PRESUNTA MALVERSACIÓN
El fiscal pide centrar la investigación a Podemos en su contrato con Neurona
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
Ángeles Vázquez
La Fiscalía ha pedido al Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que centre en Neurona la investigación abierta sobre presunta financiación irregular de Podemos a raíz de los hechos denunciados por el exabogado de esta formación José Manuel Calvente. En opinión del ministerio público, solo debe seguir adelante con la parte de la investigación relativa al contrato suscrito ente el partido y la sociedad mercantil Neurona Consulting para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, al que aludía el Tribunal de Cuentas en uno de sus informes, porque el resto de asuntos incluidos en las actuaciones son "rumores, sospechas o suspicacias" sin datos que los corroboren y acordar una batería de diligencias a partir de ellos resultaría "completamente contrario a lo que se pretende en una instrucción judicial en una sociedad democrática".
Calvente, que trabajó como abogado en la formación política entre agosto de 2014 al pasado mes de diciembre, denunció varios asuntos: el destino de 50.000 euros de la caja de solidaridad del partido a la asociación #404 comunicación popular; el acceso "inconsentido" al contenido del disco duro de una de la también abogada Marta Flor Núñez; la licitación irregular de obras, sobre todo la adjudicación "a dedo" de las de acondicionamiento de un inmueble en la calle Francisco Villaespesa de Madrid, y la contratación fraudulenta de gastos de campaña y cobro de comisiones a través de contratos con Neurona Consulting y ABD Europa.
La Fiscalía solo aprecia la existencia de "indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo" para abrir una investigación judicial en el contrato firmado con Neurona, porque los demás extremos de la denuncia del letrado de ser ciertos, en todo caso solo merecerían reproche ético, no penal. Afirma que de la información bancaria remitida resulta que Neurona efectuó abonos en fechas próximas a las elecciones de 2019 a una mercantil de tecnología digital con sede en Dallas (Creative Advice Interactive) por un importe total de 308.257,20 euros y "las transferencias de la coalición son manifiestamente superiores".
Añade que los gastos que figuran en sus cuentas corrientes son los normales de prestación de servicios (Burger King, Uber, Museo del Jamón...), así como comisiones al letrado que figura como administrador de la entidad, pero no constan "gastos de personal, medios materiales o locales" propios de una actividad empresarial.
No a anular la causa
La Fiscalía rechaza anular las actuaciones, como plantea Podemos alegando que no consta en la causa la grabación completa de la declaración de Calvente, porque "si lo desea, no tiene más que solicitar una copia". Tampoco considera ilícita la documentación sobre cuestiones internas que aportó a la causa, porque su relación laboral con Podemos "no ampara el secreto profesional".
Calvente también se refería a una serie de actos, como el cierre del portal de transparencia incumpliendo los Estatutos, que para el fiscal pueden ser "discutibles" desde el punto de vista ético, pero "es claro que no revisten caracteres de delito", lo que también entiende que sucede con los complementos salariales y la suficiencia de la justificación de los gastos realizada por los miembros del partido, alegados por el exabogado de Podemos.
El fiscal recuerda que fue la propia formación política quien impuso un límite salarial para todos sus miembros que no excediera tres salarios mínimos interprofesionales, por lo que incumplirlo no sería delito. Pero además, ninguna de las nóminas aportadas por el denunciante para acreditarlo sobrepasa esa frontera, salvo la de una persona que tenía a su cargo un bebé de 20 meses.
Otras denuncias
La Fiscalía destaca que Calvente denunció la adjudicación de fondos a #404, porque carecía de avisos legales o de información sobre su titular, que entendía podía ser el diputado Rafael Mayoral, pero no hay "ningún indicio de que se haya apropiado de los 50.000 euros a través de personas interpuestas", aunque haya "rumores" en Internet. Tampoco se puede investigar el supuesto acceso al ordenador de Marta Flor, si ella misma no lo ha denunciado. Y considera que Podemos utilizó el procedimiento de "urgencia" para la adjudicación del inmueble de su propiedad, porque le vencía su arrendamiento de la calle Princesa, lo que incumple lo que marca su propia normativa de contratación, pero no es delictivo.
Otra cuestión, señala el fiscal, es la diferencia entre el precio de adjudicación de 1.361.055 euros y el de licitación era de 649.936,68 euros, pero considera que "ni siquiera el denunciante considera que el valor real de la obra no fuera" tal, "sino que lo único que refiere es que la adjudicación fue a dedo".
Tampoco ve indicios el fiscal en los supuestos contratos "fraudulentos" firmados con ABD y en los que, según Calvente, Juan Manuel del Olmo y Rafael Mayoral habrían intervenido como comisionistas, por lo que rechaza incidir en el caso en esa línea.
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