El Gobierno usa una argucia legal para renovar el Consejo del Poder Judicial

El Gobierno apretó este martes el botón para lanzar la reforma legal que facilitará la renovación del Consejo General del Poder Judicial sin el concurso del PP. Y la quiere rápido, arriesgándose a abrir una puerta peligrosa, la de la ruptura de los consensos y la rebaja de las mayorías necesarias para el relevo en las instituciones del Estado. Tanto ha pisado el acelerador Pedro Sánchez que ha preferido tramitar la modificación de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ) como proposición de ley en el Congreso. Eso es, a través de los grupos que sustentan su Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos.

Con ello, gana tiempo, ya que socialistas y morados calculan que en dos meses puede estar listo el cambio en la norma, y sobre todo se ahorra el trámite de la petición de informes a los órganos consultivos. Porque cuando es el Gobierno el que toma la iniciativa y lleva un proyecto de ley a la Cámara baja, este debe contar con los dictámenes preceptivos, aunque no vinculantes. El Ejecutivo de coalición se evita así el previsible rapapolvo del actual CGPJ, el directamente concernido por esta reforma exprés que ha levantado en armas a la oposición conservadora —acusa a Sánchez de una maniobra "dictatorial"— y que anticipa el escenario de la siguiente batalla: el Tribunal Constitucional. 

El Gobierno ya llevaba tiempo trabajando en cómo sortear el "bloqueo" del PP a la renovación del CGPJ. Podemos insistía en cambiar la ley, pero el PSOE no lo veía muy claro. Pero lo que empujó al presidente a actuar fue el fracaso de la segunda intentona, en verano, cuando las negociaciones estaban muy avanzadas. Desde entonces, el apremio al PP para relevar el Poder Judicial, presidido por Carlos Lesmes desde diciembre de 2013 y con el mandato vencido hace casi dos años, ha sido continuo.

Sin éxito. El Ejecutivo ha constatado que la posición de Pablo Casado, que prometió no acceder a la renovación hasta que UP saliera del poder, no era una pose. "No iban a renovar. Han decidido una actitud inconstitucional y punto", responden en la Moncloa cuando se pregunta por el detonante. Por la razón última para lanzar la reforma de la LOPJ, que se decidió "este fin de semana", indican en el Ejecutivo. Lo inesperado fue que se tomase el camino exprés, el de la proposición de los grupos, porque hasta ahora se contaba con que la iniciativa saldría del Consejo de Ministros.

Y sorprendió el momento, porque la semana pasada miembros del Gabinete al tanto de la redacción del texto enfriaban la tramitación, a la espera de si el PP daba su brazo a torcer. La propia portavoz, María Jesús Montero, indicaba que la situación aconsejaba "dialogar con el tiempo que se requiera", sin dar pasos "en caliente". Algunos ministros incluso aventuraban que se lanzaría el cambio pasada la moción de censura de Vox, cuando los populares se sintieran menos presionados por la ultraderecha. De hecho, en Justicia preferían ir con calma. Y es que la revisión legal contaba con la opinión contraria o las dudas de varios ministros. Pero, a fin de cuentas, ya señalaban estas fuentes, "todo depende de la decisión del presidente". Y él determinó activar la reforma ahora. Tras un 12-O en el que quienes pudieron hablar con Casado concluyeron que no iba a ceder. 

"Buscar acuerdos"

El texto registrado este martes en el Congreso por PSOE y Unidas Podemos pivota sobre dos elementos claves. Uno, el recorte de las atribuciones conferidas al CGPJ cuando entra en funciones tras agotarse sus cinco años de mandato. Ello hará que los 20 vocales y su presidente mantengan la potestad reglamentaria e inspectora, pero perderán la capacidad de nombrar a la cúpula judicial (presidentes de sala y magistrados del Supremo, presidentes de las Audiencias, de los TSJ y de la Audiencia Nacional, magistrados del TC...).

Dos: rebaja de las mayorías para la elección por Congreso y Senado de los 12 vocales del turno judicial. Se pasaría de la mayoría de tres quintos actual, que consagró la LOPJ de 1985, a la mayoría absoluta en segunda votación. Para los ocho vocales juristas, no hay cambios, ya que la Constitución, en su artículo 122, impone que han de ser designados por las Cortes por tres quintos. Una reforma de la Carta Magna es impensable ahora mismo, por la dificultad de componer mayorías cualificadas.  

"La sociedad española necesita a todas sus instituciones con plena eficacia. No podemos permitirnos tener bloqueado el CGPJ por causas partidistas"

Adriana Lastra

— Portavoz parlamentaria del PSOE

Los portavoces de PSOE y Unidas Podemos, Adriana Lastra y Pablo Echenique, defendieron la proposición registrada, insistiendo en que se sigue obligando a "buscar acuerdos", pero que se incorpora una cláusula que permite desatascar las instituciones, en palabras de la socialista. Para su homólogo morado, la reforma persigue "proteger al Poder Judicial" de las "tácticas partidistas" del PP, forzando la renovación de un órgano cuya composición "es fruto de una mayoría parlamentaria que ya no existe", la absoluta que ganó Mariano Rajoy en 2011.

El Ejecutivo lanza la revisión tras constatar que el PP no estaba dispuesto a renovar

De hecho, su primer ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, apuntó Lastra, impulsó una revisión de la ley en 2013, en solitario, para que las Cámaras pudieran proceder al relevo de los 10 vocales que le toca elegir a cada una de manera independiente. Lo que hace el texto presentado es separar el procedimiento de designación de los vocales jueces de los juristas de reconocido prestigio, al rebajar las mayorías para los primeros. 

Según recalcó la portavoz socialista, la Constitución no impone una mayoría cualificada para los candidatos del cupo judicial y se encomienda a la ley orgánica, por lo que no descarta la mayoría absoluta si no es posible alcanzar la reforzada. "La sociedad española necesita en estos momentos a todas sus instituciones con plena eficacia. No podemos permitirnos tener bloqueado el CGPJ por causas partidistas", remató Lastra, para quien el PP pretende "perjudicar" a las instituciones. La reforma está "meditada y pensada" para "proteger" el correcto funcionamiento de un órgano "central" en democracia. 

"Competencia del Congreso"

La también número dos del PSOE defendió la alternativa de la proposición de ley porque el nombramiento de los vocales del Consejo es "competencia del Congreso, no del Gobierno", y porque Lesmes ha instado a las Cortes para su renovación, igual que la Comisión Europea. Montero incidió en que cualquiera de las dos vías es "igualmente legítima y democrática". 

El TC, ante el que el PP recurrirá, validó la ley de 1985 porque incluyó la "cautela" de los tres quintos

El Ejecutivo se abre otro importante frente a las puertas de la presentación de los Presupuestos del 2021, que sigue sin tener garantizados. Y no uno menor. Porque se evita la probable reprimenda del CGPJ, del Consejo de Estado o del Consejo Fiscal, pero no la crítica de las asociaciones judiciales mayoritarias, muy contrarias a este cambio. Además, la derecha —incluida Cs, cuya línea de oposición es más suave que la de Casado y Vox— cargó con dureza contra la reforma y el PP anunció recurso ante el TC y ante los tribunales europeos.

En el Gobierno, hay ministros que temen esa victoria en diferido de los populares, ya que una sentencia de 1986 validó la LOPJ promovida el año anterior, 1985, por Felipe González, la que instauró el sistema de que las Cortes eligieran a los 20 vocales del Consejo, precisamente porque incluía esa "cautela" de los tres quintos. Esa mayoría cualificada, señalaba el fallo del TC, aseguraba la independencia del Poder Judicial y garantizaba un equilibrio, sin que se trasladase a él la lucha partidista. 

Se busca "proteger el Poder Judicial. El actual es fruto de una mayoría parlamentaria que ya no existe y carece de legitimidad democrática"

Pablo Echenique

— Portavoz de Unidas Podemos en el Congreso

El anuncio soliviantó al PP, que ve en la maniobra un "ataque a la independencia judicial" y una destrucción de la separación de poderes. Los populares lo tienen "fácil", respondió Montero: que desbloqueen el órgano. "La Constitución hay que cumplirla de la A a la Z, no se puede ser constitucionalista a ratos", denunció la portavoz. La ministra alegó que si PSOE y UP han dado el paso es porque Casado ha dejado claro que no negociará, y el Ejecutivo, por tanto, no va a permitir que se deslegitimen las instituciones. Además, el Gobierno dice no sentir "ninguna inquietud" respecto a la constitucionalidad de la medida, que contará con todas las "garantías jurídicas". 

Algunos integrantes del Ejecutivo consideran que ha podido operar, en la decisión de Sánchez, la "presión" de los morados y, singularmente, de Pablo Iglesias. UP ha venido denunciando las "resistencias" de ciertos poderes del Estado al cambio. Lo cierto es que el anuncio de este martes coincide con un momento de máxima tensión del Gobierno con los jueces y cuando el Supremo, que preside Lesmes, ha de decidir sobre la imputación del vicepresidente segundo por el 'caso Dina'. 

PSOE y Unidas Podemos cuentan con el apoyo de la mayoría de la investidura más JxCat para sacar adelante la modificación de la ley. 187 votos, 11 más que la absoluta requerida. Aunque un integrante de ese bloque, Íñigo Errejón, de Más País, advertía este martes de la necesidad de "contrapesos" cuando se está en el Gobierno y en la oposición. En la Moncloa aseguran que la situación, con las instituciones paralizadas, es insostenible y por eso había que actuar. Y, como dice un miembro del Gabinete, "Pedro no ha tolerado que Casado le echara un pulso así".