Función pública

La Generalitat asumirá directamente la repetición de las oposiciones tras el fiasco

La empresa del fiasco de las oposiciones se expone a una multa de al menos 75.000 euros

La Síndica de Greuges abre investigación sobre el fiasco de las oposiciones de la Generalitat

La 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, en su comparecencia en el Parlament para explicar los presupuestos de 2023

La 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, en su comparecencia en el Parlament para explicar los presupuestos de 2023 / Sílvia Jardí / ACN

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

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La Generalitat de Catalunya asumirá directamente y con personal propio la repetición de aquellas oposiciones que no cumplan las garantías suficientes y con el fin de evitar posibles futuras impugnaciones. El Departament de Funció Pública ha convocado este miércoles por la tarde a los sindicatos más representativos de la función pública para darles un primer balance de daños tras el fiasco del pasado sábado. Un total de 2.619 incidencias han recabado ya en poco más de 24 horas, a través del buzón de quejas. Desde la IAC, CCOO y UGT, y a falta de los datos definitivos que les compartan desde Govern en la próxima reunión fijada el jueves, dan por hecho que gran parte de los 72 procesos deberán repetirse.

Móviles en el aula, opositores yendo al baño sin supervisión o gente apiñada y con todas las facilidades para copiar del compañero son las deficiencias más reiteradas que de momento ha podido recopilar la Generalitat. Todas ellas graves, que comprometen la seguridad jurídica del proceso y que pueden ser argumento para que alguien que no ha conseguido esa plaza presente a futuro un recurso y obligue a repetir todo el proceso.

Ese es el escenario que a toda costa quieren evitar tanto Funció Pública como las centrales. Más de 13.500 personas estaban inscritas y tan solo una de estas incidencias por proceso puede ser peligro suficiente como para obligar a repetir la prueba. "Esperamos salvar el máximo posible de procesos", ha afirmado el portavoz de CCOO, Manel Pulido. "Nuestro objetivo es blindar la seguridad jurídica", ha declarado la portavoz de la IAC, Assumpta Barbens. "Debemos dar soluciones [a los opositores] cuanto antes mejor", ha reclamado la portavoz de UGT, Iolanda Adroher.

No obstante, desde las centrales reconocen que un escenario probable sería tener que repetir más de la mitad de las pruebas. Este próximo jueves, a las cuatro de la tarde, vuelven estar citados a Palau de la Generalitat para conocer el total de incidencias detectadas y cuántos procesos finalmente deberán volver a realizarse.

Aquí el compromiso de la administración catalana es internalizar totalmente la gestión de las pruebas. "La Generalitat asumirá el proceso, hemos perdido totalmente la confianza en la empresa [Cegos] y lo haremos con la movilización de nuestro personal", ha declarado la secretaria de Función Pública, Alícia Corral.

Queda pendiente definir, a parte del número de pruebas a repetir y cuánta gente se verá afectada, el cuándo se repetirán los exámenes. Las centrales abogan por repartir en diferentes fechas los ejercicios, para así facilitar la gestión de los mismos. Uno de los argumentos que desde el Govern han dado para justificar la externalización del proceso -y su posterior fiasco- es el gran número de candidatos -más de 13.500 personas- y el diverso número de pruebas -72 exámenes diferentes- de manera simultánea.

Pendientes de acciones legales contra la empresa

La Generalitat acelera para reparar -en la medida de lo posible- el fiasco del pasado sábado. Lo primero que pretenden acabar de atar esta semana es cuántas pruebas se repiten y cuándo. El calendario esperan tenerlo, si bien no cerrado del todo, si delimitado con las centrales este jueves. Llega el verano y las vacaciones se mezclan con los procesos de selectividad en institutos, lo que complica las agendas. "Cuanto antes mejor", es el mensaje compartido.

Aunque más allá de lo urgente, la 'conselleria' de Presidència todavía debe dirimir qué hará con el resto de oposiciones previstas para los próximos meses y el contrato que le ata todavía con Cegos, encargado aún sobre el papel de organizarlas. La "pérdida de confianza", según reiteran desde Presidència, es total y los servicios jurídicos están estudiando cómo rescindir el contrato y si, además de la penalización de 75.000 euros contemplada en el mismo, puede demandar a la compañía y exigirle compensaciones adicionales.

¿Quién organizará las 14.000 oposiciones ordinarias que aprobó el Consell Executiu este 2023? ¿Las asumirá directamente la Generalitat como venía haciendo hasta ahora o buscará a otra empresa para externalizarlo? Son cuestiones que todavía deben definir desde Govern y por las que, probablemente, le exigirán explicaciones a la 'consellera' Laura Vilagrà en su comparecencia del Parlament prevista para el viernes.