Sánchez anuncia la promoción de 43.000 nuevas viviendas para el alquiler asequible

El ladrillo se ha convertido en el gran asunto de esta precampaña de las elecciones municipales y autonómicas. Tras el pacto con ERC y Bildu para desatascar la ley de vivienda, que el Gobierno espera que entre en vigor antes de los comicios del 28 de mayo, y la movilización aprobada el pasado martes de 50.000 inmuebles de la Sareb, el llamado 'banco malo', para destinarlos al alquiler sostenible, Pedro Sánchez hizo este miércoles un nuevo anuncio. “Vamos a financiar la promoción de otras 43.000 nuevas viviendas destinadas a alquiler social y alquiler a precios asequibles”, explicó el presidente del Gobierno durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. 

Estos inmuebles, tanto de nueva construcción como de rehabilitación, serán una realidad gracias a una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos. “Todas las actuaciones financiadas deberán cumplir dos condiciones: eficiencia energética y destino de la actuación a alquiler social o a precio asequible, o cesión en uso durante al menos 50 años”, dijo el líder socialista.

Las 43.000 viviendas se sumarán así al plan que anunció el Gobierno en 2021 para la creación de 100.000 pisos destinados a alquiler social. De momento, no está claro cuántos de los inmuebles anunciados este miércoles serán nuevos y cuántos rehabilitadas, pero fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por Raquel Sánchez, confían en tener un cálculo aproximado cuando el anuncio se haga realidad en el Consejo de Ministros. La fecha de aprobación sigue sin estar fijada. La intención es que sea antes de los comicios del 28 de mayo, pero depende de la llegada de los fondos europeos. 

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso

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En cualquier caso, Sánchez muestra así su perfil más de izquierdas ante las elecciones de dentro de poco más de un mes, con unas medidas y un discurso que buscan el contraste con el PP. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo también presenta estos días su propio plan de vivienda, que incluye iniciativas como una “ayuda a la emancipación” de 1.000 euros y facilitar al sector privado la construcción de nuevos inmuebles.

Un nivel “ínfimo”

El jefe del Ejecutivo apenas esperó para hacer el anuncio. Tras repasar como hace siempre que tiene oportunidad los buenos datos económicos (crecimiento, inflación y empleo) entró de lleno en el gran asunto en este momento político: la vivienda. “España es el cuarto país de la UE en el que más personas tienen que hacer un sobreesfuerzo para pagar el alquiler. Un millón y medio de hogares destinan más del 40% de sus salarios para el alquiler. Dos millones de familias quisieran comprarse una casa y no pueden. La vivienda es hoy un derecho inalcanzable para muchos de nuestros jóvenes. Es un fracaso. La vivienda es hoy un problema, no un derecho”, comenzó diciendo Sánchez.  

“Mi compromiso es total y rotundo. Vamos a convertir la vivienda en el quinto pilar del Estado del Bienestar. Hay que dejar definitivamente atrás el modelo neoliberal del PP, que apostó por la liberalización total del suelo y que aprobó un modelo fiscal regresivo. España tiene un problema con la vivienda muy serio. Somos el tercer país de la UE con más pisos vacíos. Menos del 3% del parque de vivienda es público, un nivel ínfimo, frente a la media de la UE, que es del 9%”, continuó el secretario general del PSOE. 

El anuncio de Sánchez fue rápidamente valorado, y no de forma especialmente positiva, por Unidas Podemos, el socio minoritario de la coalición. Su secretaria general y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, que estaba siguiendo el debate en el Congreso, vinculó la medida a la proximidad de los comicios autonómicos y locales, lanzando la tesis de que esta no se haría realidad sin los morados dentro del Ejecutivo. "Todo el mundo ha visto qué ha pasado en esta legislatura. Podemos ha tenido que emplear toda su influencia política estos tres años para que hoy tengamos la primera ley de vivienda. Los anuncios preelectorales del PSOE sólo se cumplirán si Podemos sigue gobernando con fuerza", escribió en Twitter.

La relación con Marruecos

Pero la comparecencia no solo estuvo centrada en la vivienda. Sánchez se detuvo en la relación con Marruecos, un asunto que también le distancia de Unidas Podemos, y en las dos últimas citas del Consejo Europeo, que eran los temas oficiales de esta convocatoria parlamentaria. Sobre las reuniones en Bruselas, el presidente destacó el papel que España ha jugado en la apertura del debate sobre la reforma del mercado eléctrico, la discusión pendiente sobre las nuevas reglas fiscales en Europa, con una posición partidaria de combinar el saneamiento de las cuentas públicas con tener margen para la transformación económica, y el pacto de asilo y inmigración, que es uno de los temas pendientes que el Gobierno quiere impulsar en el semestre de presidencia europea. 

Justo al apuntar a este asunto, Sánchez introdujo el balance de las relaciones con Rabat, refiriéndose a Marruecos como un "aliado esencial para la seguridad" y el control de la migración irregular que llega a España. El presidente apuntaló los efectos de la nueva relación con el reino alauí, tras el giro de la posición histórica sobre el Sáhara y el apoyo al plan autonomista marroquí, con los datos de llegadas de inmigrantes. La ruta atlántica, dijo, es la única que decrece en un contexto de aumento de la migración a Europa. Con destino a Ceuta y Melilla ha disminuido en un 78% respecto al trimestre del año anterior. En el caso de Canarias, un 63%. Los flujos hacia Italia, mientras tanto, han subido un 300%. 

El presidente también subrayó el alcance de la cooperación económica y comercial con Marruecos, que alcanzó los 22.000 millones de euros en 2022, el pacto para una "gestión compartida de las fronteras comunes" y la negociación sobre espacios marítimos dentro del "nuevo clima de cooperación". Sánchez, sin embargo, evitó poner fecha a la apertura definitiva de las aduanas de Ceuta y Melilla, dentro de una explicaciones que no contentaron a la mayoría de socios del PSOE, incluido Unidas Podemos. Casi todos ellos, de ERC al PNV, pasando por Compromís, cargaron contra Sánchez por su cercanía a Marruecos y su cambio de posición sobre el Sáhara Occidental.