El Govern exprime las vías para convertir la comisaría de Via Laietana en un espacio de memoria

"Era como entrar en un agujero negro. Tú solo ante el poder del estado franquista y la policía. Perdí la noción del tiempo en la celda, ni siquiera sabía cuántos días habían pasado. Cada cuatro horas, era torturado física y psicológicamente". Es el relato de lo que sufrió Carles Vallejo en Via Laietana 43, la ubicación de la Prefectura Superior de Policía. Fue detenido el 17 de diciembre de 1970 por organizar las comisiones obreras de la Seat y la pesadilla duró 20 días. La suya ha sido la primera querella que se ha presentado por crímenes de lesa humanidad desde que se aprobó la nueva ley de memoria histórica, una iniciativa que se enmarca en la ofensiva para que la comisaría que fue epicentro de torturas en Barcelona durante el franquismo se reconvierta en un espacio de "verdad, justicia y reparación".

Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona abanderan esta reivindicación que viene de lejos y que no cesa por el tesón durante dos décadas de las entidades memorialistas, que justo el jueves pasado abrieron una nueva vía legal para reclamar que se traspase y deje de ser de uso policial. Sin embargo, por ahora no ha habido un gesto del Gobierno para ceder el edificio más allá de alguna declaración de intenciones en medio de negociaciones de presupuestos en las que el voto de ERC era determinante. Aún así, el Govern sigue exprimiendo todas las vías, "públicas y discretas", según fuentes del propio Executiu, para lograr este objetivo que topa con la oposición, especialmente, del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.

La presión política desde Catalunya va en aumento. "Trabajaremos para convertir la Prefectura Superior de Policía de Via Laietana en un centro de interpretación de la memoria y denuncia del franquismo", dijo el 'president' Pere Aragonès en su primer debate de política general a finales de septiembre de 2021. El pasado 23 de diciembre, con los votos de 'comuns', ERC y Junts -el PSC de abstuvo-, el Ayuntamiento de Barcelona suscribió una petición para la que incluso el actual gobierno municipal tiene ya un proyecto esbozado sobre como sería el futuro museo. Y el Parlament aprobó en el último pleno del año una moción impulsada por los republicanos en la que reclamaba al Estado el traspaso de la titularidad de la prefectura. La primera vez que esta institución solicitó formalmente la resignificación del edificio fue en octubre de 2013.

Los referentes del Departament de Justícia, con Gemma Ubasart al frente, son el centro de documentación en el edificio que ocupó la prisión Stasi, en Leipzig, o el museo Topografía del Terror de Berlín, así como el Museo Sitio de Memoria ESMA de Buenos Aires, porque cumplen con los principios del derecho internacional y los derechos humanos. "Trabajamos con esta idea en el horizonte para propulsarla conjuntamente con el gobierno catalán, el de Barcelona y el estatal", aseguran desde la 'conselleria'. Recuerdan, de hecho, que la comisión de Interior del Congreso aprobó en junio de 2017 una proposición no de ley para transformar la prefectura y que todos los partidos, excepto el PP, votaron a favor. También el PSOE, que en aquel momento estaba en la oposición. "Ahora, con la ley de memoria es un buen momento para plantear esta cuestión y no se entendería ninguna reticencia", insisten desde el Govern.

La querella interpuesta por Vallejo, con el apoyo de Òmnium Cultural, Irídia y entidades memorialistas, es contra seis miembros de la policía de la dictadura, entre ellos el comisario Vicente Juan Creix. Está a expensas de si se admite a trámite y el 10 de febrero tiene una citación judicial. Calcula que algunos de la decena de agentes que participaron en las torturas que padeció podrían estar aún vivos y, por lo tanto, ser identificados. La ley de memoria establece que los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la tortura no prescriben y contempla la creación de un fiscal de derechos humanos y memoria que debe impulsar la investigación de crímenes del franquismo.

Un "espacio de dolor"

"Via Laietana 43 es un espacio de dolor, hasta que no sea un espacio de memoria estaremos en déficit democrático con las víctimas de la represión y las que lucharon contra el franquismo. Mientras la policía esté en este edificio la sombra del franquismo se proyectará sobre ellos. Si quieren romper con el pasado, que se marchen de ahí", reivindica Vallejo, que lamenta que los sindicatos policiales, que se han pronunciado en contra del traspaso, no hayan querido hablar con las entidades memorialistas. Desde la Comissió de la Dignitat, impulsora de la reclamación para que se resignifique la prefectura, Josep Cruanyes insiste que no se trata de una reivindicación de carácter "simbólico", sino de una necesidad para la reparación de las víctimas.

Dos martes de cada mes, convocan ante el edificio para escuchar el testimonio de los que padecieron el horror allí dentro con dos objetivos claros: que no se imponga la desmemoria y que, justamente, el recuerdo de lo sucedido sirva para que no se vuelva a repetir. "El ministro Marlaska debería comprometerse con eso", concluyen.

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