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CONSEJO DE MINISTROS

El Gobierno exhumará a Franco este año y le buscará una tumba si la familia no lo hace

El Ejecutivo aprueba un decreto que convierte en ilegal la sepultura del dictador en el Valle de los Caídos

Los nietos, contrarios a la decisión, tendrán 15 días para decidir qué hacer con los restos

Juan Ruiz Sierra

El Gobierno exhumará a Franco sin perder ni un solo instante. / TÀNIA TÀPIA (ACN / VÍDEO: EFE)

La exhumación de los restos de Francisco Franco, 43 años después de su muerte, ya no tiene vuelta atrás. Por "dignidad democrática", el Gobierno aprobó este viernes el decreto ley que permitirá sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. La fórmula consiste en una sencilla modificación de la ley de memoria histórica, añadiendo un apartado a su artículo 16 que señala que no pueden estar enterrados en el Valle aquellos que no murieron durante la Guerra Civil, una posibilidad adelantada el miércoles por EL PERIÓDICO. Franco, que falleció octogenario, no cumple estas condiciones, a diferencia de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, y los más de 30.000 combatientes de ambos bandos que están allí enterrados.

La reforma convertirá su tumba en ilegal. El Gobierno espera levantar "antes de final de año" la losa de 1.500 kilos que protege la sepultura del dictador. Y si la familia de Franco no se hace cargo de los restos, el Ejecutivo decidirá dónde serán enterrados de nuevo.   

"No puede haber un momento más sin respeto a todas las víctimas de la contienda. No lo hace ningún país que se sienta digno consigo mismo. No hay ninguna democracia con la que nos queramos comparar que haya sostenido una situación así", dijo la vicepresidenta, Carmen Calvo, principal responsable de la aprobación de esta iniciativa. Pocas decisiones más simbólicas tomará Pedro Sánchez en esta legislatura.

La urgencia

El decreto ley, que basa la urgencia de la decisión en la votación de mayo del año pasado en el Congreso que  instaba al traslado de los restos (no hubo ningún voto en contra), así como en las recomendaciones en este sentido de Naciones Unidas, deberá ser ahora trasladado al Congreso. Sánchez tiene asegurada el éxito de esta iniciativa. Sus socios de la moción de censura votarán casi todos a favor, si no todos, mientras que Ciudadanos, muy crítico con la medida, se abstendrá. Nadie pone en duda que habrá más síes que noes. 

El PP, mientras tanto, aún no ha dicho que votará, si abstención o en contra, pero ya ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la medida. El decreto ley, a juicio de los conservadores, no está justificado, porque no hay motivos de "extraordinaria y urgente necesidad", una condición que la Constitución exige a este instrumento normativo.

Calvo ofreció una tesis distinta, acusando al PP y Ciudadanos de escudarse en el instrumento elegido (el decreto) para enmascarar su oposición al traslado de Franco. "Quien no quiera ver la urgencia, que no lo vea. Quien no quiera suscribir el fondo, que no lo suscriba. Todo lo demás son vueltas formales que puede que le sirvan a quien quiera para parapetarse en sus convicciones. ¿Cuándo si no? No hay más vueltas que darle", argumentó la vicepresidenta.  

Los plazos

Según los cálculos del Gobierno, la exhumación, que por "decoro" se intentará llevar a cabo en secreto, se producirá a final de año. A partir de ahora se inicia un procedimiento muy rápido. El próximo viernes, el Consejo de Ministros aprobará un acuerdo que dará un plazo de 15 días a los interesados para hacer alegaciones. Los nietos del dictador podrán aquí comunicar el destino de sus restos. Si se niegan a hacerse cargo del cadáver, el Gobierno decidirá el lugar, asegurando una "digna sepultura" con "amplias condiciones de seguridad", explican fuentes de la Moncloa, porque "no se trata de cualquier tumba".

Los motivos del Gobierno para emplear un decreto ley para la exhumación son fundamentalmente dos. Por un lado, la rapidez que quiere imprimir al proceso. "Ya vamos tarde", dijo Calvo. Por otro, evitar posibles acciones ante los tribunales que podrían paralizar o revertir la exhumación. Hay un precedente muy claro. A comienzos de julio, un tribunal de Pamplona ordenó a instancias la devolución del cadáver del general golpista José Sanjurjo, que habían sido exhumados por el Ayuntamiento de Pamplona, a la cripta donde estaba enterrado originalmente. 

Primo de Rivera 

El decreto se ciñe a los restos del dictador. Señala que "solo podrán yacer" en el Valle de los Caídos "los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española".  La norma no entra en la situación de Primo de Rivera, enterrado al lado de Franco, ni en la reconversión del Valle de los Caídos en un memorial de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Eso vendrá después. El Gobierno ha decidido que el decreto se tramite en el Congreso por el procedimiento de ley, lo cual facultará a los grupos a hacer propuestas. Allí se abordarán estas cuestiones, así como la nulidad de los juicios de la dictadura, aunque el Ejecutivo no quiere anticipar qué contenido acabará teniendo la reforma. Franco, en cualquier caso, está cerca de dejar de compartir espacio con sus víctimas.

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