La Generalitat reclamará al menos 1 millón de euros a la empresa del fiasco de las oposiciones

La Generalitat de Catalunya demandará a la empresa Cegos, encargada de gestionar el fiasco de las oposiciones del pasado 29 de abril, y le reclamará al menos un millón de euros en concepto de indemnización por el daño reputacional causado y los perjuicios operativos que le supondrá a la administración catalana repetir los procesos. Más de 13.500 personas deberá repetir las pruebas convocadas para estabilizar personal interino. Así lo ha anunciado la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, este viernes durante su comparecencia en el Parlament de Catalunya.

"No rehuimos la responsabilidad, es por eso que cesamos esta semana a la directora general de Funció Pública. Lo podríamos haber gestionado mejor, pero la empresa ha incumplido gravemente el contrato", ha declarado Vilagrà. La Generalitat comunicó este pasado jueves a los sindicatos más representativos que todos los exámenes del pasado 29 abril deberán ser repetidos. Las fechas de las repeticiones serán los sábados 1 y 8 de julio.

El pliego del contrato adjudicado a Cegos incluía una penalización automática de 75.000 euros, equivalente al 5% del importe del total del contrato de 1,5 millones de euros. No obstante, la Generalitat ya avanzó que iría más allá y que recurriría a la vía judicial para obligar a la compañía a resarcir los daños ocasionados. Finalmente le reclamará un millón de euros y deberá ser un juez quien decida si la empresa incumplió o no con sus obligaciones y si la reclamación está ajustada o no.

"No entraremos a valorar especulaciones hechas en una comisión, porque entendemos que este titular no tiene ninguna base jurídica. Seguiremos trabajando, con profesionalidad y rigor. Mantenemos la cadena de custodia y continuamos con el proceso", replican desde Cegos.

Es la primera vez que la Generalitat externaliza la organización de un proceso de selección y este acabará en los tribunales, entre duras críticas de la oposición y el enojo sindical. La IAC, el sindicato con mayor representación entre los funcionarios de los departamentos de la Generalitat, volvió a pedir este pasado jueves la dimisión de la 'consellera' Vilagrà y la secretaria general de la 'conselleria', Núria Cuenca.

Cegos replica que la culpa es de la Generalitat

Cegos ya ha replicado que la responsabilidad del fiasco no es suya, sino de la propia Generalitat y que ya alertó previamente de que lo que sucedió el sábado 29 de abril podía pasar. "Desde Cegos se avisó a la Generalitat de los riesgos para el correcto desarrollo del proceso en reiteradas ocasiones, sin obtener ninguna respuesta", sostiene la adjudicataria en su comunicado.

Una de las principales causas del caos de los exámenes fue la mala distribución de los opositores por aulas. En parte de ellas había más examinantes que sillas disponibles y la mayoría carecía de espacio disponible para colocar a los candidatos con distancia suficiente entre ellos para evitar riesgo de copia. Y dicha distribución, según sostiene la empresa, era competencia exclusiva de la Generalitat. Un total de 2.475 opositores denunciaron, vía buzón de reclamaciones, dicha problemática. "Las aulas estaban bien dimensionadas", ha considerado Vilagrà, en contra del testimonio de varios trabajadores de la organización presentes aquel día.

La corporación también denuncia que una semana antes del examen la Generalitat todavía no le había enviado el 17% del total de ejemplares a imprimir, un lapso temporal explícitamente contemplado en el contrato de servicio. También afirma en su comunicado que hasta dos días antes de los exámenes no había recibido el listado definitivo de las personas convocadas con su asignación por aulas. Vilagrà ha defendido que todo el material se repartió con "tiempo suficiente", sin matizar el lapso temporal que ello significa.

Otra de las irregularidades ocurridas durante las pruebas era la falta de personal para la vigilancia de los opositores, algo que explícitamente se contempla como una responsabilidad de Cegos. Y es que todo opositor que quisiera ir al lavabo debía ir acompañado de personal organizador para evitar filtraciones del contenido de los exámenes.

En muchos casos, según han explicado diversos testimonios, no había trabajadores suficientes por aula para ello. Un total de 1.060 opositores ha denunciado que hubo gente que salió del aula sin supervisión, lo que representa motivo suficiente para invalidar toda la prueba. "La empresa no siguió los protocolos, [...] los fallos se produjeron en la vigilancia y la organización, no en el proceso previo", ha declarado Vilagrà.

Parte de la oposición pide más dimisiones

La oposición ha criticado duramente la gestión de la 'conselleria' y varios de sus partidos han pedido más dimisiones en el departamento de Presidència, empezando por la propia Vilagrà. PSC, 'comuns' y C's se han abstenido de pedir la cabeza de la 'consellera', si bien han criticado que optara por externalizar la organización de las pruebas. Sí han reclamado su cese el resto de partidos -Junts, Cup y Vox-.

"Como quieren gestionar Rodalies si no saben organizar una oposición", le han espetado desde el PSC. Junts les ha tildado de "incompetentes"; la CUP les ha acusado de "desmantelar los servicios públicos"; los 'comuns' se han manifestado indignados por el "descredito" provocado a la institución, pero han reconocido la "celeridad" en la respuesta; Vox les ha calificado de "banda de delincuentes" y C's ha declarado que "es evidente que no han hecho su trabajo para asegurar que el proceso era todo lo riguroso que debiera".