ENTREVISTA EN RNE

Campo culpa a Lesmes y admite que se vetó al Rey por Torra y el 1-O

El presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, junto al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el pasado 25 de septiembre en Barcelona, en la entrega de nuevos despachos judiciales.

El presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, junto al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el pasado 25 de septiembre en Barcelona, en la entrega de nuevos despachos judiciales. / periodico

Juanma Romero

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El Gobierno explica por fin las razones por las que vetó la presencia del Rey el pasado viernes en la entrega de despachos judiciales en Barcelona. Este lunes lo hizo, tras una semana dejando botar la pelota y cuando el choque con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un hecho. Porque el Ejecutivo culpa a su presidente, Carlos Lesmes, de haberse empecinado en poner una fecha del actoel 25 de septiembre, que a su juicio era inconveniente por la inminencia de la sentencia de inhabilitación de Quim Torra y la cercanía del tercer aniversario del referéndum ilegal del 1-O. Para "velar por la convivencia". Porque no era razonable generar "tensión" añadida. 

Fue el propio ministro de Justicia el que aclaró los motivos que llevaron al Gobierno a tomar la decisión, después de que él mismo el pasado jueves hablara simplemente de un "paquete de razones", sin desgranar cuáles. Lo expuso en 'Las mañanas de RNE'. Durante la entrevista con el periodista Íñigo Alfonso, Juan Carlos Campo insistió en que no hay choque con la Casa del Rey —"no hay ningún frentismo en absoluto"—, sino con el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo. 

"Si el acto se podía hacer unos días después, ¿por qué vamos a generar una tensión?"

Lo que sucedió, es que hubo una "decisión" del Gobierno de vetar la presencia del Monarca en la capital catalana el pasado viernes porque había "razones" que "desaconsejaban" su presencia en la ceremonia de entrega de despachos a la promoción de nuevos jueces. Por parte del Gobierno, como ya contaba EL PERIÓDICO, "hubo un intento" de que se aplazara la fecha del acto, y Lesmes, "que es quien tenía la competencia [de hacerlo] entendió que no". 

"Es verdad que el Rey este año no ha ido [Juan Carlos I se ausentó en 2006 y 2013, aunque en ambas ocasiones mandó a su hijo, el entonces Príncipe], y creo que había razones que cualquier ciudadano puede entener. No solo ya por la idea de la seguridad del Monarca. No está ahí el acento, sino en elementos de la convivencia", relató. ¿Cuáles, en concreto? "La inminencia de la sentencia [de inhabilitación contra Torra], la cercanía del 1 de octubre... El Gobierno tiene una obligación no solo ya de velar por la seguridad, que por supuesto la tiene, sino sobre todo por la convivencia. Si el acto se podía hacer unos días después, que no hubiera esta tensión, ¿por qué vamos a generar una tensión? Y no hay más", remachó Campo.

   <strong>Ministro Campos: "No hay ningún frentismo con la Casa Real"</strong> 

La "descomposición" del Consejo

El ministro también recordó que España vive un momento de fuertes "restricciones" sanitarias por la segunda oleada del covid-19, y de hecho al evento no acudieron más que ocho vocales del CGPJ (no los 20), no había miembros de la sala de gobierno, faltaron alumnos, solo había un presidente de un Tribunal Superior de Justicia (se había invitado únicamente a cuatro)... "Hay que salirse de una tensión porque bastantes problemas reales tenemos como para encima incrementarlo con esto, pero a veces interesa poner estos problemas para disipar otros", deslizó. 

El titular de Justicia admitió que "seguramente sí" el Gobierno lo podía "haber hecho mejor". "Pero en ocasiones da igual lo que expliques. Muchas veces el esfuerzo infatigable de explicar no es atendido", insistió, recalcando que el Ejecutivo instó a Lesmes a aplazar el acto a una fecha posterior. "Pero él lo había decidido, es el que tiene la competencia y lo ha hecho".

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Consumo, Alberto Garzóncargaron muy duramente contra Felipe VI por "maniobrar" contra el Ejecutivo y por romper la "neutralidad" política debida. El responsable de Justicia, como hiciera en otras ocasiones, recalcó que esas palabras son "fruto de la libertad de expresión", aunque a él no le gusta expresarse jamás así ("mis manifestaciones son otras"). Campo intentó en todo momento evitar la colisión con la Zarzuela. El viernes, tras el acto, se supo que el Rey había trasladado al presidente del CGPJ que le habría gustado estar en Barcelona, una filtración que el Gobierno atribuye a Lesmes y que le ha irritado sobremanera. Pero el Gabinete de Pedro Sánchez se queda, dijo este lunes el ministro, con la aclaración posterior de la Corona: fue una llamada de "cortesía" en la que no hubo "consideraciones instituciones" sobre el acto que se había celebrado en la Escuela Judicial. Otro ministro morado, Manuel Castells (Universidades), siguió la línea de Garzón e Iglesias este lunes y, en 'La hora de La 1' (TVE), tachó de "improcedente" la conversación del Monarca con el jefe del TS y apuntó que su presencia en Catalunya debe ser "prudente" según las circunstancias. El titular de la Corona, defendió, ha de ser "siempre sometido a las decisiones políticas" del Parlamento y del Gobierno. "El soberano es el pueblo, no el Rey", subrayó.

Campo pide a Lesmes paralizar los nombramientos: sería una "medida de apoyo" a la renovación

No es "imputable" a Lesmes, entiende Campo, la "extralimitación" de funciones, sino a un Consejo cuyo mandato caducó hace casi dos años, que arrastra una "descomposición" precisamente por no haber sido renovado. El ministro aprovechó de nuevo para instar al PP a que dé "cumplimiento" a la Constitución y facilite el recambio en las instituciones, varias de ellas —y no solo el CGPJ— colgadas desde hace mucho tiempo. 

Pero, como ya había informado este diario, el Gobierno no oculta su malestar con Lesmes por otra razón: el pleno del CGPJ del próximo miércoles está llamado a reactivar algunos nombramientos de la carrera judicial pendientes, después de meses de suspensión. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces indicaban a este rotativo que la ley obliga a ello, aunque esté en funciones, y de hecho así se ha procedido en anteriores ocasiones. Ya se paralizaron las designaciones en enero y en julio, por la expectativa de acuerdo. El Ejecutivo quiere que esa congelación persista. Paralizar los nombramientos, dijo Campo, sería una "medida de apoyo a la obligada renovación de los órganos constitucionales". "Lesmes sabrá qué tiene que hacer", añadió. La Moncloa respeta la decisión que adopte el CGPJ, pero le lanza un aviso claro y le manifiesta su disconformidad. "El Consejo es fruto de esa descomposición de dos años. ¿Que no es culpa suya? No lo es, pero evidentemente [Lesmes] tiene que medir sus actos, porque tienen incidencia, y es bueno que entre todos apoyemos la regeneración democrática, que es lo que supone la renovación institucional". 

¿Reforma de la LOPJ?

Campo dejó la puerta abierta a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para rebajar las mayorías para la elección de los vocales del CPGJ jueces (12 de los 20), que ahora mismo es de tres quintos (los otros ocho, que son juristas, han de tener ese apoyo porque lo exige la Constitución), aunque agregó que todo cambio legislativo ha de hacerse "con serenidad", y no fruto de un "brote de calor", de modo que si se da un paso en ese sentido habrá de contarse con los "informes pertinentes", abrir un "debate parlamentario" amplio y con todos los actores implicados. Esa reforma permitiría al Gobierno renovar parte del CGPJ sin el concurso del PP, que se niega a proceder al relevo en un órgano básico del Estado. También se abre a que la nómina de candidatos que lleguen a las Cortes sea más reducida (hoy son en torno a 40-50), de tal manera que los grupos tengan menos opciones y se ajuste más la elección a la voluntad de los magistrados. 

El miércoles pasado, el ministro anunció en el Congreso que arrancaría esta semana la tramitación de los indultos a los condenados del 'procés', algo por lo que la oposición le ha fustigado en los últimos días, dando por hecho que finalmente se conmutará la pena. "Decir eso es no creerse el Estado de derecho", sostuvo Campo. "Hay que ser arrogante para decir que le importa un pepino lo que diga el tribunal sentenciador, la fiscalía y los actores perjudicados. Me parece un ejercicio muy censurable. Eso es devaluar el Estado de derecho", reprochó a la oposición. 

Anticipar, como hace la derecha, que los indultos están dados es "no creerse el Estado de derecho"

La resolución de los expedientes, insistió, "no está ni atisbada", porque "lo ocurrido [en Catalunya, en el otoño de 2017] fue muy grave", y de ahí la condena del Tribunal Supremo. De modo que el único paso dado es el primero, el de iniciar la tramitación, y "lo absolutamente aberrante" sería no hacerlo. Porque hay 2.000 peticiones anuales de indulto y se resuelven en torno a 4.000, lo que indica que hay un "gran volumen de atrasos" porque las tramitaciones, además, "no son cortas". 

Respecto al choque con la Comunidad de Madrid por la pandemia, Campo fue prudente. Reiteró que aún hay una "oportunidad" de acuerdo, de una "acción conjunta" entre las dos administraciones, por lo que prefirió no avanzar qué ocurrirá si el Gobierno regional sigue desoyendo las recomendaciones de Sanidad. "Hoy es un día muy importante y esperemos ver la luz", apuntó, indicando tentativamente que el Ejecutivo no esperará mucho más. Si el acuerdo no es posible, el Gabinete de Sánchez "está preparado para lo que haga falta", añadió, sin precisar si se echará mano del estado de alarma o del decreto de nueva normalidad o incluso de la ley general de salud pública, los instrumentos que ha estado estudiando Sanidad en estas últimas horas para el caso en que le toque tomar el control sanitario de Madrid.