26 oct 2020

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Las clases dirigentes españolas están fragilizando el Estado que la sentencia del 19 de octubre del 2019 pretendió apuntalar con las condenas a los dirigentes políticos y sociales juzgados por los hechos de septiembre y octubre del 2017 en Catalunya. Es verdad que la pandemia del coronavirus ha salido al encuentro de la crisis institucional que ya padecíamos y ha creado una sanitaria de proporciones gigantescas y otra social y económica que no estaba en absoluto prevista. Pero los gestores de lo público –y aunque no todos en la misma medida ni con el mismo nivel de responsabilidad en vez de agudizar el sentido de Estado, cerrar filas en lo esencial, debatir civilizadamente en lo más contingente, parecen haberse lanzado por un tobogán de despropósitos hasta el punto de que la "ensoñación" del proceso soberanista en versión del Tribunal Supremo podría transformarse en una iniciativa más corpórea y verosímil de lo que estimó la Sala Segunda y de lo que suponen los circuitos del poder estatal en Madrid.