El Gobierno quiere exhumar a Franco antes de la campaña del 10-N

El aval del Tribunal Supremo a la exhumación de Francisco Franco llega en un momento especialmente favorable para el PSOE. A las puertas de la campaña para las elecciones del 10 de noviembre, cuando Podemos pone en duda su condición de partido de izquierdas y acusa a Pedro Sánchez de buscar un pacto con Ciudadanos, el visto bueno que han dado este martes los magistrados al traslado de los restos del dictador permite al Ejecutivo poner de nuevo en primer plano una de sus medidas más simbólicas, anunciada hace más de un año y retrasada desde entonces debido, principalmente, a la batería de recursos presentada por los nietos de Franco para impedir su salida del Valle de los Caídos. [Sigue las últimas noticias sobre la exhumación de Franco en directo.]

El escollo principal ya ha quedado resuelto por el alto tribunal, que autoriza el traslado del cadáver, como adelantó EL PERIÓDICO el pasado domingo, y rechaza que pueda ser enterrado de nuevo en la catedral de la Almudena, en pleno centro de Madrid, como pretendía la familia. Ahora el Gobierno se prepara para llevar a cabo la exhumación y el traslado de los huesos al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid), donde yace su esposa. La intención es hacerlo "cuanto antes", para que esté "lo más lejos posible" de la campaña de las generales, ha señalado la vicepresidenta, Carmen Calvo. Es decir, en las próximas semanas, con lo que los españoles acudirían a las urnas con Franco ya fuera del Valle de los Caídos. 

Aun así, todavía quedan pasos por dar. Falta la autorización de la Iglesia, ya que el dictador está enterrado en una basílica. "Podríamos interpretar que no hace falta y proceder a la exhumación, porque el Vaticano ya nos ha comunicado en un par de ocasiones por escrito que estaría a lo que dijese el Tribunal Supremo, pero vamos a solicitar el permiso", explican en la Moncloa. Y después, poner fecha al traslado de los restos en un Consejo de Ministros. 

La oportunidad política

El entorno de Sánchez no esconde la oportunidad política que supone una medida de este tipo, tan simbólica y potencialmente movilizadora para la izquierda, a las puertas de la campaña. El traslado vendría a cumplir con lo prometido y tantas veces retrasado desde que el mismo Sánchez anunciase que el dictador estaría fuera del Valle de los Caídos antes del verano del año pasado. Más tarde, cuando se aprobó el decreto que permitía la exhumación (una modificación a la ley de memoria histórica que especificaba que solo los fallecidos durante la guerra civil podrían estar enterrados en el Valle de los Caídos), Calvo señaló que el traslado de los restos se llevaría a cabo antes de que acabase el 2018. Pero Franco sigue en su tumba. En el Ejecutivo reconocen que han "pecado de optimismo" en todo este proceso, que se han equivocado al anunciar fechas para la exhumación y que no contaban con la "estrategia obstruccionista" de los nietos de Franco.

La permanencia del dictador en su sepulcro actual hasta después del 10 de noviembre, por otra parte, también daría a Sánchez una baza durante la campaña. El presidente en funciones podría pedir el voto, entre otros motivos, para sacar a Franco del Valle de los Caídos, alertando de que si la derecha suma el cadáver continuará en su "tumba de Estado". El PP y Cs se abstuvieron durante la convalidación parlamentaria del decreto, hace ahora un año. Vox todavía no había entrado entonces en el Congreso, pero su rechazo a la exhumación es frontal. El partido ultraderechista presentó la semana pasada una iniciativa en la Cámara baja para derogar la ley de memoria histórica y este martes su líder, Santiago Abascal, acusó al Ejecutivo de "profanación".

La licencia municipal

Queda, por último, otro obstáculo a la salida de los restos de Franco. A finales de febrero, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid estimó la demanda de un particular y suspendió de forma cautelar el informe aprobada del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, en cuyo término municipal se encuentra el Valle de los Caídos, que permitía las obras en el interior de la basílica donde yace el dictador. El procedimiento todavía no se ha resuelto, pero el Gobierno señala que no esperará a lo que decida este juez para llevar a cabo la exhumación. "Un juzgado de lo contencioso no puede paralizar ni suspender una decisión del Consejo de Ministros. Eso solo puede hacerlo el Tribunal Supremo", subrayan los colaboradores de Sánchez.

"Es una suspensión sin sentido, solo explicable por el perfil ultraderechista del juez", concluyen en la Moncloa. En el 2007, el magistrado José Yusty Bastarreche, responsable del juzgado que ha paralizado el informe municipal, se manifestó en contra de la ley de memoria histórica en un artículo publicado en una revista académica. A su juicio, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tenía "oscuras intenciones" para "revivir todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles".