31 oct 2020

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La oposición carga con dureza contra la reforma de la ley del CGPJ

PP, Cs y Vox anuncian que recurrirán ante el Tribunal Constitucional

Los populares consideran que es una maniobra "dictatorial" de Sánchez

Pilar Santos

El líder del PP, Pablo Casado, en la tribuna del Congreso, en una foto de archivo.

El líder del PP, Pablo Casado, en la tribuna del Congreso, en una foto de archivo. / EMILIO NARANJO (EFE)

Los partidos de la oposición salieron en tromba este martes contra la artimaña legal del Gobierno de coalición para reformar la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin la participación del PP. "Es una maniobra dictatorial", denunciaron los populares. "Es una infamia (...) No se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido", se quejó Ciudadanos. "Quieren convertir España en una tiranía", avisó Vox. Los tres partidos avisaron de que recurrirán ante el Tribunal Constitucional.

Las tres formaciones están en contra de que el PSOE y Podemos hayan llevado al Congreso vía proposición de ley unos cambios que permitirán aprobar la renovación del poder judicial (12 de los 20 vocales) con mayoría absoluta (176 diputados) y no con mayoría reforzada (210), como hasta ahora. El Gobierno podría haberlo hecho a través de un proyecto de ley, impulsando la reforma desde el Consejo de Ministros, pero no ha querido. La diferencia no es baladí. Con la opción elegida (la proposición de ley) se evita tener que pedir informes al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio CGPJ. Según fuentes socialistas, todo el proceso, que no se hará por el trámite de urgencia, puede durar unos dos meses: debe ir a comisión, se hace la ponencia, se vota en pleno y pasa por el Senado.

"Cuando se busca anular el papel de la oposición, esas conductas son autoritarias, son dictatoriales"

Cuca Gamarra

Portavoz del PP en el Congreso

El PP decidió en agosto romper los contactos que mantenía con el PSOE para renovar el CGPJ, después de que Podemos, con la salida de Juan Carlos de España y las informaciones sobre sus cuentas ocultas, cargara duramente contra la monarquía. Esos "ataques", en palabras de los conservadores, hacen imposible que puedan sentarse a negociar con los morados el nombre de los jueces. El Ejecutivo de coalición intenta con su iniciativa sortear el bloqueo del PP, una "obligación legal", dicen los socialistas con la que los populares no quieren cumplir. Sánchez y Pablo Iglesias aseguran que tienen ya el apoyo de una mayoría de, al menos, 186 diputados para sacarla adelante: entre los votos del PSOE; Podemos, ERC, PNV, Junts per Catalunya, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe. 

Contentar a independentistas y a Bildu

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, aseguró que la reforma constituye un "fraude" porque se hace a través de una proposición de ley no tener que solicitar los informes de los órganos consultivos y advirtió de que su formación no va quedarse de brazos cruzados ante las "conductas autoritarias y dictatoriales" del jefe del Ejecutivo. El marco legal actual, que señala que se necesita una mayoría reforzada para renovar el poder judicial, "garantiza la separación de poderes y la independencia del poder judicial", subrayó Gamarra. Después de que saltara la noticia de que el PSOE y Podemos iban a registrar la iniciativa en el Congreso, Pablo Casado, el presidente del PP, no tardó en anunciar en Twitter que recurrirá contra esa reforma ante el Constitucional y "las instituciones y tribunales europeos".  

Vox denuncia que la iniciativa llega justo cuando se ha solicitado al Supremo que investigue a Iglesias

Vox también acudirá a la justicia, informa Miguel Ángel Rodríguez. El portavoz ultra en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, destacó que este movimiento coincide con el intento de Podemos de "presionar" al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que solicitó la semana pasada al Tribunal Supremo que investigue a Iglesias por el 'caso Dina' y la tarjeta del móvil. Tampoco gustó la reforma exprés a Ciudadanos. El portavoz, Edmundo Bal, abogado del Estado, calificó la iniciativa de "infamia" y denunció que Sánchez quiera llevar al poder judicial "la mayoría Frankestein", con jueces que gusten a sus socios de investidura, entre los que citó a los independentistas catalanes y a Bildu