Los colectivos de bebés robados exigen que la causa se reactive

El próximo enero se cumplirán tres años desde que una de las asociaciones de afectados por adopciones irregulares (Anadir) presentó una denuncia general para que se investigase la presunta trama o tramas de sustracción de bebés que surgieron a principios del franquismo y estuvieron operativas hasta los años 90. En este periodo, espoleados entre otras cosas por la atención mediática, tanto el Gobierno como la justicia han dado algunos pasos destinados a satisfacer las demandas de los afectados. Pero no los suficientes, según las personas que están pasando el trago de buscar infructuosamente a su madre o a sus hijos, que creen que la Administración no les ayuda en la búsqueda, mientras la justicia les cierra la puerta en demasiadas ocasiones sin encontrar a los culpables y ni siquiera investigar. De ahí que los afectados soliciten que no les olviden y se dé un nuevo impulso a la causa.

Con la llegada del PP al poder, Justicia se mostró dispuesta a crear una base de datos para conocer la dimensión del problema, pero finalmente optó por la puesta en marcha de una oficina de atención a las víctimas, que desde su creación, en febrero de este año, solo ha atendido a 361 personas. Muchos de los afectados juzgan inútil la información que les facilita este servicio, mientras otros hubieran preferido la apertura de una oficina en cada provincia, para evitar los desplazamientos.

LOS ESCASOS REENCUENTROS / El Ejecutivo creó además un fichero de perfiles genéticos centralizado, que tan solo ha incorporado 128 ADN. Fuentes del propio ministerio admiten que «cuanto más exigua sea la base de datos, menos probabilidades habrá de reencuentros», de ahí que insten a los afectados en que «confíen» más en esta vía. Hasta ahora, la mayoría los más de 20 (no hay estadísticas fiables) casos con un final feliz han sido fruto del azar.

En cuanto a los tribunales, han imputado al menos a 10 personas, pero aún no han condenado a nadie, según los datos del abogado Guillermo Peña, de la asociación SOS Bebés Robados. Peña, que lleva algunos de los casos con más repercusión, como el que imputó a la fallecida Sor María, considera «francamente probable» que con el paso del tiempo alguno de los culpables sea condenado. Pero augura, no obstante, que el proceso «será largo y complejo» y quizá se demore muchos años.

LAS PRUEBAS / Peña es, sin embargo, uno de los activistas de la causa más optimista. Otros abogados o víctimas se sienten ninguneados por la justicia o la administración, lo que hace que su indignación vaya en aumento a medida que el fenómeno que captó la atención mediática comienza a decaer. Contribuye a su desánimo que la Fiscalía General del Estado reconociese el pasado septiembre que se ve abocada a pedir el archivo de bastantes casos debido a que, con los años, han desaparecido fuentes de prueba «cruciales» tanto documentales como testificales.