Inmigración, un pacto opaco

La primera prueba de fuego de la legislatura para Pedro Sánchez se ha saldado con un resultado llamativo, aunque solo relativamente inesperado vistos los antecedentes. Tras días de rotunda negativa por parte de Junts per Catalunya, un acuerdo 'in extremis' ha hecho posible la aprobación de dos de los reales decretos sometidos a la convalidación, el decreto ómnibus y el decreto de medidas anticrisis. Hay algunos aspectos del acuerdo que tienen que ver con el amplio contenido de lo regulado en ellos, pero lo cierto es que el contenido del acuerdo PSOE-Junts los excede ampliamente. 

Junts ha logrado que se hable de un mecanismo que incentive fiscalmente a las empresas que se fueron de Catalunya en 2017 (no sanciones si no vuelven tal y como había avanzado) y sorpresivamente parece haber arrancado dos aspiraciones largamente reivindicadas por los partidos nacionalistas catalanes, la publicación de las balanzas fiscales así como la delegación de las competencias en materia de inmigración, una competencia exclusiva del Estado parte de cuya gestión, de acuerdo con el Estatut, recae en la Generalitat.

Es este anuncio el que, además de dudas sobre su constitucionalidad, genera más interrogantes que hay que resolver. Se desconoce cómo se llevará a cabo un traspaso que afecta a diversas consejerías y ministerios que hasta este jueves no sabían nada. Y cómo puede parcelarse autonómicamente una gestión que afecta a la gestión de fronteras internacionales y a aspectos, como la distribución de los recién llegados a territorios como Canarias, que requiere de ejercicios de solidaridad interterritorial. Pero más allá de las dudas operativas y competenciales, la fórmula del acuerdo vuelve a poner sobre la mesa la irregularidad que supone que Junts se pueda atribuir, en función de su peso en la gobernabilidad, una representatividad de los intereses de Catalunya que no se corresponde a su peso electoral como cuarto partido catalán en las últimas generales (y en la oposición en el Parlament). Que lo acordado en Madrid fuera lo contrario de lo votado en el Parlament, que rechazó una propuesta similar de Junts, y fuera acordado a las espaldas de quien debería aplicarlo, el Gobierno de la Generalitat, puede venderse como una victoria de partido. Frente a sus oponentes políticos, pero también frente a las instituciones catalanas. Las declaraciones desde Junts sobre la (remota) posibilidad de que un traspaso tenga impacto directo sobre la concesión de permisos de residencia y trabajo, expulsiones y deportación de personas reincidentes (y en concreto, vincular este problema más a la inmigración que a la reforma necesaria del Código Penal) también emite señales preocupantes sobre en qué términos puede convertirse este tema en un eje central de la próxima campaña electoral catalana. 

De lo acontecido el Gobierno de Sánchez puede extraer algunas enseñanzas. Sin tener una sólida mayoría no se puede abusar de los reales decretos. Configurándolos con el formato ómnibus, en una mezcla temática incoherente, existe el riesgo de disgustar a múltiples bandas, de multiplicar los posibles vetos y de tener que lidiar con reclamaciones aleatorias. Y, finalmente, puede trasladarse a la opinión pública que el precio por mantenerse en el poder es una constante subasta con pactos contrarreloj, sin deliberación, sin diálogo y en secreto, algo de lo que la portavoz de Junts se ha jactado y que constituye una perversión en toda regla del juego democrático por mucho 'peix al cove' que pueda exhibirse.