Las principales asociaciones de jueces se remiten a Polonia y Hungría ante la reforma del CGPJ

Las dos asociaciones judiciales mayoritarias, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Francisco de Vitoria, son muy críticas con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial presentada este martes en el Congreso por los grupos que forman el Gobierno. Coinciden en que aleja a España de los parámetros europeos de independencia judicial y nos acerca a países como Polonia o Hungría, en los que gobierna la ultraderecha y que han recibido reiteradas advertencias de los tribunales e instituciones europeas por el retroceso que han sufrido en la separación de poderes.

Solo la progresista Jueces para la Democracia se muestra cauta en sus críticas respecto a la reforma. Su portavoz, Ascensión Martín, explica que "su posición es la renovación en plazo del CGPJ" y las demás instituciones con mandato caducado, como el Tribunal Constitucional, "con la ley actual". Para no ir más allá, se pregunta "hasta cuándo se tiene que esperar al que no se sienta en la negociación", lo que, en su opinión, justifica el paso dado por el Ejecutivo. "Los políticos están para solucionar los problemas de los ciudadanos y no para crearlos, sobre todo en un momento como el actual, de pandemia", insiste.

A lo largo de la tarde, a las críticas también se sumó la Asociación Europea de Magistrados, que considera que "España está dando un paso atrás en los objetivos fundamentales para la independencia judicial", porque la reforma anunciada "aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto, dañando la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva".

María Jesús del Barco, de la APM, recuerda que entre las recomendaciones que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) remite a España periódicamente siempre figura el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, lo que se suma a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha expresado en un sentido similar en sus resoluciones. 

Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la segunda asociación en cuanto a número de asociados, la Francisco de Vitoria, ahonda en este argumento y califica la reforma del Gobierno de "auténtico despropósito", porque se dirige en dirección contraria a la indicada por los organismos internacionales. "Establece un vínculo más fuerte con los políticos", por lo que se acrecentaría el problema actual, que es de mera "apariencia de politización", en vez de solucionarlo. Y recuerda que las competencias del órgano de gobierno de los jueces no se limitan solo a nombramientos de altos cargos judiciales, sino también son disciplinarios, de traslados o de ascensos.

"Pretender romper el bloqueo con una reforma con dudas de inconstitucionalidad es muy peligroso"

"En tiempos de Franco estaría de lujo" que el Ministerio de Justicia asumiera las competencias del Consejo, mientras este esté en funciones, señala Del Barco, en referencia a la opción barajada por el Ejecutivo en un primer momento de asumir las obligaciones del órgano de gobierno de los jueces mientras su mandato esté caducado. Al final, la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos limita las funciones del Consejo pendiente de renovación, al prohibirle realizar nombramientos, pero mantiene el resto, sin traspasárselas al Ejecutivo. 

Dudas de inconstitucionalidad

Con independencia de ello, la portavoz de la asociación de jueces conservadora denuncia que "pretender romper el bloqueo constitucional", que impide la renovación en plazo de ciertos órganos, "a través de una reforma con serias dudas de inconstitucionalidad es muy peligroso". 

Lo dice por la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 que avaló que los vocales de extracción judicial fueran elegidos por las Cortes -como ya ocurría con los juristas de reconocida competencia-, al entender que la mayoría de tres quintos prevista en la Constitución para estos últimos conjuraba el riesgo de politización que aquella reforma podía conllevar, al forzar el consenso. El Gobierno ahora prevé elegir a los 12 jueces por mayoría absoluta, lo que permitiría que un solo partido, si obtuviera ese respaldo, como ocurrió con el PSOE y el PP, pudiera designar a la mayoría del Consejo. Los otros ocho podrían seguir caducados.

Si algún juez o fiscal augura que el TC avalará un reforma semejante, se ha cuidado mucho de exponerlo en Twitter, donde la mayoría solo ve "peligros" en la reforma anunciada.