El sistema eléctrico cerró 2022 con un superávit de más de 6.000 millones por la inyección de dinero público

Pese a la crisis energética y la rebaja de la parte regulada de la factura de la luz, el sistema eléctrico cerró 2022 con un superávit. Y no uno cualquiera, sino que los ingresos fueron en 6.187 millones de euros superiores a los gastos, según los datos provisionales publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Una 'rara avis' para unas cuentas que suelen aflorar déficits y que se explica por la inyección de dinero público para compensar los menores ingresos derivados de las medidas aprobadas por el Gobierno para reducir el impacto de los precios de la energía en el bolsillo de los consumidores.

Los costes del sistema se situaron el año pasado en 13.897 millones de euros, un 18% menos de lo estimado, y los ingresos se elevaron hasta los 18.978 millones de euros, un 13% por encima de lo previsto. El grueso de los ingresos se recauda a través de los peajes y cargos que se incluyen en la factura eléctrica de todos los consumidores. Los peajes se dirigen a pagar las redes y el coste de la distribución eléctrica, y el precio lo fija la CNMC; mientras que los cargos se destinan a pagar las primas a las renovables (RECORE), la deuda acumulada de los distintos déficit o el sobrecoste por la generación extrapeninsular que corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica.

Pero el año pasado el Gobierno aprobó tras el inicio de la guerra de Ucrania una rebaja de la retribución a las renovables de 1.800 millones de euros para rebajar los cargos en un 55% y, así, aligerar el recibo. Eso explica la mayor parte de la reducción de los costes del sistema eléctrico, pero también que los ingresos por peajes y cargos hayan sido un 11% inferiores a lo previsto, hasta un total de 10.250 millones de euros.

La clave para el superávit está en el resto de ingresos, otrora menos relevantes, pero que el año pasado sumaron un total de 8.500 millones de euros, unos 3.000 millones de euros más de lo previsto. Entre esos ingresos se encuentra la compensación por el impuesto del 7% a la generación de electricidad, que afecta a las compañías de energía y estas repercuten en la factura de los consumidores. El Gobierno suspendió este gravamen de manera temporal en junio de 2021, cuando comenzó la crisis energética, y así se mantiene. Pero para evitar el agujero en las cuentas previó su compensación por un importe equivalente a la reducción de esos ingresos a través de los presupuestos. Esto explica dos aportaciones de 1.360 millones de euros y 1.917 millones de euros, respectivamente.

A esto hay que sumar la entrada de más dinero del esperado por las subastas de derecho de emisión de C02 que se elevan hasta un total de 2.027 millones de euros, cuando la previsión se situaba en unos 1.100 millones, así como un crédito extraordinario no previsto de unos 2.000 millones de euros aprobados 'in extremis' a final del año pasado para evitar cualquier posible desequilibrio en las cuentas.

Recorte de apenas 370 millones

También tuvieron un impacto positivo, aunque limitado en el saldo final, los 370,4 millones pagados por las compañías eléctricas por el recorte del Gobierno sobre los beneficios extraordinarios de sus centrales nucleares e hidráulicas por el alza del precio del gas. El Ministerio para la Transición Ecológica aprobó esta medida en septiembre de 2021 con el objetivo de obtener en el último trimestre de ese año --cuando los precios del gas todavía no se habían acercado a los niveles del año pasado-- una recaudación cercana a los 2.300 millones de euros con la que sufragar los menores cargos de la factura, que entonces eran de casi el 90%.

Pero un mes después de aprobarla, sin apenas tiempo para su aplicación, Ribera la suavizó tras una enérgica protesta por parte de las compañías al eximir del recorte a aquellos contratos con un precio fijo por encima de los 67 euros por megavatio-hora (el equivalente a un precio de 20 euros megavatio-hora para el gas, que es el precio medio histórico de esta materia prima). Según ha defendido Ribera, de esta forma se consigue que las compañías que venden esa energía estén obligadas a firmar contratos con sus clientes con precios que no pueden superar esos 67 euros por megavatio-hora.

Dos leyes sin aprobar

Además, de los ingresos por la minoración de los ingresos extraordinarios, tampoco se había previsto un crédito de 225 millones de euros para compensar la rebaja del 80% de los peajes de los consumidores electrointensivos, así como unos 187,4 millones de euros de los presupuestos para compensar las medidas de flexibilización de los contratos de suministro de energía eléctrica para proporcionar a los consumidores la posibilidad de adaptar sus consumos en el contexto de crisis energética actual. Entre estas tres aportaciones suman más que suficiente para no tener que echar de menos en las dos leyes anunciadas por la vicepresidenta Teresa Ribera en el inicio de la escalada de precios y que si no hay cambios se quedarán guardadas en un cajón del Congreso.

Una de ellas es la norma que buscaba recortar los beneficios extraordinarios de las eléctricas por el alza de los precios de los derechos de emisión de CO2, y la otra es lo que se denominó Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que saca de la factura de la luz las primas a las renovables para que sean pagadas también por gas y petróleo. Entre ambas sumaban una previsión de ingresos de 697 millones de euros en 2022, dado que se 'contaba' con la aprobación del FNSSE en el segundo semestre y su aplicación sería progresiva durante un plazo de cinco años.