Las renovables tendrán nueve meses más antes de que caduquen los permisos

El Consejo de Ministros ha aprobado una norma para evitar la caducidad, este viernes, de muchos proyectos renovables que tienen concedidos permisos de acceso y conexión a la red pero que no llegan a cumplir los plazos que marca el Ejecutivo ante el enorme atasco administrativo. El Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables establece que los promotores tendrán nueve meses más de margen para obtener la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas previa y de construcción.

No obstante, se mantiene el plazo total de cinco años para la obtención de la autorización administrativa de explotación definitiva que da luz verde a la puesta en marcha del parque. Además, se da un plazo de un mes para renunciar, si así se desea, a los proyectos sin perder las garantías económicas presentadas.

Desde el año 2018 se viene observando un crecimiento exponencial de proyectos renovables, en muchos casos desarrollados por empresas especializadas en las primeras fases de obtención de los permisos de acceso y autorizaciones administrativas, que venden los proyectos justo antes de la fase de construcción a fondos de inversión o empresas energéticas, que son los que los construirán y operarán durante su vida útil.

"Los cuantiosos importes que se pagan en el mercado por estos proyectos han generado unos incentivos poderosísimos para acaparar permisos de acceso a la red y tramitar carteras de proyectos de un tamaño muy superior al que el sistema eléctrico español puede asimilar", dice el texto del borrador del Real Decreto-Ley. En la actualidad, hay 150.000 megavatios renovables con permisos de acceso y conexión concedidos, mientras que el objetivo del Gobierno, dibujado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, prevé instalar 60.000 megavatios hasta el año 2030.

Para tratar de poner orden a esta problemática, el Ejecutivo elevó primero las garantías exigibles (que se duplicaron) y la exigencia de pagos y presentación por parte del promotor del proyecto de conexión al gestor de la red. Y, posteriormente, ante la evolución de la situación, estableció una serie de plazos administrativos que deben cumplir los promotores antes de que caduquen los permisos de acceso y conexión de forma automática. En este sentido, se establecieron plazos temporales para la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable, para la obtención de la autorización administrativa previa, de construcción y de explotación.

Este viernes, 25 de diciembre, vencía el plazo para la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable para todos los proyectos con permisos de acceso anterior a 2018. Por lo que el Ejecutivo da un nuevo margen de tiempo tanto para presentar la declaración de impacto ambiental y las autorizaciones administrativas previa y de construcción de los proyectos con el objetivo de dar la posibilidad a los proyectos "viables" de ponerse en marcha.

Autoconsumo

Para fomentar un despliegue efectivo del autoconsumo, el Real Decreto-ley permitirá la realización de autoconsumo colectivo (varios consumidores se benefician de una única instalación) a través de la red de alta tensión (hasta ahora solo se autorizada baja tensión). Se trata de llegar a grandes instalaciones como edificios públicos, polideportivos o industrias que no están conectadas a la baja tensión pero quieren compartir el autoconsumo con viviendas de su entorno.

Además, con el fin de reducir las cargas administrativas y los costes asociados al autoconsumo de pequeña potencia, los proyectos menores de 100 kilovatios están eximidos de la obligación de presentar garantías económicas para tramitarse.

Por otra parte, las compañías distribuidoras deberán disponer de canales de información abiertos –como un número de teléfono gratuito o una dirección electrónica– para presentar quejas, atender consultas y obtener información relativas a los expedientes de acceso a la red de instalaciones de autoconsumo. También se actualiza el actual régimen sancionador creando tipos específicos para atajar los problemas existentes, entre los que cabe destacar "el alargamiento artificial del proceso de tramitación y alta de las instalaciones de autoconsumo, así como la posible existencia de problemas en la gestión y comunicación de excedentes". 

Puntos de recarga

El Real Decreto-ley también incluye medidas para impulsar la instalación de puntos de recarga con, entre otros objetivos, alcanzar los 100.000 millones de instalaciones en 2023. Entre las principales, destacan aquellas medidas fiscales para nuevas infraestructuras de recarga: los ayuntamientos podrán aplicar bonificaciones hasta el 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), hasta el 50% en la Cuota Municipal en locales afectos a actividad económica y hasta el 90% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Los edificios no residenciales privados y los parkings no adscritos a edificios tendrán que instalar puntos de recarga cuando tengan más de 20 plazas de aparcamiento antes del 1 de enero de 2023, de un modo proporcional al número de plazas. Con carácter general, dispondrán de una estación de recarga por cada 40 plazas o fracción, hasta 1.000 plazas –en el caso de la Administración General del Estado, serán 20 plazas hasta 500 plazas– y una estación más por cada 100 plazas o fracción.

La instalación de los puntos de recarga queda eximida de la obtención previa de las licencias de obras, de funcionamiento o de actividad, de carácter medioambiental o similares y bastará una simple declaración responsable del titular. Además, se facilita la implantación de puntos de recarga en los terrenos circundantes a las carreteras del Estado, con vistas a su instalación masiva en las estaciones de servicio. Y se incorpora al ordenamiento jurídico un régimen sancionador para las distribuidoras de electricidad en casos de incumplimiento de plazos a la hora de facilitar información sobre las condiciones de la instalación de puntos de recarga.

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