La reforma del Poder Judicial clava los ojos de Europa en España

Apenas dos semanas después de que Europa mostrara su preocupación por que el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial siguiera pendiente, la reforma con la que el Gobierno de PSOE y Podemos pretende urgir al PP para abordar la renovación de este órgano ha saltado las alarmas europeas sobre la independencia judicial en España.

De momento, no es más que una propuesta. Pero la Comisión Europea sigue de cerca los acontecimientos y si esta se aprueba podría acabar por pronunciarse. La UE fija unos estándares que deben seguir todos los estados miembros y a los que se comprometen en sus tratados, entre los que se encuentra reforzar la independencia judicial.

La Red Europea de Consejos del Poder Judicial, creada en 2002, defiende que la designación de los miembros del órgano de gobierno de la judicatura "debe dejarse, directa o indirectamente, en manos de los jueces, empleando métodos democráticos que garanticen una naturaleza 'pluralista' de la representación en el Consejo y una amplia legitimación". Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también exige a los estados que garanticen la independencia y eviten influencias de los otros poderes.

El Grupo de estados contra la Corrupción (GRECO), órgano dependiente del Consejo de Europa, ha recomendado reiteradas veces a España que cambie su sistema de elección de jueces. En su último informe, de junio de 2019, insistió en que "las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección de los vocales del turno judicial".

En la respuesta que el Ministerio de Justicia envió a Estrasburgo en junio de este mismo año, el propio CGPJ defendió que su actual composición es "fruto de un acuerdo parlamentario adoptado por más del 90% de sus miembros, no siendo baladí la presencia de muchas fuerzas políticas en ambas cámaras, y el sistema de elección de los vocales puede ser susceptible de cambios, pero es incuestionable desde un punto de vista de legitimidad democrática". Pero ese acuerdo parlamentaria se iría al traste si acaba por aprobarse la reforma de PSOE y Podemos, que no solo mantiene la participación de las autoridades políticas en la elección de los jueces, sino que elimina la necesidad de que sea por mayoría cualificada.

La respuesta de Polonia

Que la oposición en España iba a aprovechar la iniciativa para arremeter contra el Gobierno estaba entre los cálculos de socialistas y morados. No así que una de las primeras réplicas llegara del subsecretario de Asuntos Exteriores polaco, Pawel Jablonski, que pedía a la Comisión Europea intervenir como lo hicieron con Polonia.

Junto a PP y Ciudadanos, Varsovia ha contribuido a que los ojos de Europa se posen en el Poder Judicial español. Además de Hungría, son los únicos estados miembros a los que se les ha activado el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que permite que sean sancionados por violar valores básicos de la UE. En enero de este año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se denunciaba la deriva autoritaria de ambos países, con especial mención a la independencia de sus sistemas judiciales, y se exigía a la Comisión Europea que interviniese de manera contundente. El PP español rompió la unidad de voto con sus compañeros de grupo europeo y votó en contra.

Polonia y Hungría: el extraño espejo

La comparación con Polonia y Hungría se agita desde los miembros de la oposición, pero también lo han hecho las dos asociaciones mayoritarias de la judicatura. En Polonia, la elección de los miembros de su Consejo Nacional del Poder Judicial era mixta: 6 elegidos por el Parlamento, 4 miembros natos y otros 15 jueces elegios por sus iguales. La reforma que se puso en marcha en 2016 supone que esos 15 también pasen a ser elegidos por el poder legislativo. Es, a priori, la única similitud con la propuesta de PSOE y Podemos. La reforma judicial polaca incluye una serie de medidas que ha denunciado Europa: desde planes para jubilar de manera anticipada a los jueces o un régimen disciplinario que supone que puedan ser sancionados por sus decisiones judiciales.

En el caso de Hungría, el Consejo Judicial Nacional está compuesto por 15 jueces. De ellos, 14 los elige una conferencia de jueces mediante una votación secreta y por mayoría simple. Pero el principal problema es la Oficina Nacional del Poder Judicial, cuyos miembros los designa el Parlamento, y que gestiona los órganos jurisdiccionales y tiene poder de decisión sobre los nombramientos.

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