El Gobierno se dispone a pinchar la burbuja renovable

El Ministerio para la Transición Ecológica se dispone a poner coto a la especulación con los proyectos renovables y evitar la acaparación de licencias durmientes, sin utilizar. Este es uno de los objetivos del real decreto ley energético que está ultimando y a cuyo borrador ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Las licencias de renovables que no se pongan en marcha de acuerdo a unos plazos que marca el decreto caducarán de forma fulminante y podrán ser ofertadas a otro titular. Además, el texto da luz verde al nuevo procedimiento de subastas. Unas medidas con las que trata de eliminar los cuellos de botella que ahora impiden trasladar a la factura de la luz el menor coste que permite la creciente producción 'verde'.

España ha registrado en los últimos meses un aluvión de solicitudes de nuevos proyectos renovables. Las peticiones para engancharse a la red eléctrica en los últimos 16 meses se elevan a 430.000 megavatios, el cuádruple de la potencia instalada a finales del 2018 (105.000 megavatios) y mucho más del objetivo de nuevas instalaciones para 2030 (60.000 megavatios). Red Eléctrica, encargada de gestionar estos permisos, lleva meses alertando sobre esta situación. El decreto asevera que "además de lo desmesurado de las cifras", existen "fundados indicios" que constatan el "eventual componente especulativo de buena parte de las solicitudes".

Existen intermediarios que ven una oportunidad de negocio en obtener licencias (sin intención de construir un parque eólico o fotovoltaico) para revenderla después a mayor precio. Muchos promotores pueden estar tentados a comprar esas autorizaciones para ahorrarse los cinco años de trámites, pero eso encarece el proceso y, por tanto, también se ve reflejado en la factura de los consumidores, además de colapsar al gestor eléctrico y ralentizar la entrada de energía limpia al sistema.

Por ello, el Ejecutivo ha decidido eliminar algunas de las barreras del proceso para que sea menos farragoso. Al mismo tiempo, se establecen determinados plazos (meses) para cumplir cada uno de los cinco trámites (solicitud de autorización administrativa previa, declaración de impacto ambiental, autorización previa, construcción y explotación definitiva). Si no se cumple alguno de estos plazos, la licencia caducará de forma "automática" y se ejecutarán los avales de garantía. En la práctica, esto supone que todas las licencias que no tengan detrás un proyecto maduro van a caducar de forma casi inmediata una vez entre en vigor el decreto.

No se admitirán nuevas solicitudes, hasta que se aprueba la circular de acceso y conexión

Los plazos temporales (referenciados a la fecha de aprobación del decreto) van desde los 3 o 6 meses del primer trámite a los 24 o 28 meses del permiso de construcción. En todos los casos, en 5 años el proyecto debe estar listo para su puesta en marcha. Además, Red Eléctrica "no admitirá" nuevas solicitudes hasta que el Gobierno y la CNMC aprueben la circular de acceso y conexión. 

El Ejecutivo también aligera el proceso de tramitación al permitir solicitar la autorización administrativa al mismo tiempo que la de construcción. En determinados casos de las modificaciones de instalaciones que tengan autorización administrativa se permite obtener el beneplácito para construir sin requerir un nuevo permiso administrativo y se incluye el concepto de "modificación no sustancial" que solo requiere la licencia de explotación.

Subastas

La nueva norma pone en marcha un <strong>nuevo sistema de subastas</strong> para la retribución de las energías renovables basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía generada. Un nuevo marco en el que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas. Y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía, en vez de la inversión como hasta ahora. El objetivo es cambiar el mecanismo actual que no permite que la factura de la luz se aproveche de forma directa del precio más barato de las renovables para establecer un precio predecible y estable.

El Gobierno quiere convocar nuevas pujas este año, según indicó la ministra Teresa Ribera en varias ocasiones. En la convocatoria de las subastas, "que deberán estar orientadas a la eficiencia en los costes", se podrá distinguir entre distintas tecnologías en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y otros que garanticen la transición hacia una economía 'verde'.

Suscríbete para seguir leyendo