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LA MEMORIA HISTÓRICA

El Supremo avalará este martes la exhumación de Franco

La clave de la deliberación está en determinar el nuevo emplazamiento de los restos del dictador

La Sala debe decidir si prevalece el derecho de la familia o el interés general alegado por el Gobierno de Sánchez

Ángeles Vázquez

Unos turistas se fotografían ante la tumba de Franco en la basílica del Valle de los Caídos.

Unos turistas se fotografían ante la tumba de Franco en la basílica del Valle de los Caídos. / JOSÉ LUIS ROCA

Los seis magistrados que forman la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo se reunirán este martes para tener la última palabra sobre la promesa estrella del Gobierno de Pedro Sánchez: la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Su decisión pondrá fin a un culebrón presente durante toda la anterior legislatura, después de que el presidente socialista anunciara la medida nada más llegar a La Moncloa y, cuando ya se sabía que habría elecciones en abril, diera a conocer la fecha límite del 10 de junio para mover los restos. Ese plazo quedó paralizado por el alto tribunal hasta adoptar su resolución definitiva

La Sala, presidida por el magistrado Jorge Rodríguez Zapata, no parece que vaya a tener problemas a la hora de dar luz verde a la exhumación de los restos, según han señalado fuentes jurídicas a EL PERIÓDICO. De esta forma se dará cumplimiento a la ley de Memoria Histórica, que prevé que en el panteón de Cuelgamuros solo haya víctimas de la Guerra Civil. Además, exhumaciones se realizan muchas, aunque los motivos para realizarlas sean distintas y en ningún caso su protagonista sea un dictador que gobernó España 40 años. De ahí que existan antecedentes y jurisprudencia a la que acudir.

Más complicado es determinar qué prevalece: el derecho de la familia a decidir dónde quiere que sea enterrado su antecesor o el interés general alegado por el Ejecutivo para evitar que del Valle de los Caídos pase a la cripta de la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid, opción con la que amenazaron los descendientes en un intento de frustrar el traslado. El debate jurídico de la deliberación se centrará especialmente en este punto, en el que han mostrado mayor discrepancia los magistrados que componen la sección: Rodríguez Zapata, Segundo Menéndez, Celsa Pico, Pilar Teso, José Luis Requero y Pablo Lucas, que será el ponente de la sentencia que se dictará.

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Además de por la familia, los acuerdos de los consejos de ministros que acordaron la exhumación de Franco y luego precisaron que como tarde se haría el 10 de junio y que sería enterrado en el cementerio de Mingorrubio, en el distrito madrileño de El Pardo, donde descansa su esposa, Carmen Polo, fueron recurridos por la comunidad benedictina de la basílica de Cuelgamuros, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.

Pero la Sala Tercera solo resolverá este martes la impugnación de los nietos del general golpista, por ser la más compleja al ser, obviamente, la única que plantea el derecho de los descendientes a decidir el destino de los restos. El criterio que se siga con ella marcará el que recibirán los otros recursos, centrados únicamente en que no se desentierre al dictador.

La familia quiere que los restos se trasladen a la cripta de La Almudena, donde la hija del dictador, Carmen Franco, que está enterrada allí junto a su marido, compró un panteón en 1987 con capacidad para varias personas. El abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera, llegó a proponer peritos, que defendieron ante el tribunal la conveniencia de este destino, situado junto a la plaza de Oriente, lugar emblemático para el franquismo, por ser desde donde el dictador pronunciaba sus discursos. La oposición del Gobierno a este enclave pasa sobre todo por motivos de seguridad: de orden público, por posibles enfrentamientos entre partidarios y detractores del régimen en un lugar donde la policía no puede actuar por ser de la Iglesia, así como con riesgo de colapso en ciertas fechas. También esgrime la amenaza terrorista por los atentados anarquistas sufridos en la propia Almudena y en la catedral del Pilar, en Zaragoza, en 2013.

Para contrarrestar estos argumentos, la familia niega la mayor: no se incrementarían "significativamente los riesgos del entorno de La Almudena", porque distingue entre el templo y la cripta, pero se dispararían los de El Pardo, donde, sostienen, "no existen medidas de seguridad y no hay más que una vía de único sentido", motivo por el que sí se crea "riesgo de colapso". Su otro punto de objeción es la propia seguridad del cadáver; sostiene que el riesgo de su "profanación es extraordinariamente alto en Mingorrubio" y despreciable en La Almudena. Esgrime que como se calcula que haya un millar de visitas al día a la tumba del dictador, la vigilancia y seguridad que proporciona la catedral madrileña resulta esencial.