La Cámara baja argentina aprueba la ley que Milei reclama para desguazar el Estado y reordenar la economía

La Cámara de Diputados argentina aprobó este martes por 36 votos de diferencia y tras más de 20 horas de debate una de las herramientas con que el Gobierno de ultraderecha espera contar para poner en marcha sus transformaciones radicales: la nueva la Ley Bases. "Es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano", dijo Javier Milei sobre el instrumento que le permitirá desregular la economía, reducir el peso del Estado, modificar el régimen de pensiones e impuestos y abolir una normativa laboral de siete décadas. "Quiero agradecer la enorme tarea de todos los Diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto", dijo también Los legisladores dejaron de ser por unas horas "ratas", como los había llamado meses atrás, o miembros de la "casta" que impide el progreso del país. La amabilidad puede ser efímera. Si bien el destino final de la ley dibuja algunos interrogantes en el horizonte en el Senado, alrededor del presidente creen que este proyecto, así como su capítulo fiscal, esta vez no fracasarán como sucedió en febrero.

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A más de cuatro meses de haber asumido la presidencia, Milei todavía no ha tenido ninguna victoria parlamentaria. Su ambicioso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) pende de un hilo y en cualquier momento la misma Cámara de Diputados que puede encender la luz verde a su Ley Bases, tiene en sus manos la posibilidad de hundir el otro instrumento legal a partir del cual Milei aspira a contar con facultades extraordinarias.

El Gobierno ha negociado a lo largo de dos meses con lo que se conoce como "el sector dialoguista" de la oposición, y que incluye tanto a la derecha tradicional como a otras formaciones de centroderecha. Para garantizarse los votos necesarios, ha introducido algunas modificaciones a la propuesta inicial y ha reducido la cantidad de artículos. La centrista Margarita Stolbizer estimó que el presente texto es "mucho más razonable" que el anterior. A pesar de los cambios, sostienen sus impugnadores, el corazón de la iniciativa sigue latiendo con la misma fuerza. La Ley Bases da a Milei también el poder de reestructurar organismos del Estado, privatizar empresas públicas, modificar el esquema tributario, llevar adelante un cuestionado blanqueo de capitales y sentar las bases de un régimen de incentivo a las grandes inversiones que se concentrarán en el petróleo, el litio y el agua.

"Regreso al siglo XIX"

La sesión comenzó el lunes con las esperadas fricciones y con el Congreso rodeado por las fuerzas de seguridad. El presidente de la Cámara de Diputados recomendó a la diputada peronista (oposición) Carolina Gaillard ingerir un ansiolítico y morigerar su enojo con el proyecto que otro legislador de la misma fuerza había calificado de "aberrante" entre rechiflas de sus promotores. "Le estamos dando poder delegado a un presidente que detesta el Estado", dijo el peronista Carlos Castagneto. "Es el regreso al siglo XIX", dijo la izquierdista Romina del Pla.

El sindicalismo ha rechazado el capítulo laboral de la ley porque apunta a terminar con el tradicional sistema de indemnizaciones y busca crear un fondo de cesantías con el 8% de los salarios de los trabajadores. El movimiento obrero se movilizará este miércoles para repudiar el proyecto. Una semana después está programada una huelga general, la segunda que enfrenta Milei desde el 10 de diciembre.

La Ley Bases establece un blanqueo por activos de hasta 100.000 euros. A los que superen ese monto se le aplicarían gravámenes progresivos del 5%, 10% y 15%. Milei, quien días atrás consideró "héroes" a quienes habían sacado dinero del país al haber burlado las regulaciones estatales, ahora quiere abrir las puertas sin mayores impedimentos.

Según el portal 'La Política Online', el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) hizo saber al Gobierno que esa propuesta contiene graves fallos "que favorecen de manera ostensible el lavado de activos". El GAFI advirtió de que se trata de "una puerta de acceso camuflada con visos de legalidad para que capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas, entre otros, ingresen al circuito económico y financiero de la República Argentina sin exigencias reales de licitud de origen y trazabilidad".

Privatizaciones

Si la ley pasa finalmente el obstáculo del Senado, el Gobierno tendrá vía libre para subastar Aerolíneas Argentinas, empresas energéticas, y vender parcialmente Nucleoeléctrica Argentina SA y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. A su vez, abre la puerta de la concesión privada de Agua y Saneamientos Argentinos SA (AySA) y actividades vinculadas con el transporte de cargas ferroviario.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) se encuentra en estado de alerta. La normativa no contempla su disolución pero da las atribuciones al Ejecutivo para quitarle financiación. Lo mismo podría suceder con el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una herramienta fundamental para identificar a los hijos e hijas de personas desaparecidas durante la última dictadura militar (1976-83) que fue creada bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. La ley, en caso de aprobarse, permitiría al presidente intervenirlo y, remarcaron organismos de derechos humanos, impedir su funcionamiento.

Polémica Milei-Kirchner

La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien reapareció en la escena pública el pasado sábado, aseguró que la ley que discute el Congreso "faculta al presidente a dejar sin efecto 2.308 obras públicas paralizadas en todo el país, de las cuales 119 son universidades nacionales". Dijo que el proyecto de Milei no es anarcocapitalista sino "anarcocolonialista". Y añadió: "Te puede haber votado el 60%, pero si la gente se caga de hambre ¿De qué sirve?", dijo ella. "La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límite", respondió el mandatario a través de su red social.

"No hay un solo artículo de la ley que le mejore la vida a los argentinos", consideró el gobernador de Buenos Aires, la provincia más importante del país, y un aliado de Fernández de Kirchner, Axel Kicillof. El Gobierno necesita de un triunfo en la legislatura después de meses de dificultades para materializar su programa. La llamada 'motosierra', es, por el momento, el instrumento del ajuste en todas las áreas estatales que ha funcionado con mayor continuidad y efectos sociales: se calcula que han perdido el empleo 15.000 personas.

Se han desarmado más de la mitad de los programas vinculados a los cuidados de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y discapacitados. Los presupuestos se han congelado y ese fue el detonante de la reciente marcha en defensa de la universidad pública y gratuita que se constituyó en la principal movilización de las últimas dos décadas. Las derrotas que Milei tiene en la calle de un país con casi 50% de pobres por ahora no impactan en el Congreso.