LA LUCHA CONTRA EL OLVIDO
La Comissió de la Dignitat promueve una ley para anular los consejos de guerra del franquismo
La entidad memorialista pide revocar las sentencias de muerte de la dictadura
Roger Pascual
Periodista
Periodista de Deportes. Antes en Cultura y Política. Libros publicados: Desaparecidos en España (Premio 9 de Marzo), Les sectes a Catalunya y L'ombra de les sectes
ROGER PASCUAL / BARCELONA
La Comissió de la Dignitat y otras entidades memorialistas reclaman declarar "nulos y sin ningún efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos y sus correspondientes sentencias [de muerte], instruidos por causas políticas en Catalunya por el régimen franquista". Esta es la proposición de ley que este colectivo ha registrado este miércoles en el Parlament y ha presentado la iniciativa a los grupos del Cámara catalana, a la espera de que la hagan suya para que pueda seguir el trámite parlamentario.
Pese a reconocer que Catalunya no tiene competencias para legislar en esta línea, Josep Cruanyes, portavoz del colectivo memorialista, ha recordado que en 1932 el Parlament sí que tenía las atribuciones en materia judicial. Con esta argumentación considera que la Cámara catalana tendría "plenas competencias" para anular todos los consejos de guerra y sentencias de muerte dictadas durante el franquismo, entre los años 1938 y 1975. "El Parlament tiene la responsabilidad jurídica y política de anularlos", ha asegurado Cruanyes, que espera que la iniciativa no quede en una "declaración de intenciones" sino que sea una ley "con significado jurídico efectivo".
En su propuesta los defensores de la recuperación de la memoria histórica plantean que "el Departament de Justícia de la Generalitat, de acuerdo con la presente ley, emita a solicitud de los procesados o de sus familiares una certificación de la nulidad del procedimiento y sentencia correspondientes". Cruanyes apunta que la negativa del Gobierno a anular el juicio contra Lluís Companys "solo se entienden en el contexto de una democracia débil". En la misma línea ha defendido que los tribunales deberían seguir las recomendaciones del ONU y no aplicar las leyes de amnistía de 1977 cuando se trate de delitos contra la humanidad.
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