Casado avisa: la renovación del CGPJ de Sánchez pone en peligro los fondos europeos

Pablo Casado ha advertido este miércoles en el Congreso de que la reforma legal que propone el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el concurso del PP pone en riesgo los fondos que tienen que llegar de Europa. El líder conservador lanza este aviso porque esas ayudas están ligadas al respeto del Estado de derecho, una condición que los socios han puesto pensando en Polonia y Hungría. 

En opinión de Casado, la modificación de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ) como proposición de ley (lo que evita al PSOE y a Podemos pedir informes consultivos al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio CGPJ) es un "atropello legal", una "reforma a la polaca". "No ponga en riesgo los fondos de reconstrucción europeos", ha lanzado el líder del PP a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno, muy bronca como es habitual estos últimos meses. "A mí no me presiona nadie [para negociar el CGPJ] y menos alguien como usted", ha apuntado.

Las principales asociaciones de jueces se remiten a Polonia y Hungría ante la reforma del CGPJ

Socialistas y morados justifican su reforma porque Casado se niega a sentarse con el Ejecutivo a reformar el Poder Judicial. El dirigente de los populares no quiere negociar nada con Sánchez hasta que "expulse del proceso a Podemos". Los populares censuran la participación de Iglesias en la renovación del CGPJ porque "ataca" a los jueces, al Rey y su partido está "imputado" por presunta financiación irregular en el 'caso Neurona'.  "Usted quiere elegir al juez que le juzgue", ha espetado Teodoro García Egea, secretario general del PP, a Pablo Iglesias. 

El jefe del Ejecutivo ha afeado al jefe de la oposición que se resista a pactar la composición del nuevo Poder Judicial y que, cuando el PP está en la oposición, cumpla con la Constitución cuando le apetece. "Desde que usted lidera el PP, no es un partido de Estado, es un partido antisistema que no cumple con la Constitución. Arrastra a su partido a una oposición crispada y provocadora, que es lo que está haciendo ultraderecha", le ha contestado Sánchez. El presidente del Gobierno ha pedido a Casado que se piense bien qué va a hacer la semana próxima, cuando se debata la moción de censura que ha presentado Vox. "Rectifique, mediten antes de que sea muy tarde para usted y para su partido", ha concluido.  

Fuentes de la Moncloa han lamentado que el PP considere que si él no gobierna "no hay democracia". "Es una maniobra para reformar algo a lo que se niega Casado, pese a que sabe que no está cumpliendo con la Constitución. El Gobierno tenía que reaccionar ante ese bloqueo. Somos el garante del orden constitucional", se defienden esas fuentes. En el Ejecutivo se está estudiando cómo poder renovar también las otras instituciones con mandatos caducados. Las fuentes del Gobierno no han concretado cuáles, pero en estos momentos las afectadas son, entre otras, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y RTVE.  En el caso del TC se necesita una mayoría reforzada de 210 diputados, porque así está blindado por la Carta Magna. Solo podría reformarse la norma para elegir al Defensor del Pueblo y a los miembros del Tribunal de Cuentas (hasta ahora, se requiere el aval de tres quintos de Congreso y Senado), porque la norma que regula la radiotelevisión pública ya contempla que el consejo de administración pueda nombrarse por mayoría absoluta de las Cámaras en segunda votación.  

Recurso ante el Constitucional

También ha mostrado su rechazo frontal a la reforma legal del CGPJ Santiago Abascal, el líder del Vox, en su cara a cara con Sánchez. "Están están al frente de un golpe contra el Estado de derecho, contra el Rey constitucional, la justicia independiente y contra la oposición", ha afirmado el líder ultra. El presidente, en vez de dedicar todo el tiempo de su respuesta a Abascal, se ha dirigido a Casado y le ha vuelto a reclamar que no se deje "arrastrar en la estrategia de comunicación de la ultraderecha" y modere al PP. 

En el Gobierno no esperan ni temen preguntas de los socios europeos sobre la reforma de la LOPJ

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, que ha preguntado esta semana a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha aprovechado su turno para recordarle que (como PP y Vox dijeron el martes) su formación denunciará ante el Tribunal Constitucional la reforma legal y la impugnará también en las instituciones europeas. "Si no lo frenan ustedes, lo frenarán en Europa. Rectifiquen porque están dañando la imagen de España", ha avisado. "Se van a repartir los jueces solo los del Gobierno con sus socios, que son filoterroristas, condenados por golpistas y populistas", ha concluido.

Fuentes del Gobierno subrayan que no se espera de ningún modo que este jueves y viernes, cuando se celebra un nuevo Consejo Europeo, Sánchez vaya a recibir preguntas sobre la reforma del CGPJ. "Ni está ni se espera ese debate en Europa", sostienen tajantes desde la Moncloa, donde se recuerda que no hay similitud con la situación de Polonia y Hungría, cuestionadas por el resto de socios y, sobre todo, por el Parlamento Europeo, por sus ataques al Estado de derecho. "No tiene nada que ver", enfatizan. España apoya la propuesta alemana, menos ambiciosa que la de la Eurocámara, que liga la liberación de los fondos de recuperación a su buena administración. España defiende que se busque una solución que satisfaga a todos los Estados miembros para que los recursos europeos estén listos lo antes posible, incluso el 1 de enero del 2021. Hungría y Polonia amenazan con el veto si se les pone contra las cuerdas. 

El Ejecutivo defiende que la proposición de los grupos de PSOE y Unidas Podemos, registrada este martes, está presentada "en tiempo y forma" y no cuenta con problemas, y además la Comisión Europea puso buena nota al funcionamiento del Estado de derecho en España en su informe conocido hace dos semanas. En él, recuerdan, se instaba a la renovación del CGPJ. Pero el dictamen también expresaba las dudas respecto a la independencia de la Fiscalía General del Estado, porque su actual titular, Dolores Delgado, fue ministra de Justicia con Sánchez y diputada socialista.