiaron.

En septiembre, el PSC propuso montar un grupo de trabajo, formado por expertos en atención sanitaria y cuidados, que investigara el asunto. ERC y JuntsxCat aceptaron la idea, y finalmente lo han aprobado este miércoles en comisión parlamentaria. "Hay que saber qué pasó pero sin que que el debate político entorpezca esta seria labor de investigación", ha justificado el diputado socialista, Raúl Moreno. "Habrá que escuchar a familias, sindicatos, trabajadores, patronal... todo el mundo debe dar su versión", ha prometido Moreno.

Vox también ha votado a favor, algo que el partido de extrema derecha no hizo en la comunidad de Madrid, donde dio carpetazo a la comisión de investigación de las residencias. El resto de grupos parlamentarios (Comuns, CUP y Ciudadanos) se han abstenido. La diputada de la CUP, Basha Changue, ha tachado la propuesta de "filibusterismo parlamentario" que sólo sirve para "escurrir el bulto". Y Jéssica González, desde los 'comuns' ha considerado que esta fórmula "no garantiza el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las familias".

La gran diferencia es que, según el reglamento de la cámara, la comisión de investigación se hace a puerta abierta, es retransmitida y son los parlamentarios los que interrogan a los comparecientes. Además, las conclusiones de estas investigaciones deben ser ratificadas por el pleno del Parlament y si es necesario, pueden llegar hasta la Fiscalía Superior de Catalunya. En cambio, en los grupos de trabajo todo queda más abierto. Lo único que está claro es que los partidos designarán a sus expertos en las próximas semanas, y serán éstos los que piloten la investigación. Un mecanismo similar al que ha usado el Congreso de los Diputados para tratar el acoso sexual infantil en la iglesia. "Puede que se hagan comparecencia a puerta cerrada o abierta, y las conclusiones también pueden llegar hasta el pleno si lo consideramos necesarias", apuntan fuentes socialistas.

Reacción de los familiares

"Ojalá no tengamos razón, pero no tenemos ninguna esperanza en ello. ERC y Junts designarán a sus expertos para taparse las vergüenzas y esto sólo servirá para encubrirse entre ellos", se queja Carcelén. Sin embargo, pide al menos que les dejen participar en estos grupos de trabajo y que puedan decir su opinión. También el Movimiento Residencias Catalunya se opone a esta medida. "Nos han colado un gol, esto va a servir para muy poco. Los partidos no tienen interés en investigar, y los expertos que sean designados van a ir a cubrir los intereses de los partidos y no querrán dejarles mal. Acabará con que fue un accidente y nadie pagará por esta masacre", añade Martínez.

Opinión de expertos

Algunos expertos, quizá, sean los integrantes de la Societat Catalana de Geriatria y Gerontologia de la Academia de Ciencias Médicas. "Lo que ahora necesita la atención a los mayores es que hagamos un buen diagnóstico, un buen análisis, pero para sacar propuestas, mejoras. Debemos ser propositivos, no punitivos", pide Montserrat Solé, miembro de la junta de la entidad y especializada en atención clínica de los residentes. Amnistía Internacional también cuenta con expertos que llevan tiempo investigando la vulneración de derechos humanos en los geriátricos. "Nosotros pensamos que la comisión de investigación era la mejor opción, sobretodo para dar voz a las familias, pero bienvenida sea cualquier iniciativa parlamentaria que abre la puerta a hablar de lo sucedido", dicen desde la entidad.