Los 5 deberes pendientes del futuro Gobierno con Catalunya

Fue en el debate en el Congreso sobre el Estatut de 1931 cuando José Ortega Gasset aseveró aquello de que "el problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar". Con cada renovación de legislatura fruto de las pertinentes elecciones, llega el inefable momento en que el flamante presidente de Gobierno, aunque sea reelegido, echa la vista donde la 'conllevancia' orteguiana toma forma de carpeta donde se acumulan todos los frentes abiertos entre el Estado y la Generalitat. Estos pueden agruparse en cinco grandes grupos:

La resolución del conflicto político

Cuestión más conocida como 'la madre del cordero'. En la reunión en el palacio de Pedralbes, de diciembre de 2018, ambos ejecutivos pactaron un texto que describía la existencia de "un conflicto político" entre Catalunya y el resto del Estado. Más tarde, y como contraprestación al apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez de 2020, socialistas y republicanos acordaron la creación de una mesa de "diálogo, negociación y pacto" cuyos resultados, tal y como el propio jefe del Ejecutivo ha afirmado por dos veces en sede parlamentaria, deben ser ratificados por los catalanes en la urnas.

Tras quedarse varada en la desjudicialización durante meses, la mesa interrumpió sus trabajos, los públicos y los discretos, justo cuando se iba a adentrar en el proceloso mar de la cuestión nuclear: cómo encajar (o no) la autonomía catalana en el Estado, en materia de soberanía.

Si el PP vence en los comicios del 23-J, Alberto Núñez Feijóo dará 'carpetazo', y nunca mejor dicho, a la cuestión política catalana y, por ende, a la mesa de diálogo. El margen de gestión de Sánchez, por su parte, en caso de victoria, dependerá de la fuerza de ese triunfo y de si la contribución de los partidos independentistas es necesaria o no para su renovación en el cargo.

La parte catalana se mantiene en que lo que se lleve a votación incluya la opción de la independencia, algo a lo que el Gobierno se niega e insinúa, sin desarrollar, que la opción deseable sería una nueva Carta autonómica, con el nombre que se le quisiera dar.

Completar, o no, la desjudicialización

El principal compromiso que ha adoptado Feijóo aun en precampaña es tratar de que la gobernabilidad no orbite alrededor de los partidos independentistas, porque su interés no es el común de los españoles. Muestra de manual, mantienen los conservadores, es la derogación del delito de sedición que también han prometido resucitar tras su eliminación.

De hecho, en la desjudicialización se aprecia aún un mayor abismo entre PSOE y PP que en la cuestión del referéndum de autodeterminación. Allí donde los socialistas ven apaciguamiento y reencuentro, gracias a los indultos concedidos a los condenados por el 1-O, los populares detectan una afrenta al Estado y una amenaza futura para la unidad de España.

Todo ello cuando la rueda de juicios y causas contra independentistas, desde el 'sottogoverno' de la Generalitat de 2017 a ciudadanos anónimos aprehendidos en alguna de las protestas por, entienden ellos, "la persecución del Estado", dista de acabar.

El principal señuelo electoral del PP es la promesa de total irrelevancia de ERC y Junts en el Congreso y de persecución judicial a los que osaron desobedecer al Estado. De fondo, en el marco mental del electorado tipo de la derecha, la figura irredenta de Carles Puigdemont.

A vueltas con la financiación

El aun vigente sistema de financiación autonómica caducó hace nueve años sin que haya atisbo de renovación del cómputo que debe trasladar el Estado, quien recauda la gran mayoría de los tributos, a las regiones. Nada ni nadie es capaz de acercarse al equilibrio interno que facilita el actual sistema cuya modificación provoca las quejas de unas u otras autonomías, en función de la tecla que se toque. Las alineaciones de bando rompen, incluso, el color de los partidos políticos sabedores de que Galicia y la Comunidad Valenciana, por ejemplo, anteponen, unos, los criterios de superficie al de población, y viceversa, sin reparar en qué partido está al frente del Ejecutivo regional.

Nueve años que, además, incluyen los tres de ascenso del 'procés' y los seis de desinflamación tras los hechos de 2017. Y es que uno de los grandes motivos por los que el Estado ha tenido que ir posponiendo la renovación de la fórmula es que Catalunya, si bien no se opone a que se modernice el cálculo, es más, lo apoya, no ha mostrado ni mostrará a corto plazo ningún interés por reproducir el viejo esquema por el que la financiación autonómica ha discurrido desde que, en 1993, Felipe González abriera la mano con la cesión de un 15% del IRPF que a muchos les pareció el responso por la unidad de España. Así, la negociación y el pacto con una Catalunya que lideraba el debate se convirtió, tras el paso del cepillo igualador del 'café para todos', en el sistema de todos. Hasta que Catalunya decidió dejar de tirar del carro para ver como otras comunidades, cuya españolidad nunca ha sido puesta en tela de juicio, lanzan quejas y alaridos bien familiares para los moradores del Palau de la Generalitat. Catalana.

Infrafinanciación y políticas sociales

A mitad de su primera legislatura José Luís Rodríguez Zapatero anunció a bombo y platillo la puesta en marcha de la llamada 'cuarta pata' de las políticas de bienestar social, tras la sanidad, la educación y las pensiones: la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. El texto dejaba amplio margen de gestión a las autonomías que se hacían copartícipes, al 50%, de los gastos generados por la atención pública a las personas y sus familias. En la práctica ello derivó en que el Estado fue dejando de aportar su parte generando un déficit con la Generalitat que la administración catalana cifra en unos 1.400 millones.

Otra 'patata caliente' es, sin duda, el déficit estructural de la sanidad catalana y que se calcula en unos 5.000 millones de euros anuales. En cuanto a los problemas de personal, la liquidación de los impuestos de 2020, es decir, el adelanto que efectúa el Estado.

Son expresiones de un mismo mal, el llamado déficit fiscal catalán, por el que esta comunidad, según datos de la Conselleria de Economia, percibe hasta 20.000 millones de euros menos, lo que supone un 8,5% del PIB.

Y en educación, y saliendo del marco presupuestario, el gran choque se prevé por el papel del catalán y del castellano en las aulas si gobierna el PP, justo cuando se cumple poco más de un año del pacto entre PSC, ERC, Junts y Comuns sobre la lengua y la reversión de los efectos de la 'ley Wert'.

Rodalies como símbolo del atraso en infraestructuras

La disposición adicional tercera del Estatut vigente comprometía al Gobierno a invertir en Catalunya durante siete años en una proporción igual a la que este territorio participa del PIB de España, un 19%. Era un redactado que, por lo concreto y numérico, chirriaba en un texto compuesto como suelen ser escritos este tipo de 'ley de leyes', ya sean constituciones o sus inmediatas aplicaciones. De hecho, el Tribunal Constitucional dejó a la buena voluntad de cada Gobierno llevar a cabo o no esas inversiones.

Sin embargo, esa disposición adicional fue, sobre todo, un hito por cuanto el Estado se avino a reconocer el continuado desinterés que había mostrado en este casi medio siglo de democracia en el desarrollo de las infraestructuras de Catalunya. Una simple ojeada a la red viaria y ferroviaria 'ciudadana' de Madrid y la de Barcelona, sobre todo si se comparan en cómo estaban en 1977, permite darse del cambio de escala que se ha producido.

En el verano de 2023 el tema del día sigue siendo la B-40, entre otros motivos, porque no se llevó a cabo (y la culpa en este caso no es toda del Estado) cuando tocaba, hace 35 años, cuando se abordaron, por ejemplo, las madrileñas M-45 y M-50.

Pero el símbolo, y la batalla que deberá abordar el próximo Ejecutivo, son Rodalies y su traspaso. Ni un kilómetro de vía construido por el Estado en el área de Barcelona desde que se aprobó al Constitución. Líneas férreas que, como ya ocurre con las viarias, no cuentan con la necesaria redundancia que ayude a manejar cortes del servicio en uno de los tramos, lo que provoca que se caiga todo el sistema.

Otra cuestión a manejar por el nuevo Gobierno es el llamado sistema de encomiendas, por el que es la Generalitat la que gestiona determinadas obras del Estado en Catalunya, por un importe de 914 millones. Entre ellas, la B-40. El Govern trata así de sobreponerse a la última decepción: tras más o menos superar en los últimos años la sempiterna baja inversión apareció lo nunca visto, índices de ejecución de la obra presupuestada del 36%, frente al 184% registrado en la Comunidad de Madrid.

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