España da un salto en memoria histórica: las claves de la nueva ley

La norma de 2007 tan solo reconoce el derecho a obtener "una Declaración de reparación y reconocimiento personal" a quienes padecieron los efectos de los tribunales de la Dictadura, pero dejaba claro que esta no daría lugar a "reparación o indemnización de índole económica". En el nuevo texto, tras una ardua negociación, se ha incluido el derecho "al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado".

En este sentido, se introduce el "resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas producidas [...] durante la guerra y la dictadura", como demandaba ERC. Este punto no solo afecta a las personas físicas, sino también a los partidos políticos y, concretamente, a las "instituciones de autogobierno catalán y vasca" que podrán reclamar los bienes confiscados.

"Se declara ilegal el régimen surgido de la contienda militar", sentencia la nueva ley de memoria democrática enmendando al anterior texto en el que no se hacía ninguna mención a este asunto. Además, esa ilegalidad se aplica también a los tribunales o jurados surgidos durante la dictadura -hasta el momento solo eran calificado de "ilegítimos"- y se establece la "nulidad" de sus sentencias, otra de las demandas que planteó ERC al inicio de la negociación con PSOE y Unidas Podemos. Se anulará, por tanto, el juicio al 'expresident' de la Generalitat Lluís Companys, fusilado por el franquismo el 15 de octubre de 1940.

La norma que aprobó Zapatero el 31 de octubre de 2007 no hace ninguna referencia a la persecución y maltrato que sufrieron las lenguas como el catalán o el vasco. En los últimos días, el Gobierno ha acordado catalogar como víctimas a "las comunidades, las lenguas y las culturas vascas, catalana y gallega en sus ámbitos territoriales lingüísticos" y, además, reconocer la "política de persecución y represión" que sufrieron por parte del régimen franquista. Una vez más, se trata de otra de las reivindicaciones de ERC.

Apenas tratado en la ley de 2007, la futura norma ahonda especialmente en la prohibición de simbología del régimen franquista. Se endurece el articulado en el que se establece que los símbolos de exaltación a la dictadura son contrarios a la memoria histórica y, por primera vez, se prohíben los actos en público que humillen a las víctimas o ensalcen el golpe de Estado de 1936 o el régimen franquista. También se prohíbe dar subvenciones a quien vayan en contra de la memoria democrática.

En este sentido, también establece la extinción de todas aquellas fundaciones y asociaciones que hagan "apología del franquismo", con lo que se pretende acabar con la Fundación Francisco Franco. Por otro lado, se suprimirán más de 30 títulos nobiliarios, se abre un procedimiento para revisar las medallas concedidas a policías durante la dictadura y se resignificará el Valle de los Caídos, convirtiéndose en un cementerio civil y pasando a llamarse Valle de Cuelgamuros. También, se trasladarán los restos mortales del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. y se extinguirá la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

La norma crea una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos para la investigación de los hechos acaecidos en la Guerra Civil y en la dictadura. Además, promueve la creación de una comisión "de ámbito estatal, de carácter académico, temporal y no judicial, independiente" que ayude en el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos durante este periodo.

Sin embargo, a través de una enmienda pactada con EH Bildu, se plantea la creación de otra comisión técnica que elabore un estudio sobre los "supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos" hasta el 31 de diciembre de 1983. Esto supone abrir la puerta a investigar las actuaciones de los gobiernos de Adolfo Suarez, Leopoldo Calvo Sotelo y el primer año de Felipe González como presidente. La intención, por tanto, de EH Bildu podría ser investigar la acción de los GAL. 

De manera más clara que en 2007, se establece que corresponderá al Estado "la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura". Es decir, ya no serán las asociaciones de familiares las que luchen para la apertura de las fosas comunes, sino que será el Estado quien se pondrá en cabeza para la recuperación de aquellos represaliados por el régimen. Se impulsará, además, el mapa de fosas, el protocolo de exhumaciones o la creación de un banco nacional de ADN de víctimas "para su identificación mediante la recepción de sus muestras biológicas y las de sus familiares". También se pondrá en marcha un censo oficial de víctimas.