La desgravación del 15% del IRPF para el coche eléctrico podrá llegar a un máximo de 3.000 euros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el séptimo decreto para mitigar el impacto de la guerra de Ucrania que incluye entre sus medidas la desgravación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 15% para la compra de vehículos eléctricos anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha explicado la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al encuentro de los ministros. La base máxima de la deducción será de 20.000 euros, cifra constituida por la adquisición, gastos y tributos inherentes a una compra de ese tipo, lo cual equivale a decir que la deducción máxima será de 3.000 euros (tras aplicar el 15%). Además, se añade la misma desgravación del 15% para las instalaciones de sistemas de recargas de baterías.

La nueva deducción en el IRPF por compra de un vehículo eléctrico que ahora entra en vigor se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta medida será susceptible de ampliarse a diciembre de 2025 cuando se dé el visto bueno a la adenda del Plan de Recuperación que el Consejo de Ministros aprobó a principios de este mes.

Además del pago completo, se admiten otras opciones para acceder a la desgravación. Una de ellas es el abono al vendedor de una cantidad a cuenta para la adquisición del vehículo de al menos el 25%. En este caso, la deducción se llevará a cabo en el periodo en el que se abone esa cantidad de anticipo. La base máxima de la deducción será de 20.000 euros, cifra constituida por la adquisición, gastos y tributos inherentes a una compra de ese tipo.

Entre la enumeración de las decenas de medidas aprobadas, la vicepresidenta ha tenido tiempo para lanzar un sutil dardo al Partido Popular antes del inicio de la campaña electoral y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Se trata de consolidar las inversiones en marcha en nuestro país para la modernización de nuestra industria automovilística (PERTE VEC) para que España se sitúe a la vanguardia del despliegue en Europa del vehículo eléctrico y agilizar su despliegue. También para resolver la lentitud de algunas comunidades autónomas con el Plan MOVES", ha dicho Calviño.

El programa MOVES se centra en incentivos a la compra de un vehículo eléctrico pero siempre que se entregue a cambio un coche de más de siete años de antigüedad, con el objetivo de reducir la edad del parque automovilístico español que supera los 10 años. Estas ayudas, diseñadas por el Gobierno, lo gestionan las autonomías y ahí el tirón de orejas de Calviño a Madrid, pues esta comunidad lleva algunos meses siendo blanco de las quejas por la marcha de estas ayudas.

Como complemento a las ventajas para la compra del vehículo eléctrico, el real decreto incorpora medidas similares para la instalación de puntos de recarga para estos coches. Los particulares podrán acceder a una deducción del 15% en el IRPF si instalan esos puntos enchufables para recargar la batería en un inmueble de su propiedad. El requisito es hacerlo antes del 31 de diciembre de 2024 y que ese sistema no esté vinculado a una actividad económica.

Además, para favorecer la escala de las instalaciones de recarga, el Ejecutivo ha aprobado un incentivo fiscal en el impuesto de sociedades para la creación de estas instalaciones tanto si son de uso privado como si son accesibles al público. Así, el caso de empresas y autónomos, se pondrá en marcha un sistema de amortización anticipada en el impuesto de sociedades (IS) para quienes instalen esos sistemas de recarga de baterías. Esta amortización, que se ejecutará en función de las circunstancias de cada beneficiario, podrá ser disfrutada por quienes instalen esos puntos enchufables en los ejercicios 2023, 2024 o 2025. Esta medida complementa a la amortización ya disponible en el impuesto de sociedades para la compra de vehículos eléctricos.

Y también allana la burocracia necesaria al eximir de la necesidad de obtener autorización administrativa a las instalaciones de recarga para vehículos eléctricos de gran potencia, al declarar de utilidad pública todas las estaciones de recarga que tengan una potencia superior a 3 MW, elevando el límite desde 250 kW. Esta última es una medida de simplificación administrativa fue solicitada por las comunidades autónomas y el sector en el Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Recarga del Vehículo Eléctrico (GTIRVE), según ha revelado el Ministerio para la Transición Ecológica.