El Gobierno hace un guiño a ERC y se abre a que la comisaría de Via Laietana sea "un lugar de memoria"

La comisaría de la Via Laietana de Barcelona seguirá siendo una sede operativa de la Policía Nacional, pero a la vez puede ser "un lugar de memoria". Es lo que cree el Gobierno y lo que va a defender ahora que, una vez alcanzado el acuerdo entre los socios, arranca la negociación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Un guiño a ERC, aliado indispensable del Ejecutivo y que ha sido insistente a la hora de reclamar que se desmantele el centro para que sea convertido en un museo de la represión franquista.

Félix Bolaños, titular de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y mano derecha de Pedro Sánchez, fue meridianamente claro durante una entrevista en 'La hora de La 1' de TVE este miércoles. De entrada, cree que "es importante" que la comisaría de Via Laietana "se mantenga" como tal, "para ejercer las competencias que tiene", puesto que la Policía necesita una sede "en el centro de Barcelona". "También le digo que la comisaría de Via Laietana puede ser un lugar de memoria. Claro que allí se cometieron torturas y tropelías durante la dictadura y hay que recordarlo. Eso es la ley de memoria democrática. Es condenar el golpe de Estado, condenar la dictadura y estar con todas las víctimas que sufrieron aquel periodo tan negro de nuestra historia", respondió el ministro al periodista Marc Sala, conductor del programa, advirtiendo de que no cree que esta cuestión esté "relacionada con la ley de Presupuestos".

De este modo, la comisaría del centro de Barcelona "puede ser un lugar de memoria y puede dar lugar al recuerdo", aseguró, sin concretar más cómo podría materializarse esa nueva función. Indicó que el Gobierno no tiene problema en "reconocer" por tanto que aquel fue un centro de represión franquista: "Como ministro, no solo no tengo ningún inconveniente. Es que me parece que hay que hacerlo, hay que recordar a las víctimas y dignificarlas, porque eso es lo que pasa en todos los países de nuestro entorno, en todos. Todos los países democráticos que han sufrido una dictadura tienen leyes de memoria democrática similares a la nuestra", y su propósito es "recordar a las víctimas, homenajearlas y cerrar las heridas definitivamente". Es el espíritu que orienta la ley de memoria democrática que ya está tramitándose en el Congreso, aunque aún no tiene los apoyos garantizados, en buena medida por la oposición de ERC, que la cree insuficiente.

Aragonès aseguró la semana pasada que el Govern trabajaría para convertir la Jefatura en "un centro de interpretación de la memoria y denuncia del franquismo"

Este asunto es objeto de discusión entre el Ejecutivo y los republicanos desde hace mucho tiempo, aunque el debate se enconó a raíz de que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, afirmara el pasado 27 de septiembre que la comisaría de Via Laietana es "un símbolo de servicio público desde el que varias generaciones de policías han contribuido y siguen contribuyendo a fortalecer la democracia en nuestro país". Declaraciones que hirieron en Catalunya.

No "por motivos operativos"

Al día siguiente, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, reconoció que el centro sí fue un "lugar de represión y tortura", y sostuvo que lo que quiso hacer Pérez al alabar esa comisaría fue "poner en valor" el papel "fundamental" que ejerce la Policía Nacional. El 'president', Pere Aragonès, adelantó en el debate de política general que el Govern trabajaría para convertirla en "un centro de interpretación de la memoria y denuncia del franquismo". Para el portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, este tipo de "provocaciones" como las declaraciones del número dos de Interior no hacen más que dificultar el buen clima de la mesa de diálogo.

Bolaños no da por hecho ningún voto, aunque las fuerzas progresistas deberían tener "predisposición a sumarse" porque el proyecto de ley "garantiza los derechos sociales"

Ayer martes las polémicas palabras de Pérez fueron el origen de la pregunta que dirigió la senadora de ERC Adelina Escandell al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. El ministro reiteró que la Policía seguirá en la Jefatura de Via Laietana porque "no hay mejor resignificación a un lugar que fue de tortura" durante el franquismo que la labor diaria que realizan los agentes, en colaboración con los Mossos y el resto de Fuerzas de Seguridad. "Habla usted de un lugar de represión y tortura en el pasado, y estoy de acuerdo, lo fue", indicó Marlaska frente a Escandell, que habló de la "maldita" instalación policial del centro de Barcelona, que también se ha cargado de simbolismo por ser un continuo objetivo de las protestas de los grupos independentistas, sobre todo tras la sentencia del 1-O. El ministro ya descartó entonces desmantelar la Jefatura, por "motivos operativos", informa Europa Press.

Bolaños insta a comunidades y ayuntamientos del PP a aplicar la ley de vivienda: "Si no lo hacen, perjudican a todos"

Aunque formalmente no estén vinculadas la comisaría y los Presupuestos, ahora arranca un proceso negociador con los grupos, que pilota precisamente Bolaños. Él mismo no dio por hecho ningún voto en TVE a las cuentas del Estado, aunque cree que las fuerzas progresistas deberían tener "predisposición a sumarse" porque el proyecto de ley "garantiza los derechos sociales". Rufián ya advirtió ayer de que si el Gobierno quiere su apoyo, tendrá que "sudar la camiseta". El Ejecutivo, aseguró intentará "sumar a todos", sobre todo los que han apoyado otras leyes.

"Guinda final"

El titular de la Presidencia no cree que estos vayan a ser los últimos PGE de la legislatura. "A este Gobierno le queda mucho recorrido, queremos consolidar el crecimiento económico, que ya es muy potente y lo queremos acompañar de derechos sociales", justificó, reiterando que el objetivo de la "recuperación justa" llegue a todos los rincones del país.

Responde a Belarra, que no conocía el bono de alquiler para los jóvenes, que "lo importante no es quién conoce el qué, sino que va a estar" la medida

Sobre la negociación en el seno de la coalición, Bolaños reconoció que ha sido "muy intensa" en los últimos días, a fin de ir "acercando posturas". Ayer martes el camino ya estaba bastante hecho y se produjo "de manera natural" la reunión final para cerrarlo. Reunión que convocó Sánchez en el edificio Consejo. Allí "se cerró todo porque estaba ya muy avanzado, estaba prácticamente hecho", "fue la guinda final del proceso de acercamiento".

"La dinámica es parecida", señaló, aunque hayan cambiado los interlocutores (ya no está Pablo Iglesias y sí Yolanda Díaz, aunque sí continúa él). El ministro desdramatizó las palabras de anoche en la SER de Ione Belarra, responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuando afirmó desconocer el bono de 250 euros mensuales (y por dos años) para los jóvenes de 18 a 35 años, para ayudarles a que se emancipen. Bolaños dijo que no lo interpreta como un reproche. "Lo importante no es quién conoce el qué, sino que va a estar" en la ley de Presupuestos. Será, además, una subvención finalista y habrá que justificarla, precisó.

La ley de vivienda, en un año

Sobre la ley de vivienda, también el titular de la Presidencia avisó a las autonomías (sobre todo del PP) que no soliciten la declaración de área tensionada: si no lo hacen castigarán a sus vecinos. "Yo creo que las comunidades, tanto Madrid como Catalunya, pedirán la declaración de área tensionada porque si no lo hacen, van a perjudicar a todos, a los propietarios y a los inquilinos. Esta es una ley que intenta beneficiar a todas las personas físicas, a los propietarios que se van a poder deducir bonificaciones fiscales de hasta el 90% del rendimiento de ese arrendamiento, si bajan la renta, y a los inquilinos, que tendrán ayudas y podrán tener acceso a la vivienda en unas condiciones especiales. Estoy convencido de que todas las comunidades mirarán por el interés general y lo tendrán que hacer". "No se me ocurre que ninguna comunidad quiera perjudicar a sus ciudadanos", remachó.

Después, en una entrevista en 'Al rojo vivo' (La Sexta), Bolaños apuntó que el Ejecutivo confía en que la ley salga aprobada de las Cortes "en el plazo máximo de un año". Y sobre el anuncio del PP de que llevará la ley de vivienda al Constitucional, denunció el interés de la formación de Pablo Casado de "judicializar" todo y negarse sin razón a todo, ya que el proyecto de ley ni siquiera ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Saldrá del horno, de hecho, en las próximas semanas.