Ir a contenido

TRAS UNA DEMANDA PARTICULAR

Un juez suspende la licencia urbanística para exhumar a Franco

Para el magistrado "falta un riguroso análisis de la seguridad" de las obras de apertura de la tumba en el Valle de los Caídos

El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial había admitido un informe favorable de su aparejador municipal

Juan José Fernández

Tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos.

Tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. / JOSÉ LUIS ROCA

Nuevo escollo en el complicado proceso de exhumación de los restos de Francisco Franco. El magistrado José Yusti Bastarreche, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, ha suspendido provisionalmente con una resolución cautelarísima el informe técnico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía licencia urbanística para la exhumación en el Valle de los Caídos como trabajos de "obra menor".

En un auto fechado el 25 de febrero, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez paraliza cautelarmente la licencia de obras estimando la demanda de un particular. Es, concretamente, el primero de los 15 recursos que diversos ciudadanos, vecinos y no vecinos de San Lorenzo de El Escorial, han ido presentando desde que el consistorio, el pasado 27 de noviembre, aprobó las obras y remitió ese informe favorable al ministerio de Justicia, que se lo había pedido ocho días antes. 

El fallo judicial prevé que "se trata de remover (...) una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso" y añade que "no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí algo complicado, difícil de manejar y por tanto peligroso por el riesgo evidente, que no hace falta explicar, de caída, rotura, o cualquier otro accidente que pueda ocurrir".

Juez en contra

El juez que ha tomado la decisión no aterriza de primeras en la polémica por la exhumación. Se manifestó en contra de la Ley de Memoria Histórica en 2006, en un artículo publicado en una revista académica, atribuyendo al Gobierno Zapatero "oscuras intenciones" para "revivir todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles".

La resolución del Juzgado 3 cita el informe pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba y Enrique Porto –contrtados en otro recurso por la Fundación Francisco Franco- según el cual "falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco". El juez se reconoce profano en materia de arquitectura, pero considera que "el movimiento de la losa de piedra, que hay que recordar que es de 2.000 kilos de peso aproximadamente, puede desestabilizar el conjunto" de la Cruz de los Caídos y su basílica. 

"Es evidente, claro y palmario que una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los técnicos y operarios de toda clase que deberán necesariamente intervenir en la operación, y que probablemente no serán pocos", argumenta el auto.

Un portavoz de Moncloa considera que, con los recursos, "estamos en presencia de un nuevo ejemplo de obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un parlamento y un Gobierno democrático", informan Juan Ruiz Sierra y Iolanda Mármol. Al Ejecutivo le constan 12 recursos o demandas "todas con idéntica fundamentación, pero presentadas por personas diferentes".

El Gobierno subraya el detalle de que la resolución judicial se haya emitido "sin siquiera haber escuchado al Ayuntamiento", y también que en siete de las demandas presentadas, los juzgados hayan rechazado las medidas cautelarísimas en siete casos. Esta admisión ha sido la única. Para Moncloa, "el expediente de exhumación continúa su tramitación", si bien reconoce que los recursos contra la licencia municipal "podrían retrasar, en su caso, la fase final de ejecución material del acuerdo de exhumación de Francisco Franco".

Tres días para contestar

El Consistorio madrileño tiene tres días para presentar alegaciones al texto judicial. El plazo finaliza este jueves, día en el que, a las 10 de la mañana, está precisamente prevista la celebración de un pleno municipal. La alcaldesa de San Lorenzo, la científica Blanca Juárez, que encabeza un gobierno de izquierda con apoyo del PSOE, no ha querido comentar la resolución judicial "Lo están valorando", es la única y lacónica repuesta que recibe este diario del gabinete de alcaldía.

"Se veía venir", comenta el concejal de la oposición Carlos Zarco, de Alternativa Municipal Española. Su grupo municipal pidió sin éxito que fuera el pleno municipal, y no solo la alcaldía, la que evaluara un informe técnico que, entiende, "no puede ser de una obra menor, y debería ir visado y firmado por el arquitecto municipal".

Zarco advirtió en noviembre al equipo de gobierno municipal que se podría producir "un aluvión de recursos", y ahora lamenta: "Está colapsado el personal del Ayuntamiento con tantos informes". Son ocho los expedientes que están en estos momentos abiertos.

Los funcionarios consistoriales, según ha confirmado la secretaría municipal a los grupos políticos, tienen que dar respuesta motivada a cada recurso y enviarla a los distintos juzgados por los que se han desperdigado los recursos. Ahora mismo están abiertos ocho expedientes en las oficinas del Ayuntamiento.

Para el presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, Pablo Linares, entidad aliada de la Fundación Francisco Franco en la ofensiva de recursos contra la exhumación, el "defecto básico" de la licencia municipal es "considerar obra menor lo que es claramente una obra mayor".

Morales, hijo de un cantero de la vecina localidad de Guadarrama que trabajó en la construcción del monumento, es también uno de los particulares que ha presentado recurso contra la licencia. Y desde esa posición lamenta que el informe remitido a Justicia fuera firmado por el aparejador municipal, Antonio Rosado, en vez de por el arquitecto municipal, Luis Martín-Gamero: "El arquitecto municipal, en este proceso, no está ni se le espera".