Más de 66.000 niños catalanes están en listas de espera en la sanidad pública

El empobrecimiento de las familias, fruto de la crisis de 2008, de la pandemia y de los efectos económicos de la guerra de Ucrania, está repercutiendo de forma grave en los niños y adolescentes, que han visto aumentar su situación de vulnerabilidad social. En Catalunya, entre 2016 y 2021 ha aumentado un 14,9% el número de menores en situación de riesgo de pobreza: en los últimos cinco años se ha pasado de 348.600 a 400.400. Casi el 70% de niños en riesgo de pobreza severa no tienen acceso a la renta garantizada de ciudadanía.

Son estas algunas de las cifras del 'Informe sobre los derechos del niño 2022' que la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha presentado este viernes a la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés. La Síndica ha alertado del incremento de la vulnerabilidad en la infancia en los últimos cinco años y ha denunciado la falta de políticas sociales efectivas para hacer frente al problema. Y es que, señala el informe, "el aumento del 36% (1.781 millones de euros) del presupuesto en políticas de infancia no ha comportado una mejora equivalente de la situación de los niños". Un hecho que ya ha detectado el Govern, que está estudiando por qué las ayudas públicas no logran atajar la pobreza infantil. A juicio de Giménez-Salinas, ello sucede porque "o bien no dan cobertura suficiente a todas las necesidades, o bien no se han focalizado en los colectivos más vulnerables". "Hay políticas, pero seguimos teniendo indicadores muy preocupantes", ha incidido la adjunta de infancia de la Sindicatura, Maria Jesús Larios. 

Este panorama de vulnerabilidad creciente tiene un efecto en la salud mental de este grupo de población: en los últimos cinco años se ha doblado la probabilidad de que los niños sufran un problema de salud mental; se ha pasado del 5,1% al 9,4%. Y pese a ello, solo la mitad de menores con problemas de salud mental o discapacidad reciben atención médica. Según el informe de la Sindicatura, en 2021 solo el 11,1% de menores de seis años fueron atendidos en los CDIAP, cuando la prevalencia de problemáticas en esta etapa es del 20%. La media de visitas fue de 0,65 horas por semana, cuando la frecuencia asistencial recomendada debería ser de entre 1 y 1,2 horas a la semana. Situación similar se vive en el servicio de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ). El 5,4% de menores son atendidos por estos profesionales, cuando la prevalencia se sitúa por encima del 10%.

"Un niño ha de poder ser atendido en un plazo razonable y con la intensidad necesaria. Y eso hoy no está pasando"

El informe admite que pese a la situación, hay cierta mejora. En el periodo 2016-2021, aumentó un 12,8% (5.014 más) el número de menores atendidos por el CDIAP y un 17,1% (10.802 más) los atendidos por los CSMIJ. Y aun así, la atención no alcanza a todos los que lo necesitan.  

La desatención alcanza al conjunto del ámbito sanitario: el pasado septiembre había más de 66.000 niños y adolescentes catalanes en listas de espera de la sanidad pública: 50.000 pendientes de consultas externas, más de 4.500 pendientes de pruebas diagnósticas y más de 12.000 pendientes de intervenciones quirúrgicas. En el ámbito de los trastornos alimentarios, hay tres meses de lista de espera para ser atendido.

"Un niño ha de poder ser atendido en un plazo razonable y con la intensidad necesaria. Y eso hoy no está pasando. Tenemos situaciones de insuficiencias en la atenció a la salud mental que tienen efectos en muchos otros derechos. No tener estabilidad emocional puede tener efectos en las trayectorias educativas y relacionales", ha advertido Larios.

Otro dato preocupante: ha aumentado un 19,6% el número de menores con expedientes abiertos en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) por situación de riesgo grave. El informe lo achaca al "déficit en el acompañamiento de las familias en situación de riesgo en el domicilio". Eso desemboca, añade, en situaciones de desamparo que se podrían evitar. Actualmente, por ejemplo, más de 10.000 menores están en situación de riesgo grave o en situación de estudio, con la posibilidad de que acaben siendo tutelados.

Por otra parte, también han aumentado las denuncias por violencia sexual con víctimas menores de edad. En 2016, se registraron 967; en 2021, 1.463, un 51,3% más. Les denuncias por violencia doméstica han crecido un 8,2% en este periodo: de 1.827 a 1.977.

El informe también expone déficits en el campo educativo. Aquí, recoge que el 58% de niños menores de dos años no están escolarizados en educación infantil de primer ciclo. Son, básicamente, hijos de familias desfavorecidas que no pueden afrontar el pago de estos centros. También refleja las dificultades para acceder a becas comedor: el 46,5% de alumnado de educación infantil de segundo ciclo, de primaria y de ESO en situación de riesgo de pobreza no recibe ninguna ayuda individual de comedor escolar. En bachillerato y Formación Profesional, el 20,6% de alumnos en riesgo de pobreza no recibe ninguna ayuda para el estudio. Otro elemento destacado es el abandono escolar: según datos del pasado septiembre, el 16% de jóvenes de 16 a 24 años han abandonado prematuramente el sistema educativo, sin obtener titulación de bachillerato o FP.

La Síndica reconoce la "mejora muy significativa" en la detección de alumnado con necesidades educativas especiales por razones socioeconómicas, pero advierte de que este curso 22-23 "solo se ha detectado el 60% de menores en situación de pobreza".

En cuanto a las extraescolares, un 46% de niños de 3 a 14 años no participan en actividades deportivas y un 65,4% no lo hacen en actividades no deportivas. De hecho, recoge el informe, los hijos de familias con menos recursos educativos participan casi cinco veces menos en este tipo de actividades que los hijos con más capital educativo. En verano, el 64% de niños y adolescentes no han participado en actividades de ocio educativo.

Apoyo a las familias e inversión en salud

El informe incluye una serie de recomendaciones para intentar reconducir esta situación. En primer lugar, insiste en destinar la inversión a aquellos que más lo necesiten. Pone el ejemplo de educación, donde señala que el incremento de recursos se ha hecho de forma lineal al conjunto del sistema. "Medidas como la reducción de ratios, la reducción de horas lectivas del profesorado o la gratuidad de Infantil 2 que se han puesto en marcha este curso, tienen un coste elevado y se beneficia el conjunto del alumnado, independientemente de su situación de vulnerabilidad", señala el informe.

Pide el informe "más impulso" en el frente educativo porque "tanto la segregación escolar como el abandono escolar prematuro generan vulneraciones de derechos y siguen teniendo prevalencia elevada en comparación con otras comunidades autónomas y países europeos. El abandono escolar, por ejemplo, tenía en 2021 una prevalencia del 14,8%, superior a la media de la UE (9,7%) y por encima de la media española (13,3%)

También urge a reforzar las políticas de apoyo a las familias y mejorar el acompañamiento para evitar situaciones que puedan desembocar en que los menores pasen a ser atendidos por la DGAIA. En el frente de salud, la Síndica urge a corregir el déficit de profesionales de pediatría y a mejorar la cobertura de los CDIAP y los CSMIJ.