La paradoja de la inmigración: cada vez más necesaria, cada vez más incómoda

Si había alguna duda acerca de que el debate sobre la inmigración va a estar en el primer plano en el futuro inmediato en Europa, dos noticias catalanas de los últimos días habrán contribuido a disiparlas. Primera: la polvareda que se levantó al conocerse los nombres de los primeros bebés de 2024, casi todos ellos de padres inmigrantes. A algunos guardianes de las esencias pareció molestarles que esos niños y niñas no fueran lo suficientemente autóctonos, y dieron cuenta de sus quejas en las redes sociales. Segundo: el hecho de que para ceder sus votos a Pedro Sánchez esta semana en el Congreso, para aprobar varios decretos sociales, Junts haya pedido competencias sobre inmigración en Catalunya.

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Inmigración, un pacto opaco

Al margen de las concreciones finales que pueda tener ese acuerdo (porque de momento es vaporoso, parece inscribirse en la atávica lucha de poder entre las facciones del soberanismo, y es muy improbable que permita decidir a la Generalitat por ejemplo sobre la expulsión de inmigrantes, como ha pedido Jordi Turull), es significativo que Junts haya pedido y exhibido precisamente un pacto en esa materia. Ofrece pistas de cuál va a ser uno de los asuntos estrella de las próximas elecciones catalanas, y también de cuál va a ser el eje de actuación de Junts con respecto a las políticas de inmigración, en un momento en que Vox lleva años asentado en el tablero español y en que, en clave catalana, despuntan opciones como la xenófoba Aliança Catalana, que ha logrado la alcaldía de Ripoll. 

Oleada europea

En muchos países europeos han crecido electoralmente partidos que defienden poner coto de una manera o de otra a la llegada de extranjeros. En Italia gobierna por primera vez la ultraderecha: ganaron las elecciones los Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni, que se ha convertido en primera ministra. En Francia se aprobó recientemente una ley que endurece las condiciones para el reagrupamiento familiar, dificulta la nacionalización y la regularización de los extranjeros y les restringe las ayudas sociales; la extrema derecha, muy potente en el país y liderada desde hace décadas por la estirpe Le Pen, presentó la nueva norma como un triunfo propio. El Reino Unido firmó un acuerdo con Ruanda para deportar allí a los inmigrantes ilegales que entren en el país mientras endurece las condiciones para obtener visados con el objetivo de reducir las llegadas legales en 300.000 personas. En Suecia, antaño uno de los países con menos restricciones de acogida, los extranjeros están ahora en el punto de mira por las guerras de bandas que han envilecido el país: "Son culpa de una política de inmigración irresponsable y una fallida integración", ha afirmado el primer ministro Ulf Kristersson. Incluso en Alemania, cuyas políticas con respecto a los extranjeros llevan décadas condicionadas por su pasado, se anuncian "deportaciones a gran escala". 

Suecia, el paraíso europeo... de las bandas armadas

Artífices del crecimiento

En todos esos países se han endurecido en los últimos tiempos las políticas de inmigración. La paradoja es que numerosos informes económicos advierten de que Europa necesitará a los inmigrantes para sostener su estado del bienestar. Y en un número importante: unas estimaciones de la ONU sostienen que para el 2050 el continente habrá tenido que importar hasta 60 millones de trabajadores extranjeros, sobre todo a causa de la caída de la natalidad; el Agering Report de la Unión Europea va en una línea similar.

Los estudios indican, además, que los inmigrantes ya han ayudado en el pasado reciente a lograr grandes desarrollos económicos: entre 1997 y 2007, aproximadamente el 45% del enorme crecimiento del PIB español –que se mantuvo casi sin excepción por encima del 3% anual– se explica por la llegada de la inmigración. "Se pasó de 39 o 40 millones de habitantes a 45 o 46 millones. Eso es más demanda de vivienda, más recaudación. Desde el punto de vista fiscal también hay beneficios: llegan jóvenes, dispuestos a trabajar, no hay que formarlos, tienen poco gasto sanitario (porque el 50% del gasto sanitario se hace en los últimos años de vida), ya no van al colegio, y aún no cobrarán pensiones", resume el economista Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y gran experto en las implicaciones económicas de la inmigración.

¿Cómo se explica entonces el auge de los partidos antiinmigración? Oliver da dos razones. La primera, de cariz ideológico: "Europa es racista, y punto. Sigue habiendo una visión colonial, nos seguimos considerando superiores como cultura".

Pero hay otra, que seguramente influye tanto o más que la idiosincrasia del continente. Aunque en términos globales no hay duda de la necesidad de la inmigración, en términos individuales hay sectores de la sociedad que salen perjudicados de su llegada. "Los beneficios macroeconómicos a veces se traducen en perjuicios microeconómicos, sobre todo para las personas con ingresos de nivel bajo. La inmigración se concentra en algunos sitios, se generan guetos, y en esos sitios el precio de la vivienda caerá, seguramente caerán los salarios y habrá más competencia por servicios como educación o sanidad", dice Oliver.

"Van donde hay trabajo"

"España espera recibir en los próximos años en términos netos 500.000 inmigrantes por año; en Catalunya en torno a 100.000. No se distribuyen aleatoriamente por el territorio: van donde hay trabajo y se concentran alrededor de las grandes ciudades. Son unas 200.000 familias nuevas al año en España. ¿Dónde se coloca esta gente? Donde puede. ¿Qué oferta de vivienda nueva para atenderlos hay? Cero. Hay algunas medidas pero estamos muy retrasados", insiste.

Pero la paradoja sigue sobre la mesa. ¿Cómo mantener el crecimiento económico sin la llegada de inmigrantes? Los números macroeconómicos a los que alude Oliver son incontrovertibles: si en el año 1995 cumplían 21 años unas 750.000 personas en España; en 2022, último con estadísticas completas, nacieron menos de 333.000 niños en el país. El déficit de mano de obra va a crecer en las próximas décadas, porque el envejecimiento del continente es rápido, la crisis demográfica incide especialmente en países como España y ninguna previsión indica que la situación vaya a cambiar en poco tiempo; es decir, que el índice de natalidad español vaya a dispararse muy por encima de los 1,2 hijos por mujer actuales. Por eso, el economista opina que "los partidos que piensan en restricciones severas deberían decir cómo piensan pagar las pensiones y el Estado del bienestar" si no es a través de la llegada de inmigrantes.

Los partidos que piensan en restricciones severas deberían decir cómo piensan pagar las pensiones y el Estado del bienestar

Josep Oliver

— Catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAB

En cualquier caso, no está nada claro que los gobiernos puedan realmente impedir la llegada de inmigrantes. Economistas como Lant Pritchett, profesor en Oxford, experto en desarrollo y crecimiento económico, sostienen que los recelos contra la inmigración no tienen sentido histórico, porque solo se han producido restricciones a partir del siglo XX, y que caerán por su propio peso, como la segregación de los afroamericanos en Estados Unidos o la minusvaloración del papel de las mujeres en la sociedad.

Oliver también asegura que es casi inevitable que llegue gente de fuera para cubrir los puestos que la crisis demográfica deja vacantes. "La demanda de trabajo no cubierta se filtra al exterior. Alguien llega aquí, encuentra trabajo, llama a su familia. El PP lo llamó en los 2000 el ‘efecto llamada’, pero el ‘efecto llamada’ es que hay puestos de trabajo que no se llenan. Eso es la inmigración. Otra discusión es si la que llega nos conviene", afirma.

Revertir los beneficios

El crecimiento de los partidos ultraderechistas, los que tradicionalmente se muestran más combativos contra la inmigración, se sustenta a menudo –en Francia el mapa es muy claro– en las zonas de tradición obrera e izquierdista. Es allí donde se produce la competencia entre los autóctonos y los recién llegados: por la vivienda, por los empleos. ¿Cómo compensar a esos barrios, que son los que sufren el impacto negativo del fenómeno? "Una política razonable para intentar no perjudicar a segmentos de la sociedad es revertir una parte importante de esos beneficios en esos ámbitos, a través del sistema fiscal", afirma Oliver. Es decir: que sean los principales favorecidos del saldo neto de la inmigración desde el punto de vista macroeconómico, por ejemplo con la construcción de infraestructuras o con la mejora de los servicios sociales.

Pero eso no suele suceder, porque, al menos en Catalunya y en España, ha habido muy pocos controles sobre la inmigración. "En Alemania, en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, cuando recibía una gran inmigración de españoles, italianos, portugueses o turcos, el empresario alemán de la época debía llevar ante las autoridades el contrato de trabajo de la persona y la cédula de habitabilidad de dónde iba a vivir; si no, no les daban el permiso", explica Oliver.

Este economista, que también critica que algunos ámbitos de la izquierda política "se hayan pasado" de tolerantes con los recién llegados que no acepten determinados valores democráticos, no tiene grandes esperanzas en que la paradoja del crecimiento de los partidos xenófobos cuando más se necesita a los inmigrantes se resuelva en los próximos tiempos. "Para integrar mejor habría que hablar de más impuestos y de otros temas que los partidos no quieren abordar porque no son populares, y porque cuestan mucho dinero. Las tendencias de fondo xenófobo continuarán subiendo, aquí y en toda Europa", pronostica. 

Récord de muertes

Todo este debate económico en torno al fenómeno de la inmigración convive con el drama humano que conllevan los intentos desesperados de los más desfavorecidos de llegar a países del primer mundo; Olivé piensa que la atención a estos demandantes de asilo es "obligada". La oenegé Caminando Fronteras ha presentado esta semana un informe que recoge que 6.618 personas perdieron la vida en el mar intentando llegar a España solo en el año 2023. La noticia pasó bastante desapercibida en los medios.

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