Pacto con el Ejecutivo

Junts salva a Sánchez a cambio de competencias en inmigración y de la publicación de las balanzas fiscales

Los posconvergentes acuerdan con el PSOE la eliminación de un artículo que, a su juicio, "amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía"

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Nogueras: "Si quieren los votos de Junts tiene que ganar Cataluña"

PI STUDIO

Fidel Masreal

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Sorpresa final en Junts per Catalunya que ha salvado 'in extremis' al Gobierno de Pedro Sánchez pasando del no a la abstención en los tres decretos que el Ejecutivo sometía a votación. La formación del 'expresident' Carles Puigdemont ha cambiado el sentido del voto tras semanas anunciando un 'no' rotundo a los decretos. Lo ha hecho, según un comunicado del partido, a cambio de obtener competencias en inmigración y la publicación de las balanzas fiscales. También, según JxCat, el Gobierno se ha comprometido a retirar un artículo de uno de los decretos que, según la formación independentista, podría dilatar la aplicación de la ley de amnistía porque ratificaba la potestad de los jueces de suspender tal ley si elevan una consulta prejudicial a la justicia europea.

Según el comunicado de Junts, el Gobierno se ha comprometido con Junts a delegar las competencias sobre inmigración a la Generalitat "con los recursos necesarios". También ha pactado con el Gobierno que este suprimirá el artículo 43bis de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que según Junts "amenazaba la viabilidad de la futura ley de amnistía".

Intensa negociación

En las discretas e intensas negociaciones, JxCat también ha arrancado del Gobierno la publicación "inmediata" de las balanzas fiscales (las que recogen lo que aporta e ingresa cada autonomía a las arcas estatales), la reforma de la ley de sociedades de capital (para reforzar los mecanismos que hagan que las empresas tengan su sede social donde efectúen su actividad, y facilitar así que puedan volver a Catalunya las que cambiaron de sede por el 'procés'), fijar el IVA del aceite en el 0% y multiplicar los recursos para la digitalización de la justicia, así como que el Estado suma el coste de la bonificación del transporte público y el reconocimiento de los derechos históricos de Catalunya "en materia de régimen local".

Este acuerdo ha llegado tras una intervención de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, en la que no ha anunciado el voto en contra y ha instado al Ejecutivo a negociar. "Pacten con Junts y tendrán los votos de Junts; si no, tendrán un problema, tienen a la derecha de la mano de la ultraderecha", ha advertido la parlamentaria independentista, que ha aducido falta de negociación previa por parte del PSOE y ha lanzado dardos implícitos a ERC en un discurso con un tono de firmeza y advertencia.

"Han confundido dialogar con negociar o quizás los tenían muy bien acostumbrados", ha espetado. En su intervención ha aducido cuestiones competenciales y de recursos económicos insuficientes para Catalunya, pero no ha incorporado explícitamente la polémica propuesta de multar a las empresas que no regresen a Catalunya tras el 'procés' o las que no cumplan con la ley en cuanto a la ubicación de su sede social donde tenga su principal actividad.

Con todo, Nogueras ha dejado la puerta abierta si se reforman los decretos. "Están a tiempo de rectificar, si quieren resolver las necesidades de los ciudadanos hagan el real decreto sin trampas y tendrán los votos de Junts", ha afirmado, al tiempo que ha confirmado que se han mantenido negociaciones hasta la pasada madrugada, negociaciones que se mantienen. Pero en todo caso ha reclamado que la negociación ha de llegar antes de la aprobación de los decretos. "No puede ser a posteriori", ha zanjado.

La formación independentista ha negociado intensamente durante las últimas horas con el Gobierno para tratar de encajar sus reclamaciones, basadas en la defensa de la amnistía y las competencias autonómicas, así como la polémica medida de sancionar a empresas que dejaron de tener su sede social en Catalunya y que no regresen. Sanción que en su intervención Nogueras no ha comentado.

Entre las propuestas de Junts, no subir la factura de luz y gas a partir de febrero y que la pequeña y mediana empresa catalana forme parte de la toma de decisiones, así como no incrementar el impuesto especial sobre la electricidad porque los acaban pagando familias y pymes, así como cambiar la ley de sociedades de capital para reforzar la idea de que las compañías han de tener sede donde tienen actividad mayoritaria.

Nogueras ha rechazado la presión del Gobierno a Junts asegurando en varias ocasiones que la responsabilidad es del Ejecutivo por no haber negociado antes con Junts y no haber atendido las necesidades específicas de Catalunya, según la diputada, que también ha cargado contra otros partidos como ERC por "las políticas de los últimos años de espaldas a Catalunya por parte del PSOE, el PSC, Comuns y Sumar, que están matando a nuestro país y nos sorprende el silencio y conformidad de algunos".

El Gobierno presionaba y negociaba

La propuesta formal de Junts es que se retiren los tres decretos ley para que el Gobierno los modifique en las cuestiones competenciales y de financiación de Catalunya, además de la cuestión relativa a la amnistía (en el apartado de uno de los decretos que traslada a la legislación española la posibilidad de que un juez pueda plantear una cuestión prejudicial a la UE antes de aplicar la amnistía). Mientras, en el debate, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños ha presionado a los grupos que puedan votar en contra: "No puede haber ninguna razón política e ideológica" porque se trata de "apoyar a nuestras personas, familias y empresas. Piensen en las personas y no en intereses partidistas".