Sánchez quiere cambiar la ley para reformar el CGPJ sin el PP

Tras muchas dudas en el Gobierno, ya hay una decisión firme. El Ejecutivo impulsará una reforma de la ley para intentar forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esa bala estaba desde hace tiempo en la recámara, y por ella apostaba sobre todo Unidas Podemos, pero la actitud inmovilista del PP, que hizo estallar la última negociación en agosto, cuando estaba cerca de cerrarse, ha acabado convenciendo también al PSOE. 

Las opciones ya estaban sobre la mesa, pero quedaba la decisión del presidente. Pedro Sánchez la verbalizó con rotundidad este viernes desde Bruselas, al término del Consejo Europeo. Habrá una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ): "Es mi intención y mi voluntad". Pero no puso plazos. La percha de la que se valió es el informe de la Comisión Europea [aquí en PDF] conocido esta semana. Texto que reprocha a España el retraso en el relevo del órgano de gobierno de los jueces —que preside desde 2013 Carlos Lesmes—, cuyo mandato, de cinco años, caducó en diciembre de 2018. Ese es uno de los elementos "a mejorar", que señala el Ejecutivo comunitario y que enmendará la coalición de socialistas y morados, avanzó. Pero ese informe también expresaba sus dudas sobre la independencia de la Fiscalía General del Estado, porque su actual titular, Dolores Delgado, fue ministra de Justicia de Sánchez y diputada socialista. 

Sánchez indicó un camino que miembros de su equipo ven más sencillo: emular lo que ocurre con el Gobierno (y así está recogido en la ley que regula su funcionamiento, de 1997). Cuando pasan unas elecciones, el Ejecutivo cesa y queda en funciones, con poderes muy limitados, hasta que el Congreso inviste a un nuevo presidente. Se trataría de trasladar eso mismo a la LOPJ, que el Consejo, vencido su mandato, "pueda hacer unas cosas y otras no". Fuentes del Gabinete indicaron que una opción es que al CGPJ en funciones se le arrebate el poder más 'político', el de ascender y nombrar a jueces y el de emitir los informes que le pide el Gobierno, pero podría retener su labor disciplinaria y de inspección. 

"La Cámara y el Ejecutivo debemos dar una salida para renovar el Consejo. Y mi intención y voluntad es hacerlo"

Pedro Sánchez

— Presidente del Gobierno

Y es que al Ejecutivo le ha irritado sobremanera que Lesmes reactivara este pasado miércoles los nombramientos, pese a que el ministro de Justicia, además de la Moncloa, había manifestado su desacuerdo —el CGPJ está "en descomposición", observó Juan Carlos Campo en RNE— y su voluntad de que siguieran paralizados. Sin embargo, vocales conservadores y progresistas unieron fuerzas y, casi por unanimidad, acordaron seis designaciones para el Supremo (tres presidentes de Sala y la cobertura de tres vacantes para la Sala de lo Penal). 

Reforma unilateral también del PP

La Moncloa, como ya deslizaba Campo el pasado lunes en RNE y como adelantó 'El País', ha llegado a la conclusión de que no queda otra salida que tocar la ley, por mucho que sea una operación arriesgada y seguramente contestada por el PP, aunque Mariano Rajoy también reformó la LOPJ en 2013 gracias a su mayoría absoluta y sin el PSOE. Sánchez argumentó que si el PP, "cada vez que está en la oposición, bloquea la renovación del CGPJ" hasta que gane las siguientes elecciones, entonces "el legislador y el Ejecutivo tendrán que tomar una decisión". Más si cabe, agregó, cuando una pandemia exige "reforzar las instituciones". Porque ya en 2006, con Rajoy en la oposición, se negó al recambio en el órgano y esperó hasta las generales de 2008. Aquel Consejo, el que presidió el ya fallecido Francisco José Hernando, y en el que se sentaban el hoy ministro Campo y el consejero madrileño Enrique López, se mantuvo 23 meses en funciones. 

Sánchez indicó que se suma el llamamiento reiterado de Lesmes a las Cortes para que procedan a la renovación, y el manifiesto que firmaron grupos que suman 187 diputados en el Congreso obligan a actuar. "La mayoría absoluta de la Cámara y el Ejecutivo debemos dar una solución, una salida para desbloquear esta situación y renovar el Consejo. Y, desde luego, mi intención y voluntad es hacerlo", remachó. 

El Ejecutivo ha estudiado distintas vías, incluso la renovación parcial, y la fórmula final está "abierta"

El Gobierno ha estudiado durante semanas cómo salir del atasco. La reforma de la LOPJ que impulsó en solitario Alberto Ruiz-Gallardón en 2013 permite que cada Cámara renueve por su cuenta a 10 de los 20 vocales del CGPJ. Es decir, autoriza a relevos parciales. Pero esa vía, recordaba un ministro a este diario, no servía a PSOE y Unidas Podemos, ya que con sus socios no llegan a los tres quintos exigidos ni en el Senado ni mucho menos en el Congreso. Ese punto introducido en la ley en 2013 no fue modificado en una revisión posterior de 2018, ya con Sánchez en la Moncloa (y en este caso, sí por consenso de PSOE, PP y Unidas Podemos).

Otro camino que se ha barajado, y que aún no se ha descartado del todo, es que los 12 vocales jueces sean elegidos por mayoría absoluta de cada Cámara, y no por tres quintos, porque para hacerlo bastaría con reformar la ley orgánica, ya que los ocho vocales restantes, juristas de reconocido prestigio, han de ser nombrados por tres quintos porque lo exige el artículo 122.3 de la Constitución. Pero esa vía convence menos y miembros del Gobierno la ven "menos limpia" y más discutible que la de recortar los poderes de un Consejo en funciones. 

En concreto, lo que dice el artículo 122.3 es esto: "El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio en su profesión".

¿Amago o bien órdago?

Cambiar las mayorías, según indican algunas fuentes del Ejecutivo, tropezaría con algunas pegas, porque solo se podría renovar a una parte del CGPJ (12 de un total de 20 vocales, solo los del turno judicial), creándose una situación anómala —una docena de miembros nuevos y ocho en funciones)—, y quizá de más complicado encaje constitucional. Además, rebajar las mayorías podría volverse en contra del PSOE cuando el PP recuperara la Moncloa. La solución que apuntó Sánchez desde Bruselas es más sencilla: bastaría con indicar que, a partir de la aprobación de la reforma, el CGPJ en funciones ve recortadas sus funciones. Ahora bien, esa medida, por sí misma, no fuerza la renovación. Se vacía de competencias al órgano, pero no se le remueve de sus cargos. 

En el Gabinete hay quienes creen que será posible tras la moción de Vox, y Casado critica el anuncio de Sánchez

En todo caso, indican en la Moncloa, "todo está abierto". La clave es que el propio presidente ha lanzado la señal: está dispuesto a cambiar la ley para provocar la renovación. Incluso sin el PP. Un apremio para que Pablo Casado mueva ficha. El líder de los conservadores, sin embargo, clamó enseguida contra esta futura modificación legal: la reforma amenaza, como ocurrió en Venezuela, "con despojar del marco constitucional a la hora de nombrar el órgano que gobierna a los jueces". 

Fuentes del Ejecutivo no descartan que Casado acceda a negociar pasado el debate de la moción de censura de Vox, previsto para mediados de octubre. Para entonces, calculan, quizá el jefe de los conservadores se avenga a desbloquear el Tribunal Constitucional —hay cuatro magistrados con mandato caducado desde hace casi un año y uno de ellos, Fernando Valdés Dal-Ré, está siendo investigado por el Supremo por presunta agresión a su esposa— para luego renovar el CGPJ. Otras fuentes de la Moncloa señalan, sin embargo, que la señal lanzada por el presidente este viernes puede ser más un "amago", una amenaza, que otra cosa, con el objetivo de que el líder del PP dé marcha atrás y acceda al desbloqueo.