El Gobierno elimina la prórroga de los alquileres con la oposición de Sumar

El Gobierno de coalición ha dejado caer la prórroga obligatoria de seis meses de los contratos de alquiler que aprobó por última vez el pasado mes de diciembre. En el real decreto-ley que ha salido este martes del Consejo de Ministros con medidas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania, la parte socialista del Ejecutivo ha decidido no incluir esta iniciativa, provocando con su decisión el malestar del socio minoritario en un momento especialmente sensible: a menos de un mes de las elecciones generales, que la izquierda encara con el viento en contra.

La portavoz de vivienda de Sumar, Alejandra Jacinto, ha mostrado su pleno rechazo. "Indignante es poco", ha señalado. Ante las críticas, el socio mayoritario se ha defendido subrayando que la prórroga se mantiene por un periodo de un año para los inquilinos vulnerables, así como argumentando que la medida se adoptó originalmente debido a la pandemia y la inflación, circunstancias cuyo impacto se encuentra en estos momentos muy mitigado.

"La parte socialista del Gobierno acaba de tumbar la medida que permitía prorrogar los contratos de alquiler durante seis meses que evitaba subidas abusivas de precios y desahucios", ha denunciado Jacinto, portavoz de Podemos en materia de vivienda y ahora integrada en el proyecto de Yolanda Díaz. A través de un mensaje publicado en Twitter, Jacinto ha denunciado que la medida, aprobada de nuevo en diciembre aunque en vigor desde el estallido de la pandemia del coronavirus, buscaba que los "inquilinos no sufrieran subidas abusivas" y que desde entonces la situación no ha variado.

Aunque actualmente está aprobada la ley de vivienda que limita la actualización de los alquileres a un 2% durante este año y a un 3% durante el 2024, los propietarios pueden incrementar los precios tanto como quieran al finalizar los contratos. En este sentido, Jacinto ha recordado que con la ley de vivienda se podría evitar estas situaciones en aquellas zonas de mercado tensionado, pero que "la voluntad política de muchos gobiernos autonómicos es la de no regular los precios de los alquileres".

"No hay justificación para no prorrogar la medida salvo proteger al rentismo", ha continuado Jacinto en Twitter antes de reiterar que "debería seguir vigente para cualquiera que quiera proteger a la gente frente a la vorágine especulativa en la que estamos inmersos".

La respuesta de la Moncloa

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, se ha revuelto contra estas críticas. "Lamento que haya personas que quieran generar incertidumbre o desasosiego. Todas nuestras decisiones han ido siempre dirigida a proteger a los inquilinos, especialmente a los más vulnerables", ha señalado durante su comparecencia posterior la Consejo de Ministros.

En este sentido, fuentes de la Moncloa explican que la prórroga se mantiene, y por un periodo más amplio al de seis meses, en el caso de los inquilinos con mayores necesidades. "La ley de vivienda ya recoge la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de un año para inquilinos en situaciones de vulnerabilidad. Es decir, aprobamos por ley una protección mucho más amplia para las personas en situación de vulnerabilidad cuyos contratos de alquiler finalicen, y además lo hacemos por un periodo mucho más amplio: un año", argumentan los colaboradores de Pedro Sánchez.

La prórroga que dejará de ser aplicable a partir del próximo viernes, continúan las mismas fuentes, había dejado de tener sentido, porque las circunstancias en España han cambiado. "Esta prórroga era una medida extraordinaria y coyuntural que tenía sentida en el contexto de la pandemia y en los momentos en que la inflación alcanzó máximos. Por fortuna, ahora la inflación se está moderando gracias a las medidas adoptadas y la gestión económica del Gobierno", concluyen en el entorno del presidente del Gobierno.

Los permisos de la ley de familias

El enfado de Sumar respecto a esta materia contrasta con la satisfacción expresada por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, después de que se hayan incluido en el real decreto-ley una serie de permisos que estaban recogidos en el proyecto de ley de familias que quedó en agua de borrajas por el adelanto electoral. En concreto, se recoge un permiso de cinco días al año, retribuidos, que se podrá utilizar en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que necesite reposo, tanto de un familiar de hasta 2º grado como de un conviviente.

Además, habrá un permiso retribuido 'por causa de fuerza mayor', que se puede distribuir por horas y podrá alcanzar en total de hasta cuatro días al año. Por último, un permiso parental no retribuido de ocho semanas, que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial, hasta que el menor cumpla 8 años.