Las renovables ganan seis meses para iniciar la construcción de cerca de mil parques eólicos y fotovoltaicos

El Consejo de Ministros ha aprobado una extensión de seis meses del plazo para obtener la autorización de inicio de la construcción de nuevas renovables actualmente en tramitación, ante el aluvión de nuevos permisos obtenidos a principios de año por las compañías. Esta es una de las medidas en materia energética aprobadas por el Ejecutivo este martes, junto con la prórroga hasta el 31 de diciembre de la exención del 80% de los peajes eléctricos de la factura para las empresas electrointensivas, la congelación del precio máximo de la bombona de butano en 19,55 euros o la actualización de los parámetros retributivos para las instalaciones de cogeneración.

Según los cálculos del Gobierno, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas están tramitando cerca de mil proyectos renovables que suman casi 68 GW, de las cuales el 80% son plantas fotovoltaicas y el 20% plantas eólicas, que obtuvieron sus permisos de acceso a la red desde el 1 de enero de 2018 y deben obtener la autorización de construcción en fechas próximas. Si no lo hacen, decaen sus permisos y tendrían que volver a iniciar toda la tramitación administrativa.

En concreto, de esos 68 GW, unos 15 GW ya han obtenido esa autorización y están en fase de construcción; pero otros 53 GW todavía están pendientes de hacerlo --unos 43 GW tienen como fecha límite el 25 de julio mientras que otros 10 GW en fechas similares--. La mayoría de los que caducan en un mes han obtenido una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) antes de enero de este año, pero condicionada a modificaciones sustanciales, como soterrar una línea eléctrica o reducir o cambiar la ubicación de las instalaciones, lo que ha derivado en que tengan que acometer nuevas consultas públicas y ha retrasado todo el proceso.

Además, según el Gobierno, la concentración de tantos proyectos en tan poco tiempo dificulta que las fábricas nacionales y europeas puedan cubrir la demanda de equipos, generando el riesgo de aumentar las importaciones y, por tanto, reducir la autonomía estratégica. Por todo ello, han decidido extender de forma "puntual y excepcional" el plazo de seis meses para que estas plantas en tramitación puedan acreditar esa autorización de construcción. Los proyectos, en todo caso, se culminarán antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación, como hasta ahora.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aprobó en el primer verano del coronavirus una norma que ponía orden a los proyectos renovables al establecer un calendario con las distintas etapas de su puesta en marcha para evitar la especulación en el sector. Pero la pandemia y la posterior crisis energética ha dilatado los tiempos y provocado que el Gobierno tenga que hacer 'correcciones' sobre esas etapas establecidas. La primera de las modificaciones se produjo hace más de un año, cuando dio nueve meses más de plazo para obtener los permisos medioambientales ante los retrasos de la administración por la avalancha de propuestas. 

Superávit hasta 2023

Otra de las medidas es el traspaso a 2023 del gigantesco superávit del sistema eléctrico de 2022, que asciende a más de 6.000 millones de euros. Esto se hace para financiar de esta forma aquellas medidas dirigidas a mitigar los efectos de la guerra de Ucrania sin tener que echar mano del presupuesto público, como como la extensión del 80% de los peajes eléctricos para las empresas electrointensivas sin ningún impacto presupuestario al incluir en el decreto. Los precios del gas se han moderado en los últimos meses, pero aún están por encima de su media histórica, contagiando a los precios de la electricidad lo cual afecta a la actividad de la industria electrointensiva. En el caso de los consumidores domésticos, la rebaja fiscal de la factura de la luz que incluye la exención del impuesto de producción eléctrica, la rebaja del IVA de la factura de luz y gas al 5% y del impuesto especial de la electricidad del 0,5% están aprobados hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que continúan sin cambios.

Comunidades energéticas

El Ejecutivo también ha aprovechado el decreto 'omnibus' para introducir una nueva figura jurídica en el sector energético, de acuerdo con las directivas europeas: las comunidades energéticas.