El Govern exige explicaciones a Moncloa por el pacto con Junts y pone en duda el traspaso de inmigración

El pacto Junts-PSOE del miércoles que sirvió para salvar los primeros decretos del Gobierno de Pedro Sánchez no ha sentado bien al Govern de ERC en Catalunya. No tanto por el fondo, del que también tiene dudas, sino, sobre todo, por las formas. El conflicto se produce porque el acuerdo alcanzando entre socialistas y posconvergentes afecta de lleno a las competencias de la Generalitat -por ejemplo, en inmigración-, y desde el ejecutivo catalán aseguran que nadie ha hablado con ellos. Ni los unos, ni los otros.

Fuentes del Govern consultadas por EL PERIÓDICO explican que este jueves por la mañana la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, le ha enviado un mensaje al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pidiéndole explicaciones por el acuerdo. Son dos interlocutores habituales. Un mensaje para saber los detalles del pacto y para recordarle que es ERC y no Junts quien está el Govern y, por lo tanto, quien tendrá que aplicarlo.

Según las mismas fuentes, Vilagrà y Bolaños han acabado hablando por teléfono por la noche. La Generalitat se siente molesta y reclama concreciones a la Moncloa. Tampoco ha sido mejor la reacción entre el Govern y Junts, aunque esto no es nada nuevo porque las relaciones entre republicanos y posconvergentes están rotas desde hace meses.

Los temas problemáticos

De los seis epígrafes que tiene el acuerdo entre el PSOE y Junts, al menos cuatro tiene impacto directo en la labor de la Generalitat. El caso más evidente es el traspaso de las competencias en inmigración. Actualmente, el Govern tiene un margen muy reducido que se regula en el Estatut, y surge la incertidumbre de qué encaje legal puede tener este traspaso, sobre todo si es integral.

Vilagrà ha sido la encargada de expresar en público las dudas y las críticas del Govern. En declaraciones a los periodistas, ha considerado que el pacto entre el PSOE y el partido de Puigdemont es un "compromiso difuso" y sin "ninguna concreción". En la cuestión específica de la inmigración ha llegado a cuestionar que se trate de "ningún traspaso".

Desde el Govern ponen en duda, por ejemplo, que Junts diga que su pacto servirá para que sea la Generalitat y no el Estado quien pueda fijar las condiciones para expulsar inmigrantes con delitos multirreincidentes. "Esto es un tema de extranjería que lleva la Policía Nacional y por el que se deben tener relaciones bilaterales con otros Estados. ¿Eso dejarán que lo gestione la Generalitat?", se pregunta una voz autorizada del Govern. Por ahora, la Generalitat no tiene ninguna concreción por escrito.

Por su parte, el Gobierno ha intentado hacer equilibrios entre defender lo acordado con Junts y, a la vez, tratar de no importunar a ERC. En una entrevista en La 1, Bolaños ha confirmado todas las contrapartidas a Junts, aunque sin entrar en demasiadas concreciones. También ha asegurado que ha habido "contactos" con el Govern para abordar la cuestión.

Los incentivos de la discordia

Otro punto conflictivo del acuerdo PSOE-Junts es el que aboga por incentivar el regreso de las empresas que en 2017 movieron su sede social lejos de Catalunya. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es abiertamente contrario a estos incentivos porque considera que sería tanto como "penalizar" a las compañías que decidieron quedarse en Catalunya pese a lo convulso que era ese momento político. Así, el Govern se ha encontrado con un pacto PSOE-Junts que no comparte -al menos parcialmente-, y del que no ha sido informado pese a que le afecta.

Hay otras aristas del pacto que también tienen incidencia en el Govern, pero se atisban menos problemáticos ya que, si se cumplen, significarían mejores ingresos para la Generalitat. Son aquellos puntos del acuerdo que hablan de mejorar la financiación para la digitalización de la justicia y que el Estado asuma la totalidad del coste de los descuentos y bonificaciones sobre el precio del transporte público.

Junqueras carga contra Junts

Más allá del Govern, Esquerra como partido también ha expresado sus dudas sobre el pacto. Ha sido la número dos de los republicanos en el Congreso, Teresa Jordà, que ha dicho que el pacto PSOE-Junts tiene mucha "letra pequeña" que hay que aclarar. El tema de la inmigración es el principal. En una entrevista con TV3, la diputada ha ironizado que su partido ya tiene "un cierto recorrido" de pactar con el PSOE por lo que sabe que, una vez se ha firmado el acuerdo, luego hay que aplicarlo. Y eso no siempre es fácil.

Más contundente aún ha sido el presidente del partido, Oriol Junqueras, que ha criticado a aquellos que abrazan "los discurso de la extrema derecha que criminalizan personas migrantes" y que, "lejos de resolver las situaciones de pobreza y exclusión, ponen en riesgo la cohesión social". No ha citado expresamente a Junts, pero por el día elegido para pronunciarse así, no ha hecho falta para saber a quién se refería.

En cualquier caso, el pacto entre socialistas y posconvergentes de este miércoles abre un nuevo paradigma en Catalunya: Junts ha negociado mejoras competenciales para una Generalitat en la que ya no manda. Es decir, el partido de Carles Puigdemont ha conseguido las competencias en inmigración, pero será ERC quien deberá asumir el reto de aplicar este acuerdo. Si este esquema funcionará, solo lo dirá del tiempo. Lo que sí está claro es que no ha empezado con buen pie.