La precariedad imposible de las residencias de ancianos

Una tormenta perfecta. Así es como varios expertos explican la crisis vivida en las residencias de ancianos. Unos centros donde la precariedad laboral, la falta de personal sanitario y la escasez de recursos públicos llevan demasiados años instalados. 

"Siempre hemos sido el eslabón más débil, y en el que se acumula la gente más frágil", dice Ricard Buitrago, director de la residencia Amavir Diagonal de Barcelona. "Si ya había poco personal, con el virus menos. Es que las residencias ya estaban al borde del colapso antes de que llegara el virus", explica desde su confinamiento en Toledo Amparo García, que tiene a su madre ingresada en la residencia Vitalia de Leganés (Madrid), una de las que más muertes ha registrado en toda España. El centro cumple con la media precaria del sector. Según Amparo –no ha sido posible obtener el punto de vista de la empresa–, tienen un médico por la mañana, uno por la tarde, hasta hace diez días ninguno por la noche y uno de fin de semana. Llegada la hora de dar de comer a los ancianos, dos auxiliares se las ven con 24 personas. "No hay tiempo para decirles: ‘Venga, abuelita, una cucharada más’", indica Amparo. "¡Y lo peor de todo esto es que esta precariedad es legal. Son las ratios que permite la ley!", protesta.  

Es precisamente este el motivo por el que en Catalunya, patronales, sindicatos y entidades sociales llevan ya diez años pidiendo más recursos de la Generalitat a los geriátricos, sin apenas arañar mejoras. El Govern paga 61 euros cada día para alojar a los ancianos con más demencia y dependencia. "Con esto tenemos que pagar las tres comidas, los fármacos, los médicos, enfermeros, psicólogos, terapeutas, gerocultores para hacer las actividades, y los cuidados que requieren, es imposible", remarca Vicente Botella, representante de la Unió de Petites i Mitjanes Residències. Una afirmación que comparten la patronal ACRA y el tercer sector. 

Estos son los precios que el Govern paga desde el 2010, y que tras años de recortes, solo han ascendido un 2%. Es por ello que los cuidadores que trabajan en los centros apenas llegan a los mil euros al mes, que no se encuentran enfermeros ni médicos porque prefieren trabajar en hospitales y que una mejora de las ratios de profesionales es implanteable si no hay asociada una mejora de la financiación pública, según el sector. 

Y con este panorama, otra derivada es que las concesiones a privados para gestionar residencias públicas está colocando a grandes empresas constructoras o fondos de inversión en el cuidado de los más vulnerables. "Las administraciones han permitido que se haga negocio con estas personas, es gravísimo", se queja el presidente de la Confederación del Tercer Sector, Joan Segarra.  

También se unen a esta crítica los familiares de residentes de Barcelona y su área metropolitana, agrupados en la Coordinadora de Residencias, que piden un cambio profundo de la ley que regula el negocio: "Queremos que se modifiquen los pliegos de las contratas, no puede ser que se acepten costes más bajos que los del 2010, hay que acabar con las bajas temerarias que la administración admite continuamente", levanta la voz María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora.

"Los problemas de las residencias que siempre han estado allí, pero hemos preferido no mirar, no levantar la alfombra, y el virus se ha encargado de hacerlo", sentencia el doctor Jordi Amblas, vicepresidente de la Sociedad Catalana de Gerontología. "Debemos reflexionar si, como sociedad, estamos dispuestos a pagar más por la atención a la vejez, y sobre todo que tipo de atención queremos que sea", añade el doctor.