Permisos laborales, alquileres o gasóleo: estas son las medidas del séptimo plan de choque del Gobierno

El Gobierno ha aprobado su séptimo plan de choque para paliar los efectos de la inflación sobre consumidores y empresas. El paquete de medidas validadas este martes por el Consejo de Ministros movilizan un presupuesto de 3.800 millones de euros y combina tanto prórrogas de ayudas ya existentes -hsata el 31 de diciembre, con carácter general-, como la adopción de nuevas medidas y nuevas políticas. En total, el Ejecutivo calcula que se destinarán 47.000 millones de euros, entre los siete planes de choque para frenar la inflación y combatir sus efectos sobre los colectivos más vulnerables. El plan de choque ha sido incorporado en un real decreto ley 'ómnibus' de más de 300 páginas que ha sido aprovechado por el Gobierno para para transponer algunas directivas europeas ya vencidas o adecuar la normativa a sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (caso de las VTC); también, para adoptar aunas medidas urgentes adicionales, sobre todo para poder desplegar con eficacia proyectos estratégicos y programas del Plan de Recuperación, según ha explicado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. El real decreto ley será sometido en bloque a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Estas son las principales medidas para frenar la inflación y apoyar a los colectivos más vulnerables:

• Vivienda: eliminada la prórroga de los alquileres y se mantiene la suspensión de deshaucios para vulnerables
• Alimentos: se prorroga hasta el 31 de diciembre la rebaja del IVA que entró en vigor el 1 de enero para una amplia cesta de productos básicos.
• Carburantes: Bonificación del combustible para transportistas. De 10 céntimos por litro de carburante durante los tres primeros meses y de 5 céntimos, entre octubre y diciembre.
• Industria electrointensiva: se mantienen las ayudas para estas instalaciones.
• Bombona de butano: congelación del tope al precio de la bombona.
• Abonos de transporte: Extensión de la ayuda para la bonificación de al menos el 50% de los abonos de transporte público, que depende de autonomías y ayuntamientos.

Además, el real decreto ley incorpora otro tipo de medidas que no están directamente orientadas a contener la inflación y sus efectos sobre los clectivos más vulnerables:

• Conciliación: Nuevos permisos para conciliar que contemplaba la ley de familias
• Becarios: Retrasada hasta el 1 de enero del 2024 la obligación de cotizar de todos los estudiantes en prácticas
• Energía renovable: Las empresas ganan seis meses para iniciar la construcción de sus parques eólicos y fotovoltaicos
• Coche eléctrico: La nueva desgravación del 15% del IRPF por compra de un coche eléctrico podrá llegar a un máximo de 3.000 euros
• Taxis y VTC: El Ejecutivo declara el taxi como servicio de interés público y habilita a las comunidades autónomas para limitar las VTC

Vivienda y alquileres

Los principales cambios llegan en materia de vivienda. El Ejecutivo retira la renovación automática con las mismas condiciones y por seis meses de todos los contratos de alquiler y ello queda limitado a las familias vulnerables. Algo que ha desperato el rechazo del socio minoritario de la coalición, Sumar. Sí mantiene la suspensión de desahucios de hogares vulnerables.

Para el bolsillo de los consumidores, queda prorrogado hasta el 31 de diciembre la rebaja del IVA de los alimentos básicos. Así como la congelación del tope al precio de la bombona de butano. También seguirá hasta final de año la bonificación del combustible para transportistas, que es de 10 céntimos por litro de carburante durante los tres primeros meses y de 5 céntimos, entre octubre y diciembre. 

Ayudas al auto y al transporte público

El real decreto incorpora prórrogas, pero también novedades. Entre la extensión de medidas ya existentes destaca la ampliación hasta el 31 de diciembre de la bonificación del abono de transporte público, para aliviar las finanzas de las familias y fomentar el transporte sostenible.

Un bloque de medidas está focalizado al sector del auto. Por un lado, el Gobierno habilita una deducción del 15% en el IRPF de cualquier ciudadano que se compre un vehículo eléctrico nuevo. También queda aprobado una batería de facilidades para incrementar la instalación de estaciones de recarga para vehículos eléctricos.

Y a raíz de la nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el sector del taxi y las VTC, en la que censuraba la regulación implementada hasta ahora que limitaba la proliferación de las segundas, el Gobierno ha aprobado una modificación para "introducir limitaciones vinculadas a criterios medioambientales", según ha explicado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en rueda de prensa.

Permisos y becarios

En materia laboral, el Ejecutivo de coalición ha dado luz verde a dos modificaciones. La principal son los permisos para facilitar la conciliación de trabajadores que estaban contemplados en la ley de familias (que no propserará en su conjunto dado el adelanto electoral). Los asalariados tendrán así tres nuevos permisos disponibles, uno de cinco días al año, retribuidos, que se podrá utilizar en caso de accidente o enfermedad graves.

Otro, también retribuido, 'por causa de fuerza mayor', que se puede distribuir por horas y podrá alcanzar en total de hasta cuatro días al año. Y el tercero, no retribuido, un permiso parental de ocho semanas, que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpla 8 años.

El Gobierno aprueba estos permisos a la vez que retrasa la entrada en vigor de otras medidas, como la obligación de cotizar de todo los becarios. Esta pasa a enero del 2024, cuando estaba contemplada en la última reforma de las pensiones para el 1 de octubre del 2023. La medida supondrá un mayor coste para universidades -que han presionado para su demora- y empresas y beneficiará a alrededor de un millón de estudiantes en prácticas.