¿Qué pasa con las leyes pendientes de tramitar en Catalunya?

Un cambio de legislatura tiene muchas implicaciones, y una de ellas es que algunas de las tramitaciones legislativas iniciadas quedan pendientes. Los decretos de la sequía y la vivienda, aprobados por el Govern, todavía tienen que ser validados por el Parlament, y varios proyectos de ley, como el del audiovisual, el de memoria democrática o el de los pisos turísticos, han quedado colgados. Aun así, existe un órgano denominado Diputación Permanente que garantiza la continuidad de la actividad parlamentaria en los periodos entre sesiones y legislaturas. Es este órgano quien asume ciertas responsabilidades del pleno del Parlament. Sus funciones acaban en el momento en que se constituye la nueva Cámara, en este caso, el próximo 10 de junio como máximo.

¿Quién conforma y qué hace la Diputación Permanente?

El órgano está formado por 23 miembros, que representan de manera proporcional a todos los grupos parlamentarios. Estos mantienen la condición de diputados después de la disolución del Parlament y hasta se constituya el nuevo. En concreto, son miembros de la Diputación Permanente: la presidencia de la mesa, las vicepresidentas primera y segunda, y las secretarías primera y segunda, cinco diputados de ERC, cinco diputados de Junts por Catalunya, cuatro del PSC, uno de Ciudadanos, uno del PP, uno de Comuns Sumar, uno de Vox y uno de la CUP.

Una de las funciones de la diputación es aprobar o derogar los decretos ley pendientes de validación en un plazo de 30 días hábiles. Dentro de este periodo, el Parlament los puede validar –con lo cual, mantienen la vigencia– o los puede derogar. Si el plazo acaba sin que el Parlament o la Diputación Permanente los haya validado, quedarían derogados.

¿Qué decretos ley están en tramitación?

Una de las últimas acciones del Govern de la Generalitat antes de convocarse elecciones fue aprobar el Decreto ley para regular el alquiler de temporada y de habitaciones. Al tratarse de un decreto ley, de momento está en vigor, pero todavía tiene que ser ratificado o derogado. Durante la legislatura lo haría el pleno, pero ahora con la disolución de la cámara esta tarea recae en la Diputación Permanente.

El Decreto ley 6/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda data del 25 de abril. Así, la Diputación Permanente tiene hasta el día 10 de junio para validarlo o derogarlo. En la normativa, se recoge, entre otras medidas, la creación de un régimen sancionador, la aplicación del tope de precios a aquellos alquileres temporales no destinados al ocio o un límite para que el precio de las habitaciones que se alquilen por separado no supere el de una vivienda unitaria.

Este Decreto ley coincide en plazo con el 5/2024 por el cual se establecen medidas extraordinarias y urgentes de apoyo en el sector agrario afectado gravemente por la situación de sequía y se adoptan otras medidas urgentes de carácter económico y administrativo. Las medidas consisten, esencialmente, en establecer las bases de las ayudas a las explotaciones agrarias o el control de ciertas especies cinegéticas.

Finalmente, queda pendiente de ser validado el Decreto ley 4/2024 por el cual se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en el ámbito del distrito de cuenca fluvial de Catalunya que fecha del 17 de abril y puede ser validado hasta el 31 de mayo. Con él, se modifica el Plan Especial de Sequía (PES) para incluir las piscinas como refugio climático, actualizar los umbrales de consumo o establecer un régimen sancionador.

¿Y qué pasa con las leyes?

En cambio, los proyectos de ley, es decir, los que salen del Govern, y las proposiciones de ley –que se impulsan desde los grupos parlamentarios–, decaen en el momento que se disuelve el Parlament.

Así, a partir de la disolución de la Cámara el pasado 19 de marzo, decayeron gran parte de las iniciativas que se estaban tramitando. Concretamente, han quedado en el cajón 17 proyectos de ley y 49 proposiciones de ley. Algunas de las más destacadas serían las proposiciones de ley para ampliar la renta garantizada ciudadana o de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo. Igualmente, quedarían sin tramitar proyectos del Govern como el de medidas urgentes sobre el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico.

Las Iniciativas Legislativas Populares (ILP) no caducan, sino que se retoma su tramitación durante la nueva legislatura. De hecho, todavía hay nueve en marcha y la más antigua tiene fecha de 2007. Así mismo, las propuestas de proposiciones de ley para llevar al Congreso – de las cuales actualmente hay cinco – tampoco decaen.

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