Ayudas anticrisis y equilibrio fiscal

El Gobierno ha aprobado este martes un nuevo paquete de medidas para aliviar los efectos de la inflación. Se trata del séptimo plan de estas características, que como todos los anteriores pretende hacer más llevadera para la población la subida del coste de la vida causada, principalmente, por la guerra de Ucrania. El último decreto ley prorroga varias medidas ya en vigor, algunas de las cuales ya estaban previstas, pero también incorpora algunas novedades sobre las que merece la pena detenerse, porque permiten entrever el momento socioeconómico que atraviesa el país.

En efecto, desde que se pusieron en marcha las primeras medidas anticrisis hasta hoy, los precios han moderado su escalada y, aunque la inflación sigue en niveles elevados (3,2% en mayo) que pueden justificar la nueva tanda de ayudas, tiene sentido ir adaptándolas a la nueva situación. Otros datos macroeconómicos, como la evolución del PIB o del empleo, también indican una vuelta progresiva a la normalidad que lleva a replantear las medidas excepcionales.

La eliminación de la prórroga obligatoria de seis meses de los contratos de alquiler (en vigor desde la pandemia) entra dentro de esta lógica. La parte socialista del Gobierno decidió suprimir esta medida, con la oposición de Sumar, que se encargó de hacer público el enésimo desencuentro con sus socios de coalición, a menos de un mes de las elecciones generales. Como recordó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, los inquilinos más vulnerables no se quedan desprotegidos, porque la recién aprobada ley de vivienda ya recoge una medida similar. La diferencia es que ya no es generalizada, sino enfocada en aquellos que más lo necesitan. Por el contrario, se mantiene la rebaja del IVA de los alimentos básicos, que además de ser de dudosa efectividad, en términos fiscales no es progresiva (beneficia por igual a rentas altas y bajas). El Gobierno parece haberse decantado en el tema del IVA por no descontentar a un electorado que se lo podría hacer pagar en las urnas.

En materia de movilidad, se mantienen la bonificación del transporte público y del combustible para transportistas y se añade una deducción en el IRPF para la compra de coches eléctricos. Aunque entre las incorporaciones más destacadas del actual conjunto de medidas figuran las previstas en la ley de familias para el cuidado de allegados, que corrían el riesgo de acabar en un cajón por el adelanto electoral y que el Gobierno ha incluido acertadamente en el decreto. Los tres permisos laborales recién aprobados representan un avance en la conciliación, si bien más teórico que práctico, ya que al no ser todos retribuidos habrá trabajadores que desistirán de solicitarlos.

El plan de choque movilizará 3.800 millones de euros adicionales y el impacto total, incluyendo las rebajas de impuestos y las bonificaciones, ascenderá a 8.900 millones de euros la segunda mitad del año. Un coste fiscal que el Gobierno entiende que es necesario, pero que además tiene que ser asumible por el Estado. Por ello también, conforme la inflación se vaya estabilizando, pueden dejar de ser justificadas estas ayudas excepcionales. El déficit público mantiene una buena evolución -se redujo al 4,8% del PIB el año pasado, en parte, gracias a los mayores ingresos tributarios por la inflación- y no sería prudente dejar hipotecas excesivas que comprometan esta tendencia.